EL JUEZ, OBLIGADO A DECLARAR SIN TOGA, DESARMA A LA ACUSACIÓN

Garzón se defiende con un ataque: los abogados blanqueaban dinero de la ‘Gürtel’

El juez Baltasar Garzón durante el juicio (Efe). Carlos Fonseca 

El juez Baltasar Garzón salió vivo del interrogatorio a que le sometieron los abogados de la acusación, que una y otra vez intentaron demostrar que la intervención de sus conversaciones en prisión con los presuntos “cerebros” de la trama Gürtel fue ilegal y el objetivo de la misma era conocer su estrategia de defensa. Y lo hizo pasando al ataque contra algunos de los letrados investigados.

El magistrado reiteró en numerosas ocasiones que “pinchó” las conversaciones de los internos, no las de sus abogados, para evitar que ocultaran en paraísos fiscales más de 20 millones de euros procedentes de sus actividades ilícitas, y que adoptó todas las prevenciones para no perjudicar su derecho a la defensa. Garzón aseguró que algunos abogados tenían un papel clave en la trama como encargados de blanquear el dinero sucio de la misma.

El ex fiscal Ignacio Peláez abrió el turno de las acusaciones con un tono muy seco, recordando a Garzón que la ley sólo permite intervenir las comunicaciones entre los abogados y sus clientes en casos de terrorismo, y no en una investigación sobre una trama de corrupción. El magistrado respondió que la ley es interpretable, y añadió que si autorizó las intervenciones fue porque entendió que podía hacerlo y así se lo pidieron los policías que investigaban la trama de corrupción.

Los agentes temían que Francisco Correa y Pedro Crespo Sabaris, presuntos “cerebros” de la red de corrupción, sacaran de España dinero de la trama valiéndose de los que entonces eran sus abogados, que fueron posteriormente imputados. Letrados que, según Garzón, “eran parte nuclear de las actividades de la organización delictiva” y recibían órdenes de sus clientes durante sus encuentros en prisión.

“¿Qué instrucciones dio a quienes pincharon los teléfonos para que se preservara el derecho de defensa de nuestros clientes?”, volvió sobre el tema Peláez. “Se tomaron todas las precauciones –respondió Garzón- y prueba de ello es que ni una sola de las diligencias que se practicaron después tiene que ver con el contenido de las intervenciones (…) Perseguía un delito grave de corrupción; me interesaba muy poco la estrategia de la defensa”.

Garzón puso de relieve que la interceptación de las comunicaciones fue apoyada por el fiscal, que ni cuestionó ni recurrió ninguna de sus decisiones, y que una vez que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el nuevo juez instructor no solo no puso en duda las intervenciones, sino que las prorrogó en el tiempo.

Tras Peláez tomó la palabra Antonio Choclán Montalvo, letrado de Francisco Correa, que preguntó a Garzón por el motivo de no pedir a la Policía que solicitara la intervención de las comunicaciones de su cliente por escrito, y que tampoco él dejara por escrito su autorización. “Le aseguro que he dado muchas órdenes verbalmente, como la detención de la cúpula de Batasuna en 2007”, respondió el magistrado. Ambos requisitos, dijo, se cumplieron en un posterior informe de los investigadores en el que le pedían la prórroga de los “pinchazos”.

Choclán estuvo acertado cuando dijo a Garzón que si las intervenciones no tenían intención de conocer la estrategia de las defensas, “¿por qué el informe que la Policía elaboró sobre las mismas hablaba, entre otras cosas, de esa estrategia?”. El magistrado se escabulló y reiteró, una vez más, que ninguna de las diligencias que se practicaron posteriormente tienen relación con dichas conversaciones. Fue la única ocasión en que Garzón estuvo en aprietos.

El interrogatorio del tercer letrado de la acusación, Rodríguez Mourullo, fue el más flojo de todos. Se centró en las grabaciones y el sistema técnico utilizado; preguntó si el Ministerio del Interior, por ejemplo, tenía acceso a las mismas, y puso en duda que se incorporaran a la causa en su integridad. Metió la pata, porque Garzón le recordó que la Sala había rechazado por la mañana su petición de que se escucharan íntegramente para salir de dudas. “¿Escuchó las grabaciones?”, volvió el letrado a la carga. “La mecánica de funcionamiento de un juzgado es que las intervenciones se entregan al juez con un informe en el que la Policía Judicial evalúa su contenido, y si se considera necesario las escuchamos”.

El fiscal hizo un breve interrogatorio del que solo es reseñable la pregunta que hizo al acusado para saber si algún letrado no personado en la causa le había pedido autorización para entrevistarse con los encarcelados, como es preceptivo, a lo que Garzón contestó con un rotundo ‘no’. Es decir, que tanto Peláez como Choclán se encontraron en prisión con los que después serían sus clientes sin ser todavía sus abogados y sin haber pedido permiso al instructor. Ahí lo dejó.

Baena Bocanegra, abogado defensor, fue el último en intervenir y sus preguntas fueron dirigidas a que Garzón corroborara lo que ya había dicho: que podía intervenir las conversaciones, que lo hizo para evitar una fuga de dinero sucio y que en todo momento preservó el derecho a la defensa. Joaquín Giménez, presidente de la Sala, dio entonces por concluida la sesión.

Obligado a declarar sin toga

Garzón, al llegar a la sala, ha evitado ir al banquillo y se sentó en el estrado de la defensa, junto a su abogado, vestido con la toga negra de los letrados y las puñetas, el símbolo que le sigue distinguiendo como magistrado. Sin embargo, tras la dilucidación de las cuestiones previas y el receso para comer, cuando ha llegado la hora de los interrogatorios, el presidente del tribunal le ha obligado a despojarse de la toga y a testificar desde el centro de la sala