Alba amplia la denuncia contra Ramírez y su abogado a un compañero magistrado y a dos peritos

Alba amplia la denuncia contra Ramírez y su abogado a un compañero magistrado y a dos peritos

El magistrado de la Audiencia Provincial Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, amplió ayer la denuncia presentada contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y su abogado, Sergio Armario, al magistrado Carlos Vielba Escobar y a los dos peritos que hicieron el informe de los dos archivos de audio por encargo de Ramírez, Roberto Encinas y Manuel Hernández.
Según Alba, su compañero de la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de Las Palmas, fue a su despacho el 26 de septiembre para tratar de convencerlo de que retirara la denuncia contra Ramírez o, en su defecto, para convencerlo de mantener una reunión “discreta”, por intermediación suya, con el empresario en la piscina del chalet que el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas C.F. tiene al sur de Gran Canaria.
Vielba es uno de los nombres que salen en el audio que rescató la Guardia Civil de la carpeta “basura”, contenida en la grabadora de Ramírez, y que tiene una duración de 1 hora y 17 minutos.
Alba no concretó la tipificación de la intermediación de Vielba en el curso de la comparecencia que realizó ayer por la mañana ante Rafael Passaro Carrera, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas.
A este Juzgado le correspondió, por reparto, la investigación de la denuncia que Alba presentó el pasado 11 de mayo contra Ramírez y Armario por falsedad, coacciones, calumnias e injurias.
El magistrado denunciante considera que los dos peritos de parte, contratados por Ramírez, podrían haber cometido un delito de falso testimonio del 460 del Código Penal.
Encinas y Hernández son autores del informe técnico sobre los dos archivos de audio que, en un principio se pensaba que eran originales, en el que dicen que “no se observa ningún indicio de que los archivos de audio hayan sido alterados o manipulados”.
El artículo 460 del Código Penal dice que “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a tres años”.
El magistrado también acusa a Ramírez de este delito.
El informe que llevó a cabo el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil a los dos audios citados, por orden de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, concluyó que ambos habían sido manipulados.
La declaración de Alba comenzó con retraso, a las 10.30, en vez de las 9, como había sido prevista, y se prolongó durante dos horas. En la misma estuvieron presentes el Ministerio Fiscal, el abogado del magistrado y los abogados defensores de Ramírez y de Armario.
El empresario y su abogado, por su parte, han sido citados a declarar por Passaro Carrera el próximo 8 de noviembre.

OTRA VUELTA DE TUERCA

Por otra parte, ayer se produjo otra vuelta de tuerca sobre este asunto con las declaraciones de la diputada nacional, secretaria general de Podemos en Canarias, y funcionaria en servicios especiales de la Administración de Justicia en Las Palmas, Meri Pita, al reclamar públicamente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aparte de sus funciones al juez Salvador Alba.
Pita, que es amiga de Victoria Rosell, declaró que el CGPJ “está tardando muchísimo en tomar esa medida que se pide a gritos por miles de ciudadanos”.
“Y más cuando se sabe ahora que parece ser que este señor puede asumir la ponencia de una causa como el ‘caso Faycán’, un caso de corrupción en Canarias”, a pesar de que es “un juez que está en entredicho”, añadió, según el periódico Canarias 7.
La secretaria general de Podemos hizo esas declaraciones a los periodistas antes de la reunión que mantuvo con los portavoces de la Plataforma contra la Ley del Suelo.
Las declaraciones de Meri Pita podrían movilizar al CGPJ pero no en la dirección que pretende la diputada ya que sus palabras podrían considerarse una injerencia en la independencia del poder judicial y podrían activar el mecanismo de amparo que órgano de gobierno de los jueces presta en situaciones como esta.



Fuente. http://confilegal.com/20161103-alba-amplia-la-denuncia-ramirez-abogado-companero-magistrado-dos-peritos/