EL 88% DE LOS DIRECTIVOS ASEGURA HABERLO SUFRIDO

El fraude empresarial se erige como el gran temor para la inversión

Interior de la Bolsa de Tokio (tenaciosme vía Flickr) @Ignacio Juan Domingo.-

Colapso de los activos financieros, un nuevo credit-crunch internacional, bancarrotas de Estados soberanos o de grandes multinacionales. Ninguna de éstas u otras amenazas, como los riesgos de inestabilidad política e institucional en ciertos mercados, preocupa a las empresas con dimensión global tanto como los casos de fraude en sus actividades o negocios. Así lo atestiguan varios informes recientes de muy diversa procedencia. Uno de ellos, el elaborado por la consultora Kroll a partir de una macroencuesta entre 800 altos ejecutivos de una amplia gama de industrias y servicios de proyección planetaria, realizada en colaboración con Economist Intelligence Unit, asegura que casi nueve de cada 10 directivos -en concreto, el 88% de la muestra- reconocen haber sufrido algún tipo de fraude en 2010.

El decálogo de modalidades fraudulentas lo encabeza el robo, pérdida o ataque de información sensible de la compañía. Este delito que admite haber sufrido el 27,3% de los encuestados, un porcentaje muy por encima del 18% del sondeo del año precedente.

En la lista también aparecen variantes delictivas asociadas al fraude como el robo físico de activos, los conflictos de intereses en las cúpulas de gerencia, la corrupción y el soborno o el robo de propiedad intelectual. Por sectores, los más afectados son el financiero, el de servicios profesionales y el tecnológico, que engloba tanto la rama de telecomunicaciones como la audiovisual.

Agujero de ingresos

El estudio de Kroll resulta revelador al constatar algunos datos de la dimensión y el modus operandi que siguen estas actuaciones fraudulentas al calor de la globalización. Quizás el de mayor trascendencia sea que las pérdidas ocasionadas por estas prácticas delictivas aumentaron el pasado ejercicio un 20%, hasta ocasionar un agujero de 1,7 millones por cada 1.000 millones de dólares de facturación.

Este fenómeno, que afecta en mayor medida a las empresas de mayor dimensión y tamaño, deja no pocos efectos colaterales. Por un lado, ha puesto en entredicho los sistemas corporativos de vigilancia; por otro, está disuadiendo a un gran número de firmas a globalizarse -el 48% afirma haberse negado a participar en algún negocio en, al menos, un país extranjero, por temor a fraudes- y, para más inri, las compañías dicen no estar preparadas para un aumento de la reglamentación aparejada a la lucha contra la corrupción.

Geográficamente, la lacra se ha extendido sin remedio. El grado de prevalencia o empresas afectadas por algún tipo de fraude, oscila entre el 83% en Europa -donde predomina el robo físico de activos frente a cualquier otra- hasta el 92% de Asia, con China dominando individualmente esta lista negra con la práctica totalidad de compañías -el 98%- implicadas en casos concretos, mayoritariamente conflictos de intereses gerenciales y robo de propiedad intelectual y falsificación.

La visión desde Davos

Otro diagnóstico coincidente, en este caso del World Economic Forum (WEF), fundación organizadora de la cumbre de Davos que se celebra estos días en la estación de esquí suiza, también sitúa la ciber-seguridad -tanto en el sector público como en el privado- en el top de amenazas de alto riesgo dignas de tener en cuenta a la hora de tomar decisiones futuras, según un sondeo entre 580 líderes con capacidad ejecutiva en el ámbito empresarial. El robo telemático se sitúa por delante de preocupaciones tan complejas como los cambios demográficos y sus efectos sobre la presión fiscal de las potencias industrializadas o la estabilidad social en los mercados emergentes; la seguridad de los suministros energéticos; las tentaciones proteccionistas, o las armas de destrucción masiva.

Una amenaza tan real como el hecho de que la Comisión Europea suspendiese hace unas semanas el sistema de comercio de derechos de emisión de CO2 tras un robo de datos en la República Checa y un intento de pirateo en Austria, o el supuesto de espionaje industrial de que ha sido objeto Renault en China, con ramificaciones financieras en Suiza o Liechtenstein.

En línea con esta argumentación, el WEF -que recoge esta visión en la sexta edición de su informe Riesgos Globales 2011-, señala como riesgo latente a la economía sumergida. Junto a los desequilibrios económicos, que engloba también la guerra de divisas, la crisis fiscal y de la deuda o el colapso de los activos financieros, entre otros, y la falta de garantías de abastecimiento de agua, alimentos y energía. El mercado negro, alerta el informe, “es una lacra creciente” que movilizó en 2009 algo más de 1,3 billones de dólares de comercio ilegal, y que, al mismo tiempo, “eleva enormemente los costes del comercio legítimo”, al tiempo que “debilita a los Estados y amenaza las oportunidades de desarrollo”.

Paraísos fiscales

El refugio de estos flujos de dinero siguen siendo los paraísos fiscales. Pese a la drástica reducción de países que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), brazo ejecutor de la OCDE en este asunto, define como territorios con prácticas tributarias dañinas, continúa siendo válido el cálculo de esta institución multilateral que, en 2007 -año previo al credit crunch cuyo detonante fue la bancarrota de Lehman Brothers- cifró en siete billones de dólares -el 13% del PIB mundial, cantidad que excede incluso a la suma de las economías de Japón y España- la riqueza privada que acumulan sus sistemas financieros.

Los escasos avances efectivos en materia de intercambio de información fiscal y bancaria de estos territorios no han impedido, por ejemplo, que la Fiscalía de Roma haya abierto recientemente una investigación contra más de 700 personas -entre ellas, el modisto Valentino Garavani o la mujer de Flavio Briatore- por supuestas irregularidades fiscales en cuentas bancarias suizas. O que el banquero Rudolf Elmer –antiguo ejecutivo de Julios Baer Bank- hiciera entrega al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, de dos discos con detalles de cuentas bancarias de 2.000 sospechosos de alto poder adquisitivo con fondos propios en la Confederación Helvética, donde rige el secreto bancario, días antes de emprender el juicio por el que se le acusa de robo de información en Suiza.

La canciller alemana, Angela Merkel, ya acusó hace dos años a este país de ser un paraíso fiscal encubierto a raíz de las evasiones tributarias masivas investigadas por la Justicia germana y que tuvieron como cabeza visible al entonces presidente de Deutsche Post, Klaus Zumwinkel, pese a que el centro de operaciones, en este caso, fuera Liechtenstein.

Desde entonces, es decir, desde el último ejercicio de bonanza, el boom de los mercados emergentes ha seguido nutriendo de capital a los paraísos fiscales y centros off-shore, según instituciones como Global Financial Integrity (GFI), un centro dedicado a la Política Internacional con sede en Washington. Este think tank estima que estos países han perdido entre 858.600 millones y 1,06 billones de dólares en fugas de inversiones, lo que supone aproximadamente el 4,4% del total de sus ingresos tributarios. Mientras, las grandes fortunas mundiales, que responden a las siglas HNWI o personas con Elevados Valores Individuales Netos, mantienen 11,5 billones de dólares de activos fuera de sus países de residencia oficial. De este montante -semejante a los PIB conjuntos de China y Japón- sólo generan una tasa de retorno del 7,5%, unos 860.000 millones de dólares, con unas pérdidas para sus respectivos fiscos de 255.000 millones de dólares, según un informe de Tax Justice Network. Entretanto, países como Luxemburgo, socio de la UE, acapara carteras de inversiones extranjeras similares al conjunto de la economía española, según el FMI.

Todas estas prácticas en época de crisis como la actual, apuntan a la urgente necesidad de diseñar un nuevo reequilibrio global, capaz de ensamblar los intereses de las potencias emergentes y los países industrializados, según Kevin Steinnberg, jefe de operaciones del WEF en Estados Unidos.

Un comentario que encierra, como telón de fondo, una crítica a la escasa traslación práctica que las decisiones del G-20, el recién estrenado foro para la gobernabilidad mundial, han tenido hasta el momento, y que corrobora el presidente francés, Nicolas Sarkozy, con sus recientes peticiones de crear un gobierno económico mundial -y europeo- o de establecer mecanismos de control sobre los precios de las materias primas, en especial la energía y los alimentos.