La Dirección General de la Guardia Civil se dedica a censurar toda aquella información que favorece los derechos fundamentales de los guardias civiles.
El ejemplo más reciente lo vimos con ocasión de la convocatoria de manifestación realizada por las asociaciones profesionales el pasado 18 de septiembre de 2010. Entonces, la Dirección General colgó en la intranet OFICIAL la Resolución de la Subdelegación de Gobierno por la que se prohibía la misma.
Sin embargo, la sentencia posterior por la que el Tribunal autorizó la manifestación no fue publicada pese a ser demandado en numerosas ocasiones por la Unión de Oficiales.
Otro ejemplo que ilustra a la perfección la manipulación informativa de la Dirección General es la sentencia del Tribunal Supremo en la que se defiende el derecho de los Guardias Civiles a quejarse e informar públicamente de sus condiciones laborales y que, obviamente, tampoco fue publicada pese a ser de evidente interés general.
Sin embargo, si que se ha publicado recientemente una sentencia del Tribunal Supremo por la que se condena a un Guardia Civil por realizar manifestaciones contrarias a la disciplina y que, pese a ser de fecha anterior a la que afirma que los guardias civiles pueden quejarse de sus condiciones laborales, se ha reutilizado para intentar desvirtuar la legalidad de reclamar derechos por parte de los Guardias Civiles.
Lo paradójico del asunto no es el uso interesado de una página web OFICIAL y pública al servicio de la administración general del estado y, consecuentemente, de sus administrados sino que sólo tengan eco en dicha web corporativa aquellas sentencias de un marcado carácter restrictivo de los derechos y libertades que tanto han costado conseguir. Es decir, el propio gobierno que aprobó la ley de derechos y deberes de los guardias civiles parece más interesado en la prohibición y restricción de derechos y libertades que en su fomento.
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