Es muy habitual que los hombres de izquierda
piensen que solamente ellos están capacitados para decir quién es demócrata y
quién no y quién cumple íntegramente los requisitos requeridos para ser un
progresista consumado. Pero en realidad, se trata de personas que no han sido
capaces de borrar totalmente los rastros que ha dejado en ellas el marxismo.
Cuando menos lo esperas, dejan ver la oreja y aparecen sus comportamientos
mesiánicos y totalitarios. Una conducta bastante frecuente en personajes como
Cayo Lara y Gaspar Llamazares, que se han dejado cautivar por la dictadura
cubana y que aún lloran la caída del Muro de Berlín.
No es normal que, a estas alturas de la
película, Cayo Lara y Gaspar Llamazares tengan ese tipo de actitudes y quieran
encabezar las procesiones absurdas en defensa de Baltasar Garzón. Pero aún así,
es perfectamente comprensible. Sin embargo, extraña bastante más la conducta
miserable del PSOE que, por lo que parece, siguen anclados en la primera mitad
del siglo pasado. Todavía no han sido capaces de desprenderse de los viejos
demonios que aprisionaron a su fundador Pablo Iglesias, y siguen haciendo causa
común con las huestes de Cayo Lara y en perfecta armonía con los titiriteros de
la ceja para atacar dialécticamente al Tribunal Supremo, por sentar en el
banquillo de los acusados a Baltasar Garzón.
Es evidente que Pablo Iglesias no creía en la
Justicia que no le diera la razón. Ahí están para confirmarlo las amenazantes
palabras que soltó en las cortes el 5 de mayo de 1910: “Este partido está en la
legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la
legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones”. Y los
socialistas de hoy, como su fundador, tampoco creen en la Justicia si ésta no
les es favorable y se adapta plenamente a sus expectativas. Por eso unen sus
voces a las de Cayo Lara, Llamazares y todo su séquito, entre los que destaca
Pilar Bardem y algunos jueces y fiscales, y corean juntos insultos de grueso
calibre contra los jueces del Tribunal Supremo. Entre otras lindezas, gritan
desaforadamente: “fuera fascistas del Tribunal Supremo”
o “Tribunal Supremo, suprema impunidad”.
Toda esta tropa se desgañita lanzando al aire
furibundas consignas contra el franquismo y contra los jueces del Tribunal
Supremo, entremezcladas con otras de apoyo al juez Garzón. Son incapaces de ver
que Baltasar Garzón se ha pasado unos cuantos pueblos al considerar que puede
impartir justicia, urbi et orbi, sin cortapisa alguna. Al
tratarse de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, tiene bula para
actuar como le venga en gana, venga o no venga a cuento. Los medios que se
utilicen son lo de menos. Todos son útiles y justificables, siempre que ayuden a
conseguir el fin propuesto. Justifica la intervención de las conversaciones de
los implicados en la “trama Gürtel” con sus abogados, ya que así impedía que
los miembros de esa red delictiva continuaran blanqueando dinero y evadiéndolo
fuera de España.
También encuentra escusas Garzón para investigar
los crímenes de la dictadura. Al no existir un censo de los desaparecidos en la
Guerra Civil, ni de las fosas comunes utilizadas durante la contienda, se
imponía una investigación seria y precisa para dar una satisfacción a los
represaliados por el franquismo. La amnistía general de 1977, según el juez
Garzón, solamente alcanza a Santiago Carrillo y a los demás responsables del
Gobierno de la República. Quedan fuera de su paraguas, sin embargo, los que se
levantaron en armas contra el Gobierno legítimo y el orden constitucional. Y es
que para Baltasar Garzón, en los asesinatos de Paracuellos, por ejemplo, no
había delito contra altos organismos de la Nación. Los asesinatos y las
desapariciones provocadas por Franco y sus secuaces “eran crímenes contra la
humanidad, de genocidio, que perduran en el tiempo” y que, por consiguiente,
“estaban dentro de la competencia de la Audiencia Nacional”. Para justificar su
actuación, aduce como jurisprudencia los juicios de Núremberg contra los
nazis.
En el caso Gürtel, digan lo que digan Garzón y
sus voceros, avasalló los derechos fundamentales de los inculpados al
suspender sus garantías procesales con las escuchas de las conversaciones,
realizadas en la cárcel con sus abogados. En el caso de la represión franquista
se excedió palpablemente en sus atribuciones jurídicas. Y es precisamente por
esto, por lo que está sentado en el banquillo de los acusados por segunda vez,
y no por investigar los crímenes del llamado bando nacional, como quieren
hacernos ver el coro mediático que le defiende y esa especie de jauría política
que le jalea a diario a las puertas del Tribunal Supremo.
Y aunque no venga al caso, Baltasar Garzón quiere
hacer ver a los jueces que lo juzgan que se sintió moralmente obligado a
investigar esos casos que obedecían a “un plan sistemático y preconcebido de
eliminación y desaparición de miles y miles de personas”. Y continua
impertérrito con su alegato: “No investigué crímenes políticos, sino delitos
contra la humanidad. Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima
de ideologías, porque aquí ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que
no habían sido atendidas en sus derechos y el juez tiene la obligación de
investigar esos hechos y dar protección”. Garzón insiste una y otra vez, en lo
que se refiere a este caso, que actuó siempre por encima de cualquier ideología.
Pero esto es lo de menos. Lo que se investiga aquí es si actuó por encima o de
acuerdo con la ley.
Los incondicionales del juez estrella no se
conforman con arroparle con todo entusiasmo en sus entradas y salidas del
tribunal que lo juzga. Entregaron además un escrito en el Supremo, solicitando
la dimisión de los integrantes de la Sala de lo Penal que lo juzgan y reclamando
“justicia democrática para el juez y para toda la ciudadanía española y verdad,
justicia y memoria para todas las víctimas de la dictadura del general Franco”.
Y por si todo esto fuera poco, organizaron una manifestación intimidatoria, a la
que asistieron juntamente con lo más granado de la izquierda díscola y sectaria
que padecemos, algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que, por lo
que parece, no tenían nada mejor que hacer.
El lema de esta manifestación no podía ser más
claro e impertinente: “Contra los juicios de la vergüenza. Contra los crímenes
del franquismo. En apoyo al juez Baltasar Garzón”. Estaba encabezada, como no
podía ser menos, por los líderes sindicalistas Ignacio Fernández Toxo y Cándido
Méndez; el coordinador de IU Cayo Lara y el diputado de esta coalición Gaspar
Llamazares; los socialistas Pedro Zerolo y Soraya Rodríguez y, faltaría más, la
impertinente Pilar Bardem, Marisa Paredes y Lola Herrera. Al mismo tiempo que la
manifestación, hubo concentraciones en Granada y en la localidad malagueña de
Vélez-Málaga para protestar contra los juicios abiertos al juez Garzón y para
homenajear a las víctimas de la Guerra Civil.
Son significativas las declaraciones de algunos
de los asistentes a esta manifestación. Según Cayo Lara, el Supremo, al juzgar a
Baltasar Garzón, está “tendiendo puentes de plata a la corrupción y un muro de
silencio al genocidio franquista”. No ha estado menos expresiva Soraya
Rodríguez, lamentando que se dude de la actuación de quien ha intentado en todo
momento “ aplicar con valentía la ley de memoria histórica, que no es un
ajuste de cuentas contra nadie, sino un encuentro con nuestra realidad”. Según
Cándido Méndez, el juez Garzón no ha hecho otra cosa que intentar hacer un
“saneamiento democrático” de la sociedad española, “para cerrar las heridas del
franquismo y que haya reconciliación”. La inefable Pilar Bardem va aún más lejos
y califica a este juez como “símbolo para los derechos humanos, que no son ni de
derechas ni de izquierdas”.
Una cosa queda muy clara. Esta izquierda que
padecemos solamente cree en la Justicia cuando les favorecen las resoluciones
judiciales, siempre que condenen, eso sí, a los de la otra acera ideológica, a
los de la derecha. Esto pone al descubierto el alto déficit democrático que
padece toda esta tropa cavernícola que no ha sabido homologarse con la izquierda
moderna de los países democráticos.
Gijón, 3 de febrero de 2012
José Luis Valladares FernándezCriterio Liberal. Diario de opinión Libre
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