La Junta de Personal Docente de los Centros Públicos no
Universitarios de Valladolid, así como la de las otras ocho provincias de
Castilla y León, viene contando en los medios de comunicación que entre el
profesorado existe un tremendo malestar por los recortes educativos de la
Consejería de Educación a los centros públicos. No solo se recorta en recursos
económicos sino en medios materiales. Algunos centros educativos tendrán que
suspender pagos a proveedores.
Parece que en la
Consejería de Educación y en la de Hacienda no entienden que si se suspende el
pago a proveedores, éstos no podrán pagar a su trabajadores ni mantener a flote
la empresa; ello lleva a tener que despedir a parte de la plantilla o plantear
un ERE ante el juzgado. En muchos casos lleva a cerrar la empresa, sobre todo
cuando se trata de empresas familiares o de pequeñas empresas. ¿Conclusión? Muy
fácil: la propia Junta de Castilla y León tira piedras a su tejado, fomenta el
paro, el cierre de empresas y, como consecuencia final, empobrece a la Comunidad
que dice gobernar, representar y favorecer.
A ello hay que unir el hecho de que
también destruye el tejido empresarial; no hay Comunidad que ‘exporte’ mayor
cantidad de jóvenes universitarios a otras comunidades autónomas. Nuestra
obligación es hacer entender a los dirigentes de la Junta de Castilla y León que
la caridad empieza en nuestra propia casa y la justicia en la puerta
inmediata.
Es un hecho denunciable, como hacen los
sindicatos docentes no de clase, que los recortes repercuten en el encendido y
uso de la calefacción; en el suministro de material; en la disminución y retraso
de la dotación presupuestaria para los gastos de funcionamiento y en la
conservación y mantenimiento de los centros. Con todo lo que están viviendo los
centros educativos, el profesorado se mofa de los dirigentes políticos cuando
hablan del informe PISA, de la calidad y de la excelencia en educación porque
son cortinas de humo de las que pretenden aprovecharse cuando, en realidad, el
mérito es única y exclusivamente del profesorado. Nadie se ha de sorprender
respecto a que “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen
pierden el respeto”.
Hace unos días decíamos en un artículo y en este
mismo medio que “la vergüenza y la desfachatez de quienes gestionan los
presupuestos de Castilla y León llega hasta el punto de situaciones como la del
ejercicio económico 2010, donde el cuarenta por ciento correspondiente a los
gastos de funcionamiento de los centros llegó a las cuentas bancarias de los
citados centros públicos el 31 de diciembre. Sí, como lo leen; es decir, el
último día del ejercicio económico”. Cuando está a punto de finalizar el
ejercicio 2011, la semana pasada algún centro ha recibido el 50% del 40% que no
puede abonar la Consejería de Hacienda para el último cuatrimestre. Y hay
centros que ni siquiera eso.
Tan solo un centro educativo de Valladolid ha
recibido casi la totalidad de ese 40% adeudado –el mismo centro al que para el
ejercicio 2011 le rebajaron un 41,13% de gastos de funcionamiento respecto al
ejercicio 2010– porque ha ido al grano y ha pedido en los medios de
comunicación de la Comunidad, y en artículos de opinión diversos, la dimisión de
la consejera de Hacienda y del consejero de Educación del equipo de Juanvi
Herrera Campo. ¿No es triste tener que llegar a eso y recordar que viven de su
propia incompetencia y se sientan en la poltrona de su indignidad?
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