El nacionalismo catalán con el apoyo
de CIU y PSC que han estado acostumbrados a tener enfrente a gobernantes
desorientados y pusilánimes como a sido el anterior presidente del Gobierno de
Rodríguez Zapatero se están
dedicando desde tiempo a darle pellizcos de monja al Gobierno Central, sea con
referéndums independentistas, sea quitando la bandera del balcón del
ayuntamiento y ahora aprobando mociones como el Ayuntamiento de
Girona para que los ciudadanos se hagan insumisos, no cumplan con sus
obligaciones tributarias y desvíen sus pagos a una caja que no
es.
Los lamentos y las excusas son siempre
las mismas, que si pagan demasiados impuestos, que si Madrid les roba, que si
Cataluña esta marginada…siempre la misma cantinela para tener en ascuas a su
parroquia y no mire hacia donde están los verdaderos problemas. Todo lo que sea,
menos mirarse en el espejo y llegar a la
conclusión de que el dinero que
se están gastando a manos llenas en delirios identitarios y propaganda, les impide tener el dinero necesario para una
sanidad o una educación en igualdad con cualquier otra autonomía.
Pues bien, parece evidente que los
miembros del pleno del Ayuntamiento de Gerona deben confiar muy firmemente en
que el Ejecutivo de Rajoy no ejercerá estas facultades, ni tampoco instará a la
fiscalía a actuar en el ámbito penal, desde el mismo momento en que han votado
favorablemente una resolución que respalda, nada menos, que la insumisión fiscal contra la Hacienda
del Estado Español. La moción, presentada por la agrupación separatista de
la CUP, ha sido aprobada gracias también a los votos favorables de ICV y a la
abstención de CiU y PSC. Los únicos
votos en contra han sido los del PP. El
ayuntamiento de Girona debe saber que el siguiente paso de sus ciudadanos ante
tales consejos, será dejar de pagar el IBI o la tasa de
basuras.
El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permite al Consejo de
Ministros "proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de
las corporaciones locales en los supuestos de gestión gravemente dañosa para los
intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones
constitucionales".
Y también hay que advertirles a
aquellos ciudadanos que sigan la consigna de este ayuntamiento que la ley está
para todos y que esta rebeldía puede costarles individualmente severas sanciones
en contra de su patrimonio.
Es probable, efectivamente, que desde
el gobierno de la nación no se responda a este gravísimo desafío contra el
ordenamiento constitucional vigente, bien por que se le quite importancia, bien
porque lo consideren un mero "brindis al
sol" sin mayores consecuencias. De hecho, la única reacción en el ámbito
nacional acorde a esta rebelión institucionalizada sin parangón en ningún otro
país civilizado ha sido la de la dirigente de UPyD, Rosa Diez, quien ha preguntado al
presidente del gobierno si "va a hacer algo" al respecto y si
"la Constitución va a seguir estando vigente
en Cataluña".
En cualquier caso, conviene recordar
que en algunos aspectos la Constitución
ha dejado de estar vigente en Cataluña desde hace mucho tiempo. Así lo
ejemplifican la celebración ilegal de no pocos referéndums de autodeterminación,
o la inconstitucional y vigente inmersión lingüística que erradica el español
como lengua vehicular en la enseñanza catalana, o los acuerdos de investidura de
Mas, quien logró la abstención del PSC a cambio del compromiso público de hacer
caso omiso a la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo que amparaba el
derecho de los catalanes a estudiar también en español. En este sentido, la
insumisión fiscal, aprobada en el Ayuntamiento de Gerona, o el no menos reciente
apoyo "jurídico e institucional" que el gobierno de Artur Mas acaba de ofrecer a los
ayuntamientos que retiren la bandera de España de los edificios oficiales nos
son más que nuevos pasos en la tarea de demolición de nuestra nación entendida
como Estado de Derecho; pasos que los nacionalistas han dado en la confianza,
muchas veces confirmada, de que quienes tienen que impedirlo no harán nada.
El tiempo dirá si, también en este
caso de la insumisión fiscal, esa confianza nacionalista está fundada. En este
momento hace falta algún tipo de actuación o al menos de declaración de
intenciones sobre estas cuestiones por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
Sobre las intenciones de los nacionalistas ya tenemos conocimiento. De lo que no hay ninguna duda que si
los nacionalistas pinchan y notan blando seguirán
profundizando.
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