Protocolo antiterrorista para no terroristas, o cómo hacer que se calle alguien

Protocolo antiterrorista para no terroristas, o cómo hacer que se calle alguien

No conozco a fondo en qué consiste el protocolo antiterrorista que se puede aplicar en las comunicaciones penitenciarias, pero tengo claro que solo es aplicable a terroristas, o si mucho me apuran, a presuntos terroristas acusados de terrorismo. ¿Cómo llego a esa conclusión?, pues simplemente viendo el nombre: ANTITERRORISTA.

¿Se puede aplicar el protocolo antiterrorista contra alguien que no está acusado de terrorismo y mucho menos se ha demostrado que pueda ser terrorista?

La respuesta creo que es evidente y tajante: NO, no se puede aplicar un protocolo antiterrorista para fines distintos a los relacionados con el terrorismo.
#protocolo antiterrorista
Protocolo antiterrorista aplicado a un caso de corrupción
¿Puede considerarse una entrevista como terrorista?
Francisco Granados, supuesto cabecilla de la denominada «Operación Púnica» lleva ya algún tiempo en la cárcel sin haber sido juzgado (es otra de las cosas que me parecen intolerables: lo de la prisión provisional). Hasta el momento solo es sospechoso. Sé que para muchos ya está juzgado y condenado (es lo malo que tiene esta sociedad tan fácil de contaminar), pero creo que deberíamos ser respetuosos con estas cuestiones y mantener la presunción de inocencia en todos los casos. Pero con independencia de que se considere a Granados culpable o inocente, lo que está claro es que no está acusado de terrorismo; ¿por qué entonces se le ha aplicado el protocolo antiterrorista impidiendo las comunicaciones incluso con su mujer durante seis meses?
Según dicen desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por la «capacidad criminal y la peligrosidad del interno patente en los delitos presuntamente cometidos relacionados con la corrupción», y por haberse puesto en contacto con los medios de comunicación para «llevar a cabo denuncias o quejas fuera de los canales establecidos reglamentariamente, que pueden resultar infundadas y plantear supuestas amenazas».
O sea, que por contactar con un medio democrático, defender su inocencia y decir lo que piensa de otros miembros del partido lo castigan de cara a la pared y no lo dejan ni hablar con su mujer. ¿Qué quieren que les diga? El sistema jurídico-penitenciario me parece un fiasco. Y otro fiasco es la supuesta independencia jurídico-política, porque esto huele a que no quieren que siga hablando; al menos no antes de las elecciones.
Ramón Cerdá