FRENA LAS SANCIONES IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL

Guerra en la Justicia: una sala del Supremo sabotea las decisiones del CGPJ

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar (EFE).En Exclusiva | @Carlos Sánchez.-

Se trata de un pulso entre gigantes del derecho. Soterrado, pero a la vez intenso. Un grupo de magistrados del Tribunal Supremo ha comenzado un boicot contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mantiene en vilo a buena parte de la carrera judicial. En las últimas semanas, varias decisiones del órgano de gobierno de los jueces han sido anuladas por cuestiones de forma por la sección de la Sala Tercera del Tribunal Supremo responsable de controlar la gestión del Poder Judicial.

Los juristas que saben leer entre líneas los entresijos de la administración de justicia, no salen de su asombro a la luz de lo que han visto y oído en los últimos meses. El pasado 16 de abril, por ejemplo, esa Sección anuló por caducidad una sanción impuesta por el poder judicial a un juez de la Audiencia Nacional, Manuel Arce, suspendido cautelarmente y que acumulaba 500 sentencias sin dictar. La razón que esgrimieron los magistrados: el CGPJ había excedido en un mes el plazo para la tramitación de ese expediente, fijado en seis meses. Arce no ha vuelto al juzgado, pero sólo porque el Consejo lo mantiene apartado del ejercicio de su profesión mientras tramita otro expediente, esta vez de jubilación por incapacidad.

También durante el mes de abril, esa sección del Supremo anuló otra sanción de 2.000 euros que el Consejo había impuesto al magistrado de lo Mercantil número 4 de Madrid, Miguel María Rodríguez San Vicente, por retrasos injustificados. La causa fue la misma que la de Arce. La ley prevé la prórroga de estos expedientes disciplinarios hasta un año, pero el Supremo consideró que no se había argumentado la causa de tal prórroga, decidida por la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

Otro caso que causó el consiguiente estupor ocurrió en diciembre, cuando esta Sección del Supremo anuló las seis sanciones impuestas que apartaban de la carrera judicial durante 12 años al magistrado Juan de Dios Anguita por haber participado en asuntos judiciales que afectaban a una sociedad mercantil participada por su esposa. La sentencia se basó en que la sanción había sido notificada fuera de plazo y porque el Consejo amplió el plazo para instruir el expediente.

Pulso entre magistrados

La pugna no pasaría de ser un pulso más entre magistrados si no fuera porque está comenzando a afectar al servicio público, sostienen en fuentes jurídicas. No en vano, el juez Juan de Dios Anguita pretendió volver a su juzgado -el de Primera Instancia número 4 de Málaga-, a pesar de haberse probado que participó en embargos relacionados con una empresa relacionada por su esposa, cuando se tenía que haber abstenido por razones obvias. Una nueva sanción del Consejo forzó su jubilación de forma anticipada.

“Estas sentencias están sembrando la desconfianza y deslegitimando la institución encargada de velar por la independencia judicial”, añaden otras fuentes jurídicas consultadas.

Las mismas fuentes reconocen la existencia de ese pulso sotto voce, cuyo comienzo sitúan a raíz de la decisión del Consejo de nombrar hace ahora casi un año a José Manuel Sieira presidente de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo).

La elección de Sieira por el CGPJ -con un perfil más ejecutivo y gestor- se produjo en junio pasado y, desde entonces, las críticas al nuevo presidente son frecuentes. Y es que Sieira se ha embarcado en una revolución interna que levanta ampollas (y adversarios): ha exigido un mayor rendimiento a algunos magistrados y ha obligado a los presidentes de las Secciones –siete- a que ellos también impongan sentencias, cuando algunos de ellos llevaban 12 años sin hacerlo –los letrados se ocupaban de ello- a pesar de ser su responsabilidad.

Arqueo en el Tribunal Supremo

Tras su nombramiento -entre siete candidatos- se pudieron ‘levantar las alfombras’ y, por ejemplo, afloró la existencia de más de dos mil expedientes que dormían en el sueño de los justos dentro de una dependencia del propio Tribunal Supremo. “Lo primero que hizo Sieira fue un arqueo para conocer el estado de la cuestión y a partir de ahí se desataron las hostilidades”, aseguran las fuentes consultadas por El Confidencial.

Los principales críticos del presidente de la Sala Tercera son los magistrados Mariano del Oro Pulido, Nicolás Maurandi, Pablo Lucas y José Díaz Delgado. Los dos primeros aspiraban al puesto de Siera para presidir la Sala. A su vez, Maurandi, Lucas y Díaz Delgado conforman, junto con Juan José González Rivas y el propio Sieira, la sección responsable de controlar las decisiones del CGPJ.

Otra de las iniciativas de Sieira que cuenta con una fuerte oposición es la creación de grupo de 19 letrados dedicado a desatascar la Sala Tercera, una especie de plan de choque que hará trabajar con mayor agilidad a la Sala de lo Contencioso Administrativo y a sus titulares. Para ello, se firmará un convenio con el Ministerio de Justicia para dotar de más medios a la Sala.

Junto a Maurandi, Lucas y Díaz Delgado se sitúan en el sector crítico los magistrados Luis Diez-Picazo, Manuel Campos y Rafael Fernández Montalvo, que actúan todos a una contra el Consejo cuando se reúne la Sala de lo Contencioso Administrativo en Pleno.

La Sala Tercera del Supremo es la encargada de revisar los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial, y como tal es ,en realidad, quien tiene capacidad para frenar su funcionamiento. El Supremo siempre ha visto como un cuerpo extraño la existencia del órgano de gobierno de los jueces, pero se ha mantenido una entente cordiale gracias a que la mayoría de los miembros del poder judicial ha procedido históricamente del alto Tribunal.

Ocurre, sin embargo, que en el actual consejo sólo hay un magistrado procedente del Supremo -Margarita Robles- y eso ha exacerbado, según las fuentes, el corporativismo. El propio presidente, Carlos Dívar, viene de la Audiencia Nacional y no del Supremo. Más poder para el Consejo, como le reconoce la Constitución, significa limitar la capacidad de autogobierno de los jueces. Y ese es el fondo de la cuestión