Somos muchos los que hemos criticado duramente a
José Luis Rodríguez Zapatero por su enorme torpeza a la hora de hacer frente a
la crisis económica. Al intentar atajar esta crisis a base de improvisaciones y
con escasas medidas, todas ellas manifiestamente ineficientes, ni siquiera fue
capaz de paliar los devastadores efectos de la misma y mucho menos evitar que se
convirtiera en la más grave y peligrosa de nuestra historia. El Partido Popular,
con Mariano Rajoy a la cabeza, censuró frecuentemente, y sin piedad alguna,
esta actitud irresponsable del anterior presidente del Gobierno.
Rajoy mismo, desde la tribuna del Congreso de los
Diputados, le echaba en cara de vez en cuando su prolongado empecinamiento en
negar la crisis y que con su falta de decisión para adoptar medidas oportunas
para minimizar la crisis, no generaba confianza alguna en los mercados
financieros. No andaba muy descaminado Mariano Rajoy cuando afirmaba
rotundamente que el Gobierno de Zapatero, lejos de solucionar la crisis, la
agravaba considerablemente con sus improvisaciones y sus “ocurrencias”
ocasionales proponiendo hoy una cosa y otra muy distinta al día siguiente.
En las elecciones del pasado día 20 de noviembre,
Mariano Rajoy cosechó un gran triunfo, logrando la mayoría absoluta más amplia
de toda nuestra historia democrática. Tan pronto se hizo cargo del Gobierno,
sorprendió a todos con una serie de reformas, todas ellas necesarias y
extraordinariamente valientes, entre las que destacaba la reforma laboral. Esto
hizo pensar a los españoles, a los miembros de la Unión Europea que, por fin,
había un Gobierno serio y riguroso, con las ideas claras para poner en orden
nuestra economía. Y como es lógico, se calmaron momentáneamente los mercados y
se moderó la prima de riesgo.
Pero todo fue un espejismo pasajero. El hechizo
terminó muy pronto al ver que el Gobierno se contentaba con andar por las ramas
y daba muestras de que no se atrevía a taponar el principal sumidero por donde
se van ingentes cantidades de dinero público. Después de su entusiasmo inicial,
se arruga ante la necesidad perentoria de adelgazar nuestra elefantiásica
administración, suprimiendo puestos repetidos hasta diecisiete veces, eliminando
organismos inútiles que no sirven más que para gastar dinero y recuperando para
el Estado aquellas competencias que son básicas para conservar la unidad y la
igualdad de todos los españoles, como es el caso de la Educación, la Sanidad y
la Justicia.
En vez de cortar decididamente tanto derroche
privatizando las televisiones públicas y las autonómicas, acabando de una vez
con la cultura de la subvención y suprimiendo los chiringuitos políticos, el
exceso de asesores y los cargos de confianza inútiles, se limitan a poner paños
calientes ideando auténticas “ocurrencias” que les llevan a recortar donde, en
realidad, hay muy poco que recortar. Y así hacen pagar el pato a los de
siempre, a los de la sufrida clase media que, además, tienen muy poco margen de
respuesta. Y encima, dando la sensación de que se les está engañando
miserablemente.
En el Partido Popular, en efecto, siempre se ha
estado contra la subida de impuestos, por lo menos de una manera teórica, pues,
según dicen, se recauda bastante más dinero si los impuestos son moderados y no
extremadamente altos. El mismo Rajoy, durante la campaña electoral, prometió
solemnemente no subir ninguno de los impuestos. Pero el hachazo llegó sin que lo
esperara nadie con la subida del IRPF, en una proporción que va del 0,75% al 7%,
con varios valores intermedios, siempre de acuerdo con el montante de los
ingresos. Sube también el tipo de gravamen de las rentas del ahorro un 2%, un
4% o un 6% según el volumen del ahorro. Y por último sube el IBI, la
contribución urbana que se paga simplemente por poseer algún inmueble. Y esta
subida será del 4%, el 6% o el 10%, dependiendo, claro está, de la antigüedad de
la revisión catastral.
Por si esto fuera poco, se encareció
considerablemente la luz, el gas y el transporte. Con las subidas inesperadas de
impuestos y la elevación descarada del precio de artículos básicos, no se
arregla la situación pero se desestabiliza gravemente los presupuestos de muchas
familias españolas. Para hacer algo diferente a José Luis Rodríguez Zapatero,
Rajoy prometió solemnemente en su discurso de investidura no recortar salarios
y revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC previsto. Y aunque
materialmente cumplió esta promesa, en realidad es como si hubiera hecho esos
recortes de frente. Pues la subida de impuestos, y más si va asociada a una
elevación generalizada de los artículos más utilizados por todos, supone siempre
un recorte notable de los salarios y de las pensiones.
Pero aún hay más. Una vez que el nuevo Gobierno
manifiesta palpablemente que no va a tocar nuestra estructura administrativa, y
que renuncia a exigir que se cumpla estrictamente la ley en las taifas díscolas
para poner fin a tanto desmadre autonómico, vuelve la desconfianza de los
mercados financieros, se dispara otra vez la prima de riesgo y se desploma la
bolsa. Está meridianamente claro que la falta de valentía del Gobierno y la
actitud irresponsable de la oposición y de los sindicatos de clase nos han
devuelto al borde de la intervención.
Como no hay dinero para pagar los servicios
básicos, tal como ha reconocido Rajoy, el Gobierno trata de solucionar los
problemas a base de parches y por entregas, que es tanto como no solucionar
nada. Pervirtiendo intencionadamente el lenguaje, la ministra del ramo dice que,
para que la sanidad siga siendo “pública, universal y gratuita”, los perceptores
de una pensión pública contributiva tienen que costear parte de los medicamentes
que utilicen. Si abonamos algo por los medicamentos ya no estamos ante un
servicio gratuito, y eso sin contar que la sanidad la hemos ido pagando a lo
largo de la vida laboral. También habla de un “pago compartido”, sabiendo
perfectamente que se trata de un sobrecoste decretado por decisión política,
obviando otras fórmulas de ahorro mucho más efectivas y justas.
Estamos posiblemente ante la medida más injusta
de cuantas ha tomado el Gobierno de Rajoy. No es de recibo que se imponga a los
pensionistas un gravamen extra para mantener su salud. Hay que tener en cuenta
que, durante muchos años, estuvieron cotizando religiosamente a la seguridad
social y que no son culpables en absoluto de los despilfarros que han vaciado
las arcas del sistema público de previsión social. No fueron ellos los que
impusieron el actual sistema de reparto para cubrir eficientemente las
necesidades sanitarias de quienes no cotizaron al sistema, de los extranjeros
que aterrizan ilegalmente en nuestra tierra y de los que practican el turismo
sanitario. No es de recibo que se sigan cubriendo gratuitamente los caprichos
excusables de algunos, como el cambio de sexo, y se exija a los jubilados que
abonen un canon por una prótesis de cadera o rodilla.
Se disculpa Mariano Rajoy, indicando que
semejante medida supone muy pocos euros al mes. Va aún más lejos el secretario
nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular y actual Consejero
de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, con su insolente
afirmación de que el copago farmacéutico de los pensionistas “solo son cuatro
cafés al mes”. Como se han movido siempre con sueldos de escándalo, no piensan
que, una inmensa mayoría de jubilados está viviendo al límite de sus
posibilidades. Y el gasto de esos ocho euros en medicinas supone para ellos un
gran sacrificio, sobre todo si se trata de enfermos crónicos. Nada que ver con
el sacrificio baladí de los que así hablan cuando se gastan alegremente 2.000 o
3.000 euros en simples banalidades.
No es de recibo la justificación de este nuevo
canon dada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
regentado por Ana Mato. Dicen que pagamos menos impuestos que en el resto de
países europeos. Ni más ni menos, la misma disculpa que han dado habitualmente
los socialistas en circunstancias similares, por ejemplo, cuando subieron el
IVA. Y tanto los socialistas entonces, como ahora los responsables del Partido
Popular, silencian descaradamente que nuestro poder adquisitivo es bastante
inferior al de esos países europeos que, es verdad, soportan una carga
impositiva superior a la nuestra.
Como Mariano Rajoy no entra decididamente en el
fondo de nuestro mayor problema, continuará abierto el sumidero de nuestra
desmesurada estructura administrativa, por donde se va desgraciadamente la mayor
parte de nuestro dinero. Nuestros ingresos no dan para tanto. Pero aún así no
hay ningún otro país que compita con nosotros en defensores del pueblo, tenemos
más altos cargos y muchos más asesores y jefes de protocolo que nadie. Y esto
cuesta mucho dinero. Menos mal que, aunque tarde, arregló en parte lo de RTVE,
eliminando consejeros y dejando sin sueldo a los que quedan. Y digo en parte,
porque debiera haber ido más lejos, poniendo en marcha su privatización y
urgiendo a las distintas comunidades que hicieran lo propio con sus televisiones
autonómicas.
Al no reducir drásticamente nuestros exagerados
gastos corrientes, continuaremos con muchos frentes abiertos, cuya atención
simultanea es poco menos que imposible porque escasea el dinero. Y querer cerrar
tanto foco por entregas, por muy buena voluntad que pongan los miembros del
Gobierno, no va a resultar efectivo, ya que antes de cerrar definitivamente
alguno de ellos, aparecerán otros nuevos, tan apremiantes o más que los
anteriores. La urgencia de alguno de esos problemas y la falta endémica de
fondos suficientes, obligará a los ministros a romper, muy a su pesar, alguna de
sus promesas, por muy sinceras y solemnes que estas sean. Y lo que es peor de
todo, darán la desagradable sensación de que nos están mintiendo.
Es lo que pasó al principio de la legislatura con
el IRPF y volvió a pasar ahora con el copago y con las tasas universitarias, a
pesar de las famosas líneas rojas que, según decían, marcaban claramente hasta
dónde se podía llegar en sanidad y en educación. Y es muy posible que, antes de
lo que pensamos, ocurra lo mismo con otras tasas fiscales. Aunque el Gobierno lo
niega, cada vez son más numerosos e insistentes los rumores de que está próxima
una nueva subida del IVA y de que vamos a tener que pagar peaje hasta por
circular por las carreteras normales.Gijón, 24 de abril de 2012 José Luis Valladares Fernández Criterio
Liberal. Diario de opinión Libre.
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