Son muchos los que ven en la tan traída y llevada
burbuja inmobiliaria una de las principales causas de nuestra actual situación
económica. Y es cierto que la crisis crediticia e hipotecaria, originada en
Estados Unidos en el año 2007 como consecuencia de las hipotecas subprime, se
agravó considerablemente en 2008 con la bancarrota del banco de inversión
Lheman Brother, y de otras compañías hipotecarias. El colapso financiero fue de
tal envergadura que, no lograron frenarlo ni los cientos de miles de millones de
dólares inyectados por el Gobierno norteamericano. Y como era de esperar, se
generalizó de tal manera, que terminó extendiéndose al resto de los demás
países.
Lo malo es que en España tenemos esa misma
crisis financiera y, asociada a ella, tenemos otra crisis bastante más
complicada y peligrosa, que los socialistas no quieren reconocer. Según ellos,
nuestra crisis económica no difiere en nada de la crisis que afecta a los demás
países de la Unión Europea, un poco más agravada porque, según dicen, José María
Aznar se extralimitó en el tratamiento al boom de la construcción. Ni José Luis
Rodríguez Zapatero, ni ninguno de sus más directos colaboradores, admitirán
jamás que la mayor complejidad de nuestra crisis radica en que nuestro sistema
económico es escasamente productivo y competitivo y en que no se adoptaron,
desde un principio, las medidas estructurales oportunas que hubieran minimizado
sus perniciosos efectos.
A esto debemos añadir que nuestra economía está
soportando un modelo autonómico sumamente pernicioso. El famoso “café para
todos” con el que se pensaba ahogar las conocidas aspiraciones de los
separatistas vascos y catalanes, más que descentralizar servicios, los
multiplicó innecesariamente por diecisiete, dando así lugar a una especie de
burbuja autonómica, tan peligrosa o más que la burbuja inmobiliaria. Y como no
hay nada gratis, ni en Economía ni en ninguna otra cosa, al juntarse el
disparate autonómico con la baja productividad y la falta de medidas
estructurales para hacer frente a la crisis financiera incipiente, se tradujo en
una destrucción masiva de empleo y en un desmoronamiento imparable del tejido
empresarial español.
Si analizamos la marcha de nuestra economía desde
los comienzos mismos de nuestra democracia hasta nuestros días, veremos que casi
siempre, sobre todo con Gobiernos socialistas, nuestra aproximación a esa
deseada convergencia con Europa es más aparente que real. Lo normal es que esa
brecha que nos separa de la media europea, se agrande cada vez más, salvo en
contadas excepciones. Pues no cabe duda de que los parámetros macroeconómicos
que miden nuestra convergencia nominal, como la inflación, el déficit público o
las tasas de interés han sido casi siempre más elevados que en Europa. Otro
tanto ocurre con la convergencia real, ya que el aumento experimentado por la
renta per cápita en España suele ser habitualmente más bajo que la media
europea.
La evolución del déficit público en los primeros
años de la democracia ya evidencia claramente que en vez de converger, hemos
iniciado un proceso de divergencia que nos aleja cada vez más de la media
europea. En 1975, por ejemplo, año en que se cierra la etapa de Franco, se
cierra el ejercicio con superávit. Unos pocos años después, en 1981, el déficit
público representaba ya el 3,7% del PIB, para pasar al 7,5% del PIB en 1993.
Este aumento progresivo del déficit público se dejó sentir, y de qué manera, en
el volumen de nuestra deuda. En consecuencia, la deuda pública española, que a
la muerte de Franco en 1975, representaba el 12,8% del PIB, en 1981 suponía ya
el 20,6%, para subir en 1996 al 68,1% del PIB.
Con la llegada de José María Aznar a La Moncloa
se pone fin al desmadre del gasto público socialista, que a punto estuvo de
llevarnos directamente a la quiebra estatal. Reduciendo simplemente el gasto
público de manera sustancial, fue posible contener la deuda pública, bajar la
inflación y reducir considerablemente los intereses que se abonaban por el
dinero. De estar prácticamente desahuciados, el tesón del nuevo Gobierno y la
tijera del profesor Barea lograron, por fin, el estupendo milagro económico de
cumplir con todos los requisitos exigidos por Maastricht para ingresar en el
primer grupo de la Unión Monetaria. De este modo, dimos pasos de gigante hacia
una plena convergencia nominal con Europa y nos acercarnos también bastante a la
convergencia real al mejorar sustancialmente nuestros niveles de renta.
Pero con la vuelta de los socialistas al
Gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del mismo, se frustró
nuestro sueño de que la renta per cápita de los españoles fuera igual o incluso
algo superior a la de los demás países de Europa. Es cierto que, por inercia, se
mantuvo el ritmo de crecimiento durante sus primeros años de gobierno. Fue
precisamente en este contexto en el que soltó, muy ufano, aquello de que España
estaba en la ”Champions League de la economía europea” y otras muchas perlas
por el estilo que al final, muy a su pesar, ha tenido que tragarse.
Jamás reconocerá Zapatero que se va de la
Presidencia del Gobierno, dejando a España al borde de la ruina. Aún piensa que
cerraremos 2011 con el aceptable déficit del exigido 6% del PIB y puntualiza que
la deuda pública española está 20 puntos por debajo de la media europea y,
según dice, muy por debajo de la deuda de Francia y Alemania. Señala además, que
contamos con activos suficientes para garantizar nuestra estabilidad financiera
y para abordar, sin mayores problemas, la creación de empleo. Se olvida
Rodríguez Zapatero que mientras Francia y Alemania siguen creciendo y creando
empleo, España ha estado perdiendo competitividad y destruyendo puestos de
trabajo. Desde el año 2008, el PIB per cápita ha caído en España nada menos que
tres puntos. Es evidente, por lo tanto, que Francia y Alemania pueden asumir su
deuda más fácilmente que nosotros la nuestra.
El pasado día 20 fue nombrado nuevo presidente
del Gobierno Mariano Rajoy que tendrá que enfrentarse al espeluznante entuerto
que le deja José Luis Rodríguez Zapatero. No va a ser nada fácil salir del pozo
en que nos ha metido la torpeza y la ineptitud del Gobierno saliente. Se puede
repetir el milagro de 1996, pero tendrá que ser a base de sudor y lágrimas de
todos los ciudadanos. Además de racionalizar responsablemente el gasto público,
Rajoy y sus nuevos ministros tendrán que sopesar la viabilidad de la España
autonómica actual. Al menos, tendrán que adelgazar su sobredimensionada
estructura, unificando criterios y eliminando decididamente los servicios
duplicados que tanto han proliferado últimamente. No es de recibo que vaya cada
uno a su aire y todos quieran tener aeropuertos o Líneas de Ave sin que haya
pasajeros.
José Luis Valladares Fernández Criterio
Liberal. Diario de opinión Libre.
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