PyD pide al Gobierno la readmisión de agentes de la Guardia Civil
Guerra: “Es de justicia que se les restablezcan sus derechos”
Jessica Púa Castillo: El Grupo Parlamentario de Unión, Progreso y Democracia, ha presentado Proposición no de Ley en el Congreso relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil perseguidos y expulsados del servicio en su día, por solicitar el derecho de asociación amparado en el artículo 22 de la Constitución. El paso de los años ha demostrado, según UPyD, que las reivindicaciones realizadas en su día por los movimientos sindicales clandestinos y, posteriormente, por las asociaciones de guardias civiles eran justas y, que el poder político, tras varios años, las ha acometido por considerarlas necesarias para la modernización y puesta al día de este colectivo.
Guardias Civiles Represeliados
Para el coordinador local de la formación magenta, Emilio Guerra, “debe procederse a la rehabilitación de los guardias civiles injustamente represaliados por solicitar de forma pacífica el reconocimiento de los derechos constitucionales para su colectivo, que hoy, con muchos años de retraso, finalmente se les reconoce”. Además, se reclama su regreso con todos los derechos a la carrera de la que fueron injustamente separados. Es el caso del Sargento 1.º José Morata Gargallo, el Cabo 1.º Manuel Rosa Recuerda, el Guardia 2.º Manuel Linde Falero y el Guardia 2.º José Carlos Piñeiro González. Recordemos que la lucha de los agentes recibió en noviembre de 2006 el reconocimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenó al Gobierno Español por la aplicación del Real Decreto de las Fuerzas Armadas por ser ilegal. El órgano judicial establecía que el citado régimen carecía del principio de legalidad y seguridad jurídica. UPyD, insta al Gobierno con la propuesta: revisar de manera inmediata e individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando a todos sus efectos todas las sanciones injustas y que se adopten las medidas para cumplir el acuerdo del Parlamento, resarciendo en todo caso a los perjudicados que hayan sufrido la consecuencia de 105 actos y decisiones adoptados en su día sobre la base de un régimen disciplinario posteriormente declarado ilegal.
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