CORRUPCIÓN | Los protagonistas andaluces de la trama
Quién es quién en el escándalo de los ERE
El escándalo de las prejubilaciones falsas o amañadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) saltó a raíz de las investigaciones decretadas por la juez que instruye el 'caso Mercasevilla' después de tener conocimiento de la inclusión en la póliza que da derecho a cobrar la prejubilación de algunas personas que no habían trabajado nunca en el mercado central de abastos sevillano.
La Junta de Andalucía ha reconocido hasta ahora 146 casos irregulares en 32 de los 64 expedientes inspeccionados tras estallar el escándalo, que tiene a los siguientes personajes como protagonistas de la trama:
Francisco Javier Guerrero
Ejerció de 1999 a 2008 como director general de Trabajo y Seguridad Social, como tal, firmaba los expedientes tramitados que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (más tarde renombrado como IDEA) en virtud de un convenio al margen del procedimiento administrativo vigente suscrito en julio de 2001 por el que se han canalizado casi 700 millones de euros en subvenciones excepcionales a empresas en crisis.
Guerrero está imputado por la juez instructora y es el autor de la expresión "fondo de reptiles" -de la que más tarde se quiso desdecircon poca fortuna- en su declaración voluntaria como testigo ante la Policía Judicial.
El ex director general de Trabajo sostiene que los consejeros bajo los que ejerció su cargo estaban al tanto de sus movimientos para auxiliar a empresas a las que, sin orden de subvenciones, se les facilitaban ayudas para abonar las prejubilaciones de sus empleados al margen de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
José Antonio Viera
Actualmente secretario provincial socialista en Sevilla, diputado autonómico y senador. Está en el centro del huracán como exconsejero de Empleo que ideó el convenio por el que los pagos de estas subvenciones excepcionales los asumía el Instituto de Fomento de Andalucía al margen de la fiscalización de la Junta de Andalucía.
Además, un cuñado suyo apareció en un ERE aprobado y posteriormente modificado para abonar unas cantidades pendientes a los prejubilados de una empresa de cueros de la localidad sevillana de Pilas. siempre ha defendido la legalidad de todo lo que lleva su firma.
También se ha sabido de su participación directa en la concesión de una subvención de 600.000 euros a una almazara de la Sierra Norte con cuyos cooperativistas se comprometió en público. El dinero para esa promesa política salió del "fondo de reptiles" de la Consejería sin ningún control.
Antonio Fernández
Consejero de Empleo de 2004 a 2010, es en la actualidad presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jerez. Él mismo está prejubilado en un ERE de las bodegas jerezanas González-Byass autorizado por un subordinado suyo en su mandato como consejero.
Si bien no ha cobrado aún la póliza a la que tiene derecho de 386.181 euros como trabajador hasta 1981 en la firma vinícola, su expediente incurre en el error de asignarle una antigüedad en la empresa desde el mismo día de su nacimiento.
Fernández era el gerente del IFA cuando se firmó el convenio que dio pie al descontrol administrativo en los ERE y su gestión fue muy contestada por la oposición. Dimitió como consejero para dedicarse al Marco del Jerez.
Manuel Recio
Sustituyó a Antonio Fernández en marzo de 2010 al frente de la Consejería de Empleo en el relevo decidido por José Antonio Griñán al año de suceder a Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.
Recio se ha empeñado desde que el auto de la juez de instrucción dio el primer aviso de irregularidades en Mercasevilla en esclarecer todos los casos de expedientes dudosos, si bien trata de minimizar el número de casos poniéndolos en relación con el total de trabajadores acogidos a prejubilación en Andalucía en los últimos años.
Ha repetido en varias ocasiones que su intención es recuperar todo el dinero mal empleado o indebidamente cobrado por quienes no tenían derecho a ello.
Antonio Rivas
Hasta su dimisión de todos los cargos, era secretario local del PSOE en Camas y miembro de la ejecutiva provincial de Sevilla. Fue delegado provincial de la Consejería de Empleo bajo la protección de José Antonio Viera y, más tarde, con Antonio Fernández de titulares del departamento, quienes lo mantuvieron en el cargo nueve meses desde que la juez lo imputó.
Rivas está imputado por cohecho en el 'caso Mercasevilla' que dio origen al escándalo de los ERE y la Fiscalía pide para él 900.000 euros de multa por la exigencia de comisiones ilegales a dos empresarios que aspiraban a instalar una escuela de hostelería en terrenos del mercado central de abastos.
Se vio obligado a renunciar a la militancia cuando se supo que varias personas de su entorno -militantes socialistas de Camas y familiares- se habían prejubilado sin haber trabajado en diferentes empresas.
Juan Lanzas
Actuaba como un conseguidor, poniendo en contacto a empresas con la Junta de Andalucía para que la Administración autonómica accediera a subvencionar sus expedientes de regulación de empleo.
Él mismo está prejubilado sin haber trabajado en Hitemasa, la textil malagueña heredera de Intelhorce cuya venta a mediados de los 80 dio origen a una investigación judicial que concluyó con cuatro condenas firmes, entre ellas para el empresario italiano Giovanni Orefici que se había hecho con los activos y otros intermediarios.
Ex sindicalista de UGT, su participación en la crisis de la empresa jiennense Cárnicas Molina le permitió vislumbrar el negocio en torno a las reestructuraciones de empresas en crisis. De hecho, una empresa de un cuñado suyo fue la que medió en el ERE de Mercasevilla de 2003 que dio origen al caso
El escándalo de las prejubilaciones falsas o amañadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) saltó a raíz de las investigaciones decretadas por la juez que instruye el 'caso Mercasevilla' después de tener conocimiento de la inclusión en la póliza que da derecho a cobrar la prejubilación de algunas personas que no habían trabajado nunca en el mercado central de abastos sevillano.
La Junta de Andalucía ha reconocido hasta ahora 146 casos irregulares en 32 de los 64 expedientes inspeccionados tras estallar el escándalo, que tiene a los siguientes personajes como protagonistas de la trama:
Francisco Javier Guerrero
Ejerció de 1999 a 2008 como director general de Trabajo y Seguridad Social, como tal, firmaba los expedientes tramitados que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (más tarde renombrado como IDEA) en virtud de un convenio al margen del procedimiento administrativo vigente suscrito en julio de 2001 por el que se han canalizado casi 700 millones de euros en subvenciones excepcionales a empresas en crisis.
Guerrero está imputado por la juez instructora y es el autor de la expresión "fondo de reptiles" -de la que más tarde se quiso desdecircon poca fortuna- en su declaración voluntaria como testigo ante la Policía Judicial.
El ex director general de Trabajo sostiene que los consejeros bajo los que ejerció su cargo estaban al tanto de sus movimientos para auxiliar a empresas a las que, sin orden de subvenciones, se les facilitaban ayudas para abonar las prejubilaciones de sus empleados al margen de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
José Antonio Viera
Actualmente secretario provincial socialista en Sevilla, diputado autonómico y senador. Está en el centro del huracán como exconsejero de Empleo que ideó el convenio por el que los pagos de estas subvenciones excepcionales los asumía el Instituto de Fomento de Andalucía al margen de la fiscalización de la Junta de Andalucía.
Además, un cuñado suyo apareció en un ERE aprobado y posteriormente modificado para abonar unas cantidades pendientes a los prejubilados de una empresa de cueros de la localidad sevillana de Pilas. siempre ha defendido la legalidad de todo lo que lleva su firma.
También se ha sabido de su participación directa en la concesión de una subvención de 600.000 euros a una almazara de la Sierra Norte con cuyos cooperativistas se comprometió en público. El dinero para esa promesa política salió del "fondo de reptiles" de la Consejería sin ningún control.
Antonio Fernández
Consejero de Empleo de 2004 a 2010, es en la actualidad presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jerez. Él mismo está prejubilado en un ERE de las bodegas jerezanas González-Byass autorizado por un subordinado suyo en su mandato como consejero.
Si bien no ha cobrado aún la póliza a la que tiene derecho de 386.181 euros como trabajador hasta 1981 en la firma vinícola, su expediente incurre en el error de asignarle una antigüedad en la empresa desde el mismo día de su nacimiento.
Fernández era el gerente del IFA cuando se firmó el convenio que dio pie al descontrol administrativo en los ERE y su gestión fue muy contestada por la oposición. Dimitió como consejero para dedicarse al Marco del Jerez.
Manuel Recio
Sustituyó a Antonio Fernández en marzo de 2010 al frente de la Consejería de Empleo en el relevo decidido por José Antonio Griñán al año de suceder a Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía.
Recio se ha empeñado desde que el auto de la juez de instrucción dio el primer aviso de irregularidades en Mercasevilla en esclarecer todos los casos de expedientes dudosos, si bien trata de minimizar el número de casos poniéndolos en relación con el total de trabajadores acogidos a prejubilación en Andalucía en los últimos años.
Ha repetido en varias ocasiones que su intención es recuperar todo el dinero mal empleado o indebidamente cobrado por quienes no tenían derecho a ello.
Antonio Rivas
Hasta su dimisión de todos los cargos, era secretario local del PSOE en Camas y miembro de la ejecutiva provincial de Sevilla. Fue delegado provincial de la Consejería de Empleo bajo la protección de José Antonio Viera y, más tarde, con Antonio Fernández de titulares del departamento, quienes lo mantuvieron en el cargo nueve meses desde que la juez lo imputó.
Rivas está imputado por cohecho en el 'caso Mercasevilla' que dio origen al escándalo de los ERE y la Fiscalía pide para él 900.000 euros de multa por la exigencia de comisiones ilegales a dos empresarios que aspiraban a instalar una escuela de hostelería en terrenos del mercado central de abastos.
Se vio obligado a renunciar a la militancia cuando se supo que varias personas de su entorno -militantes socialistas de Camas y familiares- se habían prejubilado sin haber trabajado en diferentes empresas.
Juan Lanzas
Actuaba como un conseguidor, poniendo en contacto a empresas con la Junta de Andalucía para que la Administración autonómica accediera a subvencionar sus expedientes de regulación de empleo.
Él mismo está prejubilado sin haber trabajado en Hitemasa, la textil malagueña heredera de Intelhorce cuya venta a mediados de los 80 dio origen a una investigación judicial que concluyó con cuatro condenas firmes, entre ellas para el empresario italiano Giovanni Orefici que se había hecho con los activos y otros intermediarios.
Ex sindicalista de UGT, su participación en la crisis de la empresa jiennense Cárnicas Molina le permitió vislumbrar el negocio en torno a las reestructuraciones de empresas en crisis. De hecho, una empresa de un cuñado suyo fue la que medió en el ERE de Mercasevilla de 2003 que dio origen al caso
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