La declaracion documentada ante la Guardia Civil de María José Rofa, asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre julio de 2008 y marzo de 2011 están dando la puntilla a José Antonio Griñán. Maria José Rofa, ha sido asesora de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social entre julio de 2008 y marzo de 2011. Rofa llegó a la Consejería de Empleo a los pocos meses de que Chaves jurara por última vez el cargo como presidente de la Junta y de que cesaran a Francisco Javier Guerrero. Antonio Fernández seguía siendo el consejero de Empleo y Juan Márquez Contreras el nuevo director general de Trabajo. Los dos últimos están imputados.
La asesora describe en la
documentación que se encuentra con un caos obsoluto en la gestión de los
expedientes. Los nueve años de Guerrero –ahora en prisión preventiva– al frente
de Trabajo dejan la herencia de una total ausencia de procedimiento para otorgar
las ayudas, partidas comprometidas sin
«soporte de convenio entre la Dirección
General de Trabajo y la agencia IDEA», un completo desorden en los
expedientes, la imposibilidad de verificar la legitimidad de los beneficiarios
de pólizas, e incluso el desconocimiento de cuánto debían a las aseguradoras.
Había dos opciones ante esta
encrucijada. Una reformulación total para virar hacia la legalidad, lo que
hubiera dado lugar a que se hubiera conocido el escándalo o hacer un torniquete
administrativo, ordenar en la medida de lo posible los papeles y seguir
adelante. Del
testimonio y la documentación de esta asesora se desprende que se optó
claramente por la segunda vía. La estrategia funcionó hasta que a principio de
2009 estalló el escándalo de las comisiones irregulares en Mercasevilla y, de
ese hilván, la aparición de los primeros intrusos en 2011.
Ante este caos, señaló Rofa a la
Guardia Civil que «cabía la anulabilidad de todos los actos
administrativos e instar la normativa legal que amparara a los beneficiarios que
pudiesen legítimamente aspirar a dichas ayudas, pero no se tuvo en cuenta dicha
opinión. De hecho, se me dijo que no era posible abordar dicho “escándalo” de
descontrol sin saber siquiera el fondo de lo que había por delante y qué es lo
que había firmado el saliente director general, Javier
Guerrero».
La primera tarea de Rofa fue «localizar documentación para verificar
datos», para lo que se ayudó de dos secretarias de Guerrero. Apremiaba
disponer de toda la información, porque tenían que remitirle los datos a
Hacienda para elaborar los Presupuestos de 2009, que fueron los últimos de los
que se encargó Griñán como consejero de Economía y Hacienda.
Se «planteó la reflexión de que así
no se podía trabajar». Faltaban «recursos y los expedientes no estaban
hechos conforme a «expedientes administrativos». En acuerdo con Juan Márquez
Contreras, se nombró a un equipo para normalizar la situación, entre ellos, a un
administrativo sobrino del director general. «Se tuvieron varios análisis con la Agencia
IDEA y la Consejería de Empleo», «entre los directivos acordaron seguir con el
mismo procedimiento –emanado del convenio de 2001 entre Empleo y el IFA sobre el
que alertó la Intervención General–, pero montando los expedientes conforme a
reglas de administración». «El objetivo era que lo antes posible todo el pasado
de Javier Guerrero quedara saldado».
El laxo sistema de custodia de los
expedientes cambió tras saltar el «caso
Mercasevilla», antes incluso de que estallara definitivamente la trama de
los ERE. «Desde el domingo 21 de noviembre de 2011 (puede que se refiera a 2010,
el 21 de noviembre de 2011 era lunes) los expedientes han estado bajo el control
de la Dirección General –con Daniel
Alberto Rivera al frente–, “se vaciaron
armarios, se tenían bajo llave con permiso de acceso de la asesora del consejero
y de la secretaria». «Desde mi entrevista del jueves 25 de noviembre (de 2010)
había un equipo de personas que no conocíamos trabajando con los expedientes en
la sala del fondo, con las persianas bajadas, parecían equipo del gabinete del
consejero», detalló.
La consigna era salvar a Francisco
Javier Guerrero. «La instrucción recibida desde
finales del verano de 2008 fue seguir montando los convenios para dar cobertura
a los compromisos asumidos por el anterior director general a fin de no
perjudicar a los beneficiarios (...) No había vuelta
atrás».
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