La semana pasada han ocurrido varias
cosas en el campo de la educación que, aunque no tienen mayor importancia
consideradas individualmente, ponen de manifiesto algunos de los graves
problemas a los que se enfrenta hoy la educación de los ciudadanos.
Hace unos días tuvo lugar en todo el país
una huelga en el sector de la enseñanza, que afectó también a la universidad.
Aunque su seguimiento fue muy pequeño y la gran mayoría de los estudiantes la
recibieron con la más absoluta indiferencia, puso de manifiesto la oposición de
una parte del profesorado y –lo que es aun más importante– de muchos órganos de
gobierno a cualquier programa de reducción de gastos y racionalización de los
ingresos; y esto ocurre en una institución que, si algo necesita, es
precisamente racionalización y sentido común.
Casi al mismo tiempo tuvo lugar un boicot
de la mayor parte de los rectores españoles a una reunión con el ministro por su
oposición a un decreto, bastante sensato, por cierto, que trata de poner un
pequeño parche en una crisis económica muy grave de la que parece difícil que la
universidad pueda salir sin modificar de forma sustancial sus actuales
estructuras. Una universidad que parece haber perdido el norte y no se da
cuenta de que sólo tiene futuro si es capaz de introducir cambios sustanciales
en su organización y gestión.
Piden más inversión, más profesores, lo
que en la práctica podría traducirse en una enseñanza más personalizada nos da
peores resultados. ¿Qué falla ahí? Invertimos cantidades importantes en
educación y pese a todo nuestro resultados no son buenos, en algunos aspectos
han empeorado en los últimos diez años.
A un rector de una universidad española
que, preguntado por el exceso de centros universitarios que existe en nuestro
país parece que contestó: "Decir que sobran universidades es
antisocial". Sorprendentemente a este buen señor no le parece antisocial
quitar a todos los ciudadanos españoles una parte de sus ingresos para mantener
centros de enseñanza irrelevantes que muy poco aportan a quienes los
pagan.
Es evidente que con el decreto del
ministerio no se arreglan los problemas de una universidad. Cuando el país ha
hecho un enorme esfuerzo en dotar de fondos a la institución universitaria y el
resultado es que, de forma sistemática, ninguna universidad española ocupa un
lugar destacado en el contexto mundial y en los índices más conocidos todas se
encuentran más allá del número 200, parece claro que algo ha fallado... y, desde
luego, sigue fallando.
España tiene importantes carencias en
materia educativa. Basta con observar los informes internacionales –referencias
incuestionables a nivel mundial– para darse cuenta de la terrible desventaja en
la que se encuentran los alumnos españoles en relación a los de otros países
desarrollados. Según datos del último informe PISA, España ocupa el tercer
puesto por la cola de un total de 19 países en Lectura. Nos superan países como
Grecia, Portugal, Francia o Reino Unido.
También estamos por debajo de la media
europea en Matemáticas y Ciencias. Ante estos resultados lo más recurrente,
sobre todo por aquellos que siguen negando que el problema pueda estar en el
modelo educativo, es dirigirse a comparar el esfuerzo económico que realizan los
países de nuestro entorno y cuanta es la inversión en el nuestro en lo que a
educación se refiere. Curiosamente no es este un terreno donde nuestro país se
encuentre en desventaja. El gasto de España en educación es un 20% superior al
de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Tampoco nuestra situación es
precaria en relación al profesorado. Nuestra ratio en relación al número de
alumnos por profesor en educación secundaria se sitúa en 8,5 frente al 12,1 de
la Unión Europea. Sin embargo tenemos un abandono educativo temprano, el 28,4%,
que dobla la media europea.
Si dirigimos nuestra mirada hacia la
universidad los datos son similares. Importante esfuerzo económico, el gasto por
alumno entre 1995 y 2008 se incrementó un 38% frente al 14% de media de la OCDE
y a pesar de la amplia oferta, 79 universidades, ninguna entre las 150 primeras
del mundo.
A lo largo de las últimas décadas se
ha creado un número desproporcionado de centros universitarios, la mayoría de
los cuales tienen unos niveles de calidad muy bajos; y, lo que es aun más
peregrino, con ínfulas de convertirse en centros de investigación. Se duplican
funciones y se mantienen titulaciones y departamentos sin un mínimo sentido de
la oportunidad y sin importar lo más mínimo lo que le cuestan al contribuyente.
Las consecuencias están a la vista.
Es evidente que algo falla en el sistema
educativo español. Estamos destinando importantes recursos a un sistema
fallido. Un sistema que desterró de las aulas la cultura del esfuerzo, el
respeto por el profesorado, la búsqueda de la excelencia, la transparencia, la
rendición de cuentas. Un sistema que se desarrolló en el conformismo y que
justificó su existencia en la inversión sin límites.
Estamos a tiempo de cambiarlo. El peor
enemigo de la educación española es el inmovilismo.Ninguna de las medidas
adoptadas por el gobierno para la racionalización del gasto incidirá en la
calidad del actual sistema. Son medidas similares a las que se aplican en el
resto de Europa con mejores resultados. Lo único que puede incidir en la mejora
de la calidad es la reforma del sistema. Comenzando por dotar al profesorado de
un Estatuto que diseñe un verdadera carrera profesional, cambiando el sistema de
acceso, reformando la Educación Secundaria, ampliando el Bachillerato a tres
años –como existe en la mayoría de países europeos– fortaleciendo los contenidos
comunes y las materias instrumentales, aplicando una política de evaluación y
transparencia, en definitiva, olvidando el modelo educativo socialista para
dirigirnos a la educación del futuro.
En pocas palabras, es el momento de
empezar a ver de otra forma la universidad española. Para un ministro de
Educación lo importante deben ser los ciudadanos, no los burócratas que hoy
controlan nuestros centros universitarios.
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