Corre España un riesgo no suficientemente explicitado. Que llegue un día en que los que se están echando a la espalda este país digan ·ahí os quedáis·. Y el último que apague la luz. No estamos tan lejos de dicha amenaza. Las cifras son como para poner los pelos de punta. La atención pública se ha centrado en un demoledor dato de paro que, contra sus erróneas previsiones, le ha estallado en la cara al candidato Rubalcaba. Vaya. Fuera de los ecos mediáticos, la realidad laboral subyacente es aún más dramática y exige una reflexión perentoria y radical sobre dónde estamos y dónde podemos estar, qué cesta podemos hacer con estos debilitados mimbres una vez superada la ilusión de riqueza de la que tan bruscamente andamos despertando. La teta no da más de sí y es hora de fomentar la actividad, luchar contra el fraude y ajustar servicios a presupuestos realistas. Será duro pero es que la alternativa, liquidación por cierre del local, es aún peor. No les quepa la menor duda.
Vean si no la cuenta de la vieja que un servidor ha echado a través de la profusión de cifras del Instituto Nacional de Estadística. En España hay 47'15 millones de habitantes, 41'42 nacionales y el resto extranjeros, una distinción irrelevante a los efectos que nos ocupan toda vez que hay prestaciones universales y gratuitas, hasta ahora, que no distinguen entre procedencias. Pues bien, de ellos 38'5 millones son mayores de 16 años. Eso significa que, para empezar, hay 8 millones y medio largos de ciudadanos que, justificadamente y por razón de una edad inferior a ese rango, no contribuyen al sistema y sin embargo son receptores naturales de servicios como la educación y la sanidad que hay que sufragar entre todos. Poco que censurar ya que es inversión en el presente y futuro del propio país, por más que desde estas líneas hayamos defendido la adecuación de los beneficios a responsabilidades inherentes y olvidadas de su ejercicio. El porcentaje de paro entre los analfabetos es superior al 50%.
De esos 38'5 millones, la población activa asciende a 23'1. Llevamos solo dos pasitos y podemos ya constatar que solo uno de cada dos habitantes de ese particular planeta llamado España tiene un empleo o se encuentra en su búsqueda. Una sencilla resta sirve para comprobar que los inactivos ascienden, por tanto, a 15'4 millones de personas. Bien. Estos se pueden dividir a su vez en dos categorías: los que reciben prestación y los que no. Dentro de los primeros destacan los jubilados y prejubilados (5'5 millon es), las personas con incapacidad permanente (1'15) y los perceptores de otro tipo de prestación (1'72). Otros 8,5 millones grosso modo a los que hay que añadir 2'45 millones de estudiantes y 4'1 que desempeñan tareas del hogar. Algunos han contribuido en el pasado, otros no; los más lo hacen de modo indirecto en la actualidad. Pero en cualquier caso todos hacen uso de los mecanismos arbitrados por el estado del bienestar. Los excluidos por edad o actividad suman ya 24 millones en total.
Vayamos ahora esos 23'1 millones teóricamente activos, los restantes. Se dividen entre ocupados y parados. Pues bien los primeros, es decir aquellos que tienen la fortuna de ir cada día a fichar, son 18'3 que, divididos entre el total del censo de 47 m illones, apenas suponen el 40% del total. Más, de esa cantidad 3'2 millones entran dentro de la categoría de "asalariados del sector público", esto es: son funcionarios o personal laboral que trabajan para la administración central, regional o local (pagan impuestos y cobran de las arcas públicas, efecto boomerang). De este modo el empleo privado, resultado de la iniciativa de empresarios particulares o autónomos, queda en 15'1 millones. Su representatividad sobre el total de la población se reduce al 32%. Sumen a eso gente que desempeña sus tareas en sociedades que contratan fundamentalmente con entes públicos y el porcentaje se contraería aún más. La ratio es de 3 a 7 entre paganinis estrictamente privados y receptores directos o indirectos -vía servicios- de contribuciones de la Seguridad Social o el Presupue sto del Estado. Añadan los pagos derivados del desempleo -esos 2'75 millones de parados que todavía reciben algún tipo de prestación por este concepto- y verán que el estrechamiento por la base de quienes tienen que financiar tal cúmulo de desembolsos hace imposible su sostenimiento en el tiempo.
Ese es el problema al que me refería al inicio de este post. O se rompe esta inercia a través de políticas activas de creación de empleo y estímulo a la iniciativa privada, incluidas rebajas impositivas y de cotizaciones sociales, o esto se va al garete más antes que después. La alta correlación entre nivel de paro, personal público y percepción de prestaciones en algunas comunidades autónomas, caso de Andalucía o Extremadura, aparte de suponer ca ldo de cultivo ideal para actuaciones irregulares, advierte de un efecto expulsión de la iniciativa empresarial de su economía que seguro acarreará consecuencias graves a medio plazo. Hay que revertir el proceso. No son más tributos sino lucha contra el fraude, denunciado primero por aquellos que asisten indiferentes al expolio fiscal del fruto de su nómina a través de millones de trapacerías diariamente por ellos consentidas, que suponen menor ingreso y más desembolso colectivo para el Estado. ¿Cuándo tomarán conciencia de que su pasividad es su condena? No es menor gasto, sino mejor, ajustado a una realidad que es la que es, no la que algunos se empeñan en creer en sus mejores sueños. La Champions quedó atrás, estamos en la lucha por la permanencia. A ver si nos vamos enterando.
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