Alba
amplia la denuncia contra Ramírez y su abogado a un compañero magistrado y a
dos peritos
El magistrado de la Audiencia
Provincial Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba,
amplió ayer la denuncia presentada contra el empresario Miguel
Ángel Ramírez y su abogado, Sergio Armario,
al magistrado Carlos
Vielba Escobar y a los dos peritos que hicieron el informe de
los dos archivos de audio por encargo de Ramírez, Roberto Encinas
y Manuel
Hernández.
Según Alba, su compañero de la
Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, fue a su
despacho el 26 de septiembre para tratar de convencerlo de que retirara la
denuncia contra Ramírez o, en su defecto, para convencerlo de mantener una
reunión “discreta”, por intermediación suya, con el empresario en la piscina
del chalet que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas C.F. tiene al sur
de Gran Canaria.
Vielba es uno de los nombres que
salen en el audio que rescató la Guardia Civil de la carpeta
“basura”, contenida en la grabadora de Ramírez, y que tiene una duración de 1
hora y 17 minutos.
Alba no concretó la tipificación de
la intermediación de Vielba en el curso de la comparecencia que
realizó ayer por la mañana ante Rafael Passaro Carrera,
titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas.
A este Juzgado le correspondió, por
reparto, la investigación de la denuncia que Alba presentó el pasado 11 de mayo
contra Ramírez y Armario por falsedad, coacciones, calumnias e injurias.
El magistrado denunciante considera
que los dos peritos de parte, contratados por Ramírez, podrían haber cometido
un delito de falso testimonio del 460 del Código Penal.
Encinas y Hernández son autores del
informe técnico sobre los dos archivos de audio que, en un principio se pensaba
que eran originales, en el que dicen que “no se observa ningún indicio de que
los archivos de audio hayan sido alterados o manipulados”.
El artículo 460 del Código Penal dice
que “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la
verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos
relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis
a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión
u oficio, de seis meses a tres años”.
El magistrado también acusa a Ramírez
de este delito.
El informe que llevó a cabo el
Servicio de Criminalística de la Guardia Civil a los dos audios citados, por
orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita
Varona, concluyó que ambos habían
sido manipulados.
La declaración de Alba comenzó con
retraso, a las 10.30, en vez de las 9, como había sido prevista, y se prolongó
durante dos horas. En la misma estuvieron presentes el Ministerio Fiscal, el
abogado del magistrado y los abogados defensores de Ramírez y de Armario.
El empresario y su abogado, por su
parte, han sido citados a declarar por Passaro Carrera el próximo 8 de
noviembre.
OTRA
VUELTA DE TUERCA
Por otra parte, ayer se produjo otra
vuelta de tuerca sobre este asunto con las declaraciones de la diputada
nacional, secretaria general de Podemos en Canarias, y funcionaria en servicios
especiales de la Administración de Justicia en Las Palmas, Meri
Pita, al reclamar públicamente al Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) que aparte de sus funciones al juez Salvador Alba.
Pita, que es amiga de Victoria
Rosell, declaró que el CGPJ “está tardando muchísimo en tomar
esa medida que se pide a gritos por miles de ciudadanos”.
“Y más cuando se sabe ahora que
parece ser que este señor puede asumir la ponencia de una causa como el ‘caso
Faycán’, un caso de corrupción en Canarias”, a pesar de que es “un juez que
está en entredicho”, añadió, según el periódico Canarias 7.
La secretaria general de Podemos hizo
esas declaraciones a los periodistas antes de la reunión que mantuvo con los
portavoces de la Plataforma contra la Ley del Suelo.
Las declaraciones de Meri Pita
podrían movilizar al CGPJ pero no en la dirección que pretende la diputada ya
que sus palabras podrían considerarse una injerencia en la independencia del
poder judicial y podrían activar el mecanismo de amparo que órgano de gobierno
de los jueces presta en situaciones como esta.
Fuente. http://confilegal.com/20161103-alba-amplia-la-denuncia-ramirez-abogado-companero-magistrado-dos-peritos/
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