EL ÚLTIMO INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS ES DE 2006

PSOE y PP se conceden subvenciones opacas de 70 millones mientras exigen transparencia.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy Alberto Mendoza / Daniel Toledo.

El PSOE defendía ayer la “transparencia absoluta” en el patrimonio y las rentas de los parlamentarios. Sin embargo, aún le queda camino por recorrer, si es realmente sincero en ese esfuerzo. Socialistas y populares se repartieron la friolera de 69,6 millones de euros en subvenciones estatales el año pasado, según la última liquidación trimestral de 2010 publicada recientemente en el BOE. Un dinero público cuyo destino las formaciones políticas no justifican públicamente año a año y que sólo supervisa el Tribunal de Cuentas, cuya última fiscalización se remonta a 2006.

El Partido Popular recibió el año pasado 33,99 millones de euros para atender sus “gastos de funcionamiento ordinario”, cifra a la que deben sumarse otros 1,75 millones para “sufragar los gastos de seguridad”. Fue el grupo que más fondos obtuvo. El PSOE recibió por ambos conceptos 32,18 y 1,65 millones, respectivamente. Ambas formaciones acapararon casi el 80% de las transferencias que contemplaban los Presupuestos Generales del Estado para el pasado ejercicio.

Un tercio del dinero se reparte proporcionalmente en relación a los diputados en el Congreso. Los dos tercios restantes van en función de los votos de las últimas elecciones generales. Este año se presenta todavía más jugoso para los partidos, ya que los comicios autonómicos y locales implican ingresos extra. Las aportaciones públicas que recibirán supondrán un 33% más que el año anterior y se dispararán hasta los 131 millones de euros. Un montante que incluye 44,5 millones adicionales para sufragar gastos electorales, un 4% más que en las últimas elecciones de este tipo.

Los dos grandes partidos se comprometieron en junio a reducir en un 15% el gasto en las campañas electorales y a rebajar en un 10% las subvenciones a las formaciones con representación parlamentaria. Pero habrá que esperar al menos hasta el próximo año para comprobar si estos recortes se han llevado a cabo, y conocer qué ha sucedido con el aumento de los ingresos de los partidos contemplado en el BOE para 2011. En la última campaña municipal, tanto PSOE como PP declararon unos recursos de 15,7 millones de euros. Una cifra que en el caso de los socialistas aumentó hasta 19 millones en las generales de 2008, por 22,5 millones declarados por los populares.

Pese que los partidos se nutren fundamentalmente de subvenciones públicas, no rinden cuentas anuales ante la sociedad. En qué gastan el dinero o cuánto ganan sus dirigentes resulta un misterio incluso para el Tribunal de Cuentas. El último informe disponible de las formaciones con representación parlamentaria corresponde al ejercicio 2006, aunque no se hizo público hasta febrero de 2010. Desde entonces solo se ha dado a conocer, aunque sin ninguna concreción en las partidas de gasto, la contabilidad de las campañas electorales de 2007, 2008 y 2009.

Sanciones leves por financiación irregular

Es habitual que el citado Tribunal denuncie en sus memorias de actuación la opacidad de las donaciones a los partidos, las operaciones inmobiliarias y de préstamo que llevan a cabo a través de fundaciones, los créditos perdonados por entidades financieras o la ausencia de información sobre los importes facturados por proveedores en campaña electoral. Sin embargo, este organismo no suele aplicar su limitada competencia sancionadora. Según la ley sobre financiación de los partidos, el Tribunal de Cuentas solo puede castigar la financiación irregular con una multa o reteniendo las subvenciones públicas anuales del partido infractor.

Una parte de esta opacidad puede quedar paliada si sale adelante la propuesta de PSOE, IU y UPyD para que los diputados publiquen anualmente su renta y su patrimonio. De esta forma se conocería el sueldo que reciben de su respectiva formación dirigentes como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, José Antonio Alonso o Elena Valenciano. Esta fórmula ya se aplica para los integrantes del Consejo de Ministros.

Y es que la presión social en contra de los privilegios de los políticos ha hecho saltar las alarmas en Génova y en Ferraz. La opinión pública sitúa a la clase política como el tercer problema de España, tras el paro y la economía, por lo que que socialistas y populares se han lanzado a la búsqueda de medidas que aplaquen este malestar.