Mortadelo y Filemón han empezado a seguirte en Twitter
El escándalo de Cesicat, bautizado como “La TÍA catalana”, revela el interés de la
Generalitat por crear listas negras y su ineficiencia para obtener datos de la red
Un activista graba vídeo para emitir en directo a través de internet en una manifestación en Madrid /ÁLVARO MINGUITO
“Para dotarse de estructuras de Estado, lo primero siempre son las cloacas”. La frase es de Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en internet, y se refiere a los 38 informes del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) que Anonymous filtró el pasado 27 de octubre bajo el nombre “La TÍA catalana”, en alusión a la agencia de espionaje del tebeo de Ibáñez. En ellos se muestra el seguimiento realizado a través de redes sociales a activistas, organizaciones, medios de comunicación y periodistas, principalmente vinculados a la izquierda y al 15M. El perfil de Twitter de Sánchez Almeida, como el de otros muchos, aparece en el listado.
Cesicat es un organismo público, dependiente de la Conselleria d’Ocupació i Turisme –dirigida por Felip Puig– de la Generalitat de Catalunya, que ha invertido fondos públicos para realizar unos informes sobre ciudadanos de un determinado perfil ideológico que no han cometido ningún delito. “Este seguimiento no tiene otro nombre que ‘cutre’”, explica el hacktivista Txarlie Axebra, que también figura en los informes. Para realizarlo, no se han aplicado las técnicas que sirven para extraer información relevante de grandes cantidades de datos como las que circulan por las redes sociales, conocidas como Big data. “Cuando quieres relacionar tuits con comentarios de Facebook, con webs, con posts en blogs, con vídeos en Youtube... usas Big data, un compendio de herramientas que permiten analizar muchos datos de gran variedad de formas que se generan muy rápido”, dice Axebra. Lo que ha hecho Cesicat ha sido crear informes con datos que no se relacionan entre sí: “Han buscado quién fue la primera persona que usó un hashtag o palabras clave como ‘ataque’, etcétera”, sin valorar el uso que se hace de ellas.
“Este seguimiento no tiene otro nombre que ‘cutre’“, opina un activista fichado por la entidad público-privada
Entenderemos mejor qué es Cesicat si lo comparamos con el Prism, nombre que recibe el programa de vigilancia electrónica estadou-nidense. El Prism es global porque recoge datos de diversa procedencia que pasan por servidores localizados en EE UU. Este programa “ha abusado de los poderes que la Patriot Act otorga al Gobierno para conseguir la cooperación de las empresas que tie- nen los datos”, explica Simone Santini, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid . “Este tipo de espionaje nace en el mismo ambiente neoliberal que favorece las grandes empresas”, añade. La crítica la comparte el conservador Jim Sensenbrenner, uno de los congresistas que elaboró la Patriot Act, quien aseguró en una entrevista, también en relación al escándalo por las escuchas telefónicas masivas, que la Agencia de Seguridad Norteamericana “ha ocultado sus operaciones bajo un manto de secreto tan grueso que ni el Congreso ni el pueblo norteamericano podrán verificar sus actos”. A pesar de las diferencias con el caso catalán, Santini considera que no hay que tomárselo a broma: Cesicat maneja principalmente datos publicados por los propios usuarios en internet, pero son “datos que no sabíamos que se estaban recogiendo. Nada de lo que reírse.”
Listas negras electrónicas
El abogado Hibai Arbide, cuyo perfil tuitero también fue seguido por Cesicat, recuerda que “aunque no sea espionaje, la recopilación de datos con criterios ideológicos está prohibida”. ¿Se podrían considerar listas negras? “Sí”, dice Arbide, quien va más allá: “Una de las hipótesis con las que trabaja CiU es que, una vez Catalunya se declare independiente, haya servicios secretos y cloacas del Estado, como dice Sánchez Almeida, pero mucho más sofisticados. Las redes sociales nunca habían sido objeto de investigación por parte de la Policía, pero los Mossos van un poco más allá”. Ni Arbide ni Axebra pueden explicar exactamente por qué se han hecho estas investigaciones, pero ambos coinciden en sospechar que alguien de Cesicat las ha ofrecido a los Mossos, cobrándolas, eso sí, por un precio elevado (a pesar de que los informes contienen estadísticas y visualizaciones similares a las que se pueden obtener a través de buscadores y servicios web gratuitos). Arbide recuerda, además, que en noviembre de 2011 Felip Puig dijo que los Mossos irían “más allá de la ley” en el combate a la disidencia.
El miedo al ciudadano
“Es más fácil controlar un millón de emails que un millón de llamadas telefónicas analógicas o un millón de cartas"
El escándalo del Cesicat representa la subida de un peldaño más en el control ciudadano por parte del poder. “El problema es que las leyes que nos protegen derivan de una época muy lejana, y no son suficientes para la realidad de hoy”, explica Santini. “Los nuevos medios de comunicación son al mismo tiempo más abiertos y más vulnerables a métodos de procesamiento automáticos: es más fácil controlar un millón de emails que un millón de llamadas telefónicas analógicas o un millón de cartas”, continúa.
La paradoja radica en que el poder, si bien de entrada minimiza y ningunea a los movimientos sociales, después parece mostrar preocupación sobre qué hacen. Para Txarlie Axebra, “es indudable que hay una voluntad de saber de dónde provienen esos movimientos y cuánta gente los compone”. Axebra insiste en denunciar que esos informes han sido pagados con dinero público. Destaca, además, que “hay un informe de la monitorización de las redes sociales ante el encuentro de Convergència. Es decir, estamos hablando de uso de dinero público para información de un partido, un partido que usa dinero público para sí mismo”. Paralelamente, Hibai Arbide explica cómo, a la vista de los informes, es evidente que hay interés por defender a La Caixa: “Hay notas que hacen alusión a cosas del tipo ‘a este usuario se le podría imputar un delito de injurias contra La Caixa’. También hacen seguimientos del hashtag #OcuppyMordor y de las movilizaciones que hubo en la sede de esta entidad”. La Caixa es uno de los accionistas de Cesicat, fundación que, creada en 2009 por el Govern del tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA), se financia con capital público y privado.
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