El afloramiento de las facturas impagadas por los ayuntamientos y comunidades va a tener una consecuencia muy relevante desde el punto de vista fiscal: muchas de estas facturas no han sido declaradas por los proveedores, que no pagaron en su día el IVA de las mismas al no cobrarlo ellos de la administración correspondiente. Se trata de una bolsa de fraude que puede suponer un porcentaje relevante de los 35.000 millones de deuda estimada por el Ministerio de Economía. (elconfidencial.com)
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