Delitos penales para las empresas, incluida la pena de muerte.

Delitos penales para las empresas, incluida la pena de muerte.


Que existan delitos penales para las empresas parece a priori una soberana estupidez. En febrero de 2012 (aunque la norma es del 2010) ya hablé sobre este asunto en el blog, haciendo alusión a una conocida frase en latín: Societas delinquire non potest; que significa algo así como que una sociedad no puede delinquir…
#Delitos penales para las empresas
Delitos penales para las empresas... incluyendo la pena de muerte.
Pero todo avanza (aunque a veces la sensación que tenemos es de que retrocede) y por lo visto un buen día nuestros legisladores tuvieron la brillante idea de que las empresas pudieran ser condenadas penalmente, cosa que a mí, después de todo el tiempo transcurrido me sigue pareciendo una gilipollez.
Y digo yo que algo de idiota tendrá el tema cuando durante los cuatro años que han transcurrido desde el invento, ni una sola empresa ha sido condenada penalmente. Yo me pongo en el lugar de los jueces, pienso en condenar a una empresa a cinco años de cárcel por malversación... y me entra la risa, ¿qué se le va a hacer? Tal vez a ellos les ocurra algo parecido y por eso no han condenado nunca a ninguna.

¿Hasta dónde llegan las condenas por delitos penales para las empresas?

Está claro que lo de ir a la cárcel no es posible, pero los legisladores han reunido una serie de penas equivalentes a cumplir, llegando incluso a la pena de muerte:
1.    Multa por cuotas o proporcional.
2.    Disolución de la persona jurídica (equivalente a la pena de muerte).
3.    Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años (una especie de pena de cárcel).
4.    Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
5.    Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
6.    Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.
7.     Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Ramón Cerdá