El 23 de julio del año 2009, la juez Estela San José ponía al descubierto una
de las investigaciones que más ha revolucionado el Ayuntamiento de Lugo y, en
concreto, al cuerpo de la Policía Local, tras la imputación judicial de
buena parte de la plantilla. La actuación de la instructora del caso
revelaba la existencia de posibles irregularidades en la tramitación de
las multas, que los agentes interponían asociadas a infracciones de
tráfico.
Meses antes había estallado un caso similar en la Jefatura Provincial de
Tráfico que dio al traste con la carrera del ex jefe provincial, Julio González,
y llevó al subdelegado del Gobierno por aquel entonces, Jesús Otero, a dejar el
cargo. Todo ello a consecuencia de la apertura de otra investigación, ordenada
por San José, para tratar de descubrir el supuesto sobreseimiento de
multas -impuestas en este caso por la Guardia Civil- a cambio
de cantidades económicas o favores personales, un caso todavía
pendiente de resolución.
Los orígenes del caso
Desde el CSIF aseguran que fue el propio director general de la Policía el
que propició la apertura de la instrucción, tal y como recoge el sumario en sus
primeras páginas. Darío Diéguez habría facilitado información sustanciosa al
respecto, al tiempo que fue quien entregó numerosa documentación a la juez en la
que, supuestamente, se evidenciaba la retirada masiva de
multas.
Fuentes próximas a la investigación relacionada con la Policía Local
aseguran, sin embargo, que fueron las escuchas telefónicas llevadas a cabo con
motivo del caso de Tráfico las que pusieron a Estela San José sobre la pista de
las posibles actuaciones delictivas de los agentes locales. También hay quien
apunta a otro sumario, el de la '
operación
Carioca', como fundamental para destapar la investigación. Uno de los
encarcelados en el marco de este caso contra la prostitución,
José Ramón
Vázquez Río -inspector de la Policía Local- resultó también imputado en
la operación de la supuesta trama de las multas.
Tal y como recoge la parte alzada del sumario del 'Carioca', existen
referencias a la retirada de las sanciones en alguna de las
conversaciones que mantienen los investigados con sus interlocutores, dejando
entrever la posible existencia de un mecanismo orquestado desde el propio cuerpo
para beneficiar a las personas sancionadas. Esta semana, la juez decidió
reactivar las pesquisas tras casi un año adormecidas, para tomar
declaración a 20 imputados, lo que ha convertido el edificio de la
calle Armando Durán en un centro de peregrinación.
A día de hoy, más de la mitad de la plantilla de la Policía Local de
Lugo, de un total de 150 agentes, está imputada en la causa. Hasta el
momento, todos los que han pasado por el Juzgado y han prestado declaración han
reconocido que el procedimiento imperante para el establecimiento de
sanciones no estaba informatizado, podría considerarse caótico y podría
admitir suspicacias. De todos modos, el abogado que representa a la mayor parte
de los declarantes, Víctor Espinosa, sostiene que los policías "no retiraron"
ninguna sanción de tráfico, ya que carecían de competencias para ello,
sostiene.
La sede de la Policía Local de Lugo. | Pedro Agrelo
En su defensa, todos afirman que las multas que no fueron tramitadas poseían
algún defecto formal, aunque confiesan que algunas fueron eliminadas por
"alegaciones verbales" de los infractores, un procedimiento que, según
defienden, también emplea la Guardia Civil. La responsable del Juzgado de
Instrucción número 3 de Lugo revisa ahora aquellas que no llegaron a tramitarse
para averiguar el motivo.
Un conflicto permanente
La operación no sólo se concentró en el Juzgado, sino que desató una
tormenta entre el sindicato mayoritario en la Policía Local, CSIF, y los
responsables del cuerpo en aquel momento, el ex concejal de Protección
de la Comunidad, José Rábade, y el ex director del cuerpo, Darío Diéguez, quien
también declaró ante la instructora del caso en calidad de imputado.
Desde el CSIF aseguran que habían puesto en conocimiento de los superiores un
procedimiento que entendían que, aunque podía atenerse a la normativa, no era
del todo transparente. Los agentes defendieron siempre que el método
aplicado fue el establecido por el Ayuntamiento, tratando de desviar
posibles responsabilidades.
La investigación iniciada por Estela San José, la colaboración del ex
director general con la juez -a quien culparon de destapar las supuestas
irregularidades con su llegada al Ayuntamiento- y las numerosas imputaciones
derivaron en un conflicto permanente entre los agentes y los políticos del
gobierno que se tradujo en numerosos encontronazos. Ahora, el alcalde López
Orozco trata de encauzar este conflicto vez que Diéguez y Rábade han abandonado
la política municipal.
Las medidas llevadas a cabo por los dos responsables políticos a favor de la
reestructuración del cuerpo, las mejoras en los equipos para los agentes y la
modernización de aquellos elementos que consideraron obsoletos, les valieron la
critica de un colectivo que protagonizó numerosos rifirrafes en el último
mandato.
Un mitin del PSOE, bajo sospecha
Además de la numerosa documentación incautada por la juez en su entrada en la
sede de la Policía Local de Lugo, tiempo después, San José solicitó al
Ayuntamiento información relacionada con 13 multas interpuestas por un
agente el 17 de junio del año 2005 en el barrio del Sagrado Corazón.
Las sanciones coinciden con la celebración de un mitin de cierre de campaña del
PSdeG-PSOE para las elecciones autonómicas de ese año.
López Orozco comparecía ante los medios para aclarar que se remitiría toda la
documentación al respecto, matizando que no había nada que ocultar y que
esas multas fueron tramitadas. El regidor, que en los últimos días ha
apremiado a la juez para que termine con la instrucción, echaba más leña al
fuego al añadir que el policía que en todo un año había formulado una sanción,
puso 13 multas en una hora.
San José enseña ahora a los imputados en la causa alguna de las multas cuya
tramitación no llegó a completarse. Muchos dicen desconocer qué ocurrió para que
no se conformasen administrativamente, otros incluso dudan de sus firmas sobre
los boletines. Las acusaciones a las que podrían enfrentarse van desde
prevaricación, a falsedad documental o tráfico de
influencias.
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