RECHAZA NUEVAS PRUEBAS POR "INÚTILES" E "INNECESARIAS"
El Supremo propina un nuevo varapalo a Garzón por sus cobros en Nueva York.
El juez Baltasar Garzón (Reuters)
Baltasar Garzón está cada vez más cerca del banquillo por el caso de los cobros durante su estancia académica en Estados Unidos. El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, que instruye la causa por cohecho y prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional suspendido de funciones, ha rechazado las nuevas pruebas solicitadas por el fiscal por considerarlas "inútiles" e "innecesarias".
Marchena está a la espera del informe que pidió hace ahora un mes a la Guardia Civil sobre las cuentas bancarias, los depósitos, las declaraciones fiscales y el patrimonio de Garzón para aclarar "cuánto, cuándo, cómo y quién" financió sus actividades académicas en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, durante el permiso por estudios que le concedió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El fiscal de la causa, Fidel Cadena, solicitó a Marchena el pasado 23 de septiembre que practicase nuevas pruebas "por ser las mismas relevantes e imprescindibles para la instrucción". Entre ellas, que la Universidad de Nueva York certifique qué sueldo cobró Garzón durante su estancia como profesor en el Centro de Derecho y Seguridad de esa universidad; si ese salario se abonó exclusivamente con cargo a los presupuestos de la misma o si el juez recibió alguna cantidad, directa o indirectamente, de las empresas españolas que financiaron un curso sobre terrorismo y seguridad dirigido por Garzón.
Marchena, en un auto dado a conocer el viernes, deja traslucir su sorpresa ante las nuevas diligencias solicitadas por el fiscal -que no acusa en esta causa-, al que recuerda que "al menos en cuatro ocasiones" ha pedido a las autoridades académicas de la Universidad de Nueva York que le informen de las cantidades abonadas por ésta a Garzón, su periodicidad, modo de ingreso y "su posible vinculación con algunos de los patrocinios obtenidos" por el juez de grandes empresas españolas, entre ellas Banco Santander, Telefónica, BBVA, Endesa o Cepsa.
Siete requerimientos
El magistrado del Supremo advierte al fiscal que a esos cuatro requerimientos a la Universidad de Nueva York sobre los pagos a Garzón -uno de los cuales, recuerda Marchena, fue calificado de "inapropiado" por las autoridades académicas- hay que añadir otros tres formulados a la directora adjunta del Centro Rey Juan Carlos I de la misma universidad, Laura Turégano. "Todo indica, por tanto, la innecesariedad de un nuevo requerimiento que se sume a los siete que ya han sido practicados durante la instrucción", afirma Marchena.
El auto del Supremo argumenta que volver a preguntar a la Universidad de Nueva York cuánto dinero cobró Garzón y quién se lo pagó, como reclama el fiscal Cadena, carece de sentido, puesto que esa información ya fue aportada por la universidad y figura en la causa. De ahí que Marchena califique de "inútiles" e "innecesarias" las nuevas diligencias solicitadas por aquél.
Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea, autores de la querella contra Garzón por presunto cohecho y prevaricación, consideran que el fiscal, "que no acusa, sino que parece defender a Garzón", sólo pretende "paralizar el proceso, a la espera de que progrese la reforma legal anunciada por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para apartar a la acusación popular de procesos como éste, contra protegidos del Gobierno".
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