Forma parte del elenco de tecnócratas que Mariano Rajoy ha
promovido para secundar a sus ministros en la misión casi imposible de cuadrar
las cuentas públicas sin debilitar aún más la ya maltrecha economía. Beatriz
Viana es una veterana de la Agencia Tributaria (AEAT), por lo que su
nombramiento como directora general de este organismo parece un paso lógico.
Hasta el lunes pasado, cuando se conoció su designación, era una perfecta
desconocida, pero no para el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con quien
ya trabajó en dos ocasiones anteriores, en 1998 y 2003, durante el mandato de
José María Aznar.
Ahora tendrá la ocasión de consagrarse al frente de una
institución que conoce bien y a la que las últimas medidas tributarias y
antifraude anunciadas por el Gobierno han puesto en el foco de la atención
ciudadana. Las circunstancias son especiales, pero quienes han tenido
oportunidad de tratarla aseguran que sabrá estar a la altura. "Es una
profesional competente que conoce por dentro la casa", destaca Francisco
de la Torre, portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Beatriz
Gloria Viana Miguel nació en abril de 1962 en Soria. Está casada y tiene una
hija. A principios de los noventa estudió en la Escuela de Hacienda Pública.
"Además de buena alumna, era una persona absolutamente sociable, que
aglutinaba a sus compañeros tanto por su simpatía como por sus
conocimientos", recuerda el exjefe de la Agencia Tributaria(1998-2001) Ignacio Ruiz-Jarabo, que por aquel entonces
dirigía la escuela. "Tenía dotes de líder", añade. Una amiga suya y
antigua compañera en la agencia, que la conoció cuando ambas se preparaban para
opositar al puesto de inspector de Hacienda, asegura que se trata de una
persona "muy metódica y trabajadora, a la que le gusta mucho viajar".
Como inspectora de Hacienda, interventora y auditora del Estado,
Viana ha trabajado en
la delegación de la agencia en Barcelona. También ha sido coordinadora de área y subdirectora general adjunta
en la Subdirección General de Tributos del Ministerio de Economía y Hacienda.
En 1998 pasó a formar parte del gabinete del entonces vicepresidente primero y
ministro de Economía, Rodrigo Rato, donde desempeñó el cargo de directora
adjunta y asesora parlamentaria. Repitió el puesto en noviembre de 2003,
nuevamente bajo las órdenes de Rato. En aquel momento, la cartera de Economía
se había escindido en dos ministerios: Economía y Hacienda. Al frente de este
último estaba Montoro. Ruiz-Jarabo, que en aquel momento presidía la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), recuerda que en aquella etapa
tuvo que coordinarse a menudo con Viana. "Es una funcionaria magnífica.
Demostró un gran sentido de la cooperación y colaboración entre los organismos
del Estado. Es algo que tiene interiorizado".
Posteriormente, Viana volvió a la Agencia Tributaria y a la
Secretaría General de Hacienda, donde estuvo a cargo de la Subdirección General
del Impuesto sobre la Renta. Esta última experiencia será de gran valor para
ella en su nuevo cargo, ya que se trata de un tributo clave en la estrategia
recaudatoria de Rajoy, que ha preferido cifrar en él sus expectativas de
mayores ingresos, antes que en el IVA, que castiga especialmente a colectivos
menos pudientes como jubilados, parados y mileuristas.
En los últimos años, Viana ha sido secretaria general técnica de
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y ejercía como jefa del
Equipo Regional de Recaudación en la delegación de la Agencia Tributaria en la
capital cuando fue convocada a integrar la cúpula del Gobierno. "Salvo uno
o dos años que estuvo en la Comunidad de Madrid, tiene al menos 15 años de
experiencia en la Administración tributaria. Ha pasado por puestos de
inspección y recaudación, de manera que conoce bien las tareas operativas.
Además, es una persona agradable, educada y de buen trato", subraya De la
Torre.
En el momento de jurar
su cargo, Viana aseguró que se empleará "más rigor y contundencia que
nunca" en la persecución del fraude fiscal. Cuatro días después, el
Gobierno presentaba las líneas generales de un plan de lucha contra este
delito, con el que este año espera recaudar más de 8.000 millones de euros. El
plan incluye limitar al uso de efectivo en determinadas transacciones, una
medida inédita en España que ya se está aplicando en Francia, Italia y Grecia.
La idea es que a partir de una cierta cantidad, que puede rondar entre 1.000 y
3.000 euros, se obligue a empresas y profesionales a pagar a través de
transferencias bancarias o tarjetas de crédito, de manera que las operaciones
dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro. La
iniciativa ha sido bien recibida por los expertos, ya que si se pretende
corregir un déficit fiscal del 8% haciendo el menor daño posible al Estado del
bienestar, es imprescindible recaudar más a los que defraudan, que no son
pocos. Ahora toca implementar la medida. Y allí estará la funcionaria Viana, la
inspectora de Rajoy, para asegurarse de que así sea.
CincoDías.com / Carlos Otiniano - 07-01-2012 07:00
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