"Al
trullo"
La juez Mercedes Alaya, que esta madrugada envió a prisión al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha estimado que son 617 las ayudas sociolaborales y 270 las ayudas directas a empresas otorgadas fraudulentamente, y la Fiscalía Anticorrupción calcula su importe en 933 millones de euros.
Guerrero es el primero del
medio centenar de imputados que entra en prisión y la juez aprovecha su auto
para rebatir a quienes vinculan sus decisiones con la campaña electoral
andaluza, acusaciones que reflejan "su absoluto y total desconocimiento de los
principios de justicia e independencia que rigen la función
jurisdiccional".
En un auto de prisión de 38
folios, al que ha tenido acceso EFE, la juez hace un resumen de lo investigado
hasta ahora y afirma que Guerrero, "en connivencia con otros", otorgó
esa serie de ayudas "de manera manifiestamente injusta y
arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas
próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del
PSOE".
Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos
pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma
andaluza", dice Alaya, que enumera entre otros los 50 millones de euros
que recibieron empresas de la Sierra Norte de Sevilla, creando un "enorme
agravio comparativo" con respecto al resto de la comunidad.
Las compañías de Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano
del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibieron más de 9
millones, aunque "el desarrollo de la investigación puede desvelar más ayudas
directas recibidas" tanto en este grupo empresarial como en otros, añade la
juez.
La Fiscalía Anticorrupción
pidió prisión para Guerrero alegando que la pena que puede corresponderle supera los
18 años de cárcel y solicitó, además, la imposición de una fianza de 933
millones de euros, importe de lo malversado, aspecto sobre el que la juez se
pronunciará la próxima semana.
Al término de tres días de
declaración en sesiones de mañana y tarde, la última cerrada a las 2:30 horas de
esta madrugada, la juez decretó prisión sin fianza para Guerrero, lo que
justificó por su riesgo de fuga al haber perdido ahora su "arraigo social y
laboral" y porque "podría estar recibiendo presiones externas" para eludir ahora
la acción de la justicia y así evitar que se conozcan hechos "que no haya
desvelado todavía". "Es ahora cuando se comienza a conocer la
gravedad de los indicios contra él y otras personas, cuando verdaderamente surge
ese riesgo de fuga", sostiene Alaya.
Entre otros, ya han sido
imputados en la causa el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el
exviceconsejero Agustín
Barberá; el ex director general de Trabajo Juan Márquez, su sucesor y
actual titular Daniel Alberto
Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, ninguno de los
cuales ha declarado aún.
El auto cita entre el
"largo elenco de personas a las que arbitrariamente favoreció el
imputado" a su exchófer Juan Francisco Trujillo, a quien
concedió 1,3 millones de euros para unas iniciativas empresariales para las que
"carecía de recursos materiales y personales para llevarlas a cabo" y otra ayuda
de 122.649 euros para su madre.
A su vez, Guerrero recibió del
chófer entre 40.000 y 60.000 euros en metálico, múltiples regalos como
antigüedades o un piano y cuando ambos terminaban su jornada laboral a mediodía
"acudían a establecimientos de copas, consumiendo alcohol y cocaína
a diario que Trujillo pagaba con el dinero de las ayudas
públicas", según el auto.
La juez enumera las
irregularidades que han aparecido en la primera decena de empresas investigadas
y cita, por ejemplo, que Surcolor
tenía aprobado un ERE para 24 trabajadores pero incluyó a 26 y pese a que las
indemnizaciones pactadas ascendían a 1,5 millones, las primas que pagó la Junta
ascendieron a 2,6 millones.
En su comparecencia judicial,
Guerrero implicó como conocedores del sistema y destino de las ayudas
investigadas al expresidente andaluz Manuel Chaves, al actual titular
José Antonio Griñán e incluso
a la portavoz de la Junta Mar
Moreno, y señaló como artífice del sistema al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, actual
diputado en el Congreso, lo que en caso de imputarle obligará a elevar la parte
de la causa referida a él al Tribunal Supremo. No seria extraño ver
aparecer la Guardia Civil en alguno de los actos electorales de PSOE y llevarse
detenidos a los varios de los candidatos.
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