La banca tiene bula, y Rajoy un grave problema
Carlos Sánchez.- 06/05/2012
La retención de bulas es una figura jurídica ya en desuso; aunque en otro tiempo fue moneda de uso corriente. Se conoce con este nombre -también con el de ‘pase regio’- la facultad que tenían los reyes españoles de examinar las bulas papales llegadas de Roma. Estas bulas eran de obligado cumplimiento, pero ocurría que cuando los reyes consideraban quelesionaban sus derechos, lo que hacían era retenerlas para evitar su aplicación. Por el contrario, cuando estimaban que no les perjudicaban, permitían la ejecución de las normas en sus reinos. Es decir, una especie deley del embudo.
Debido a esta práctica, no todo el Derecho canónico emanado de Roma -ahora hablaríamos de Bruselas- rigió en España, lo que contribuyó a crear un ordenamiento legal de carácter nacional. Ni que decir tiene que esta actitud provocó todo tipo de privilegios en favor de unos pocos (los más cercanos al poder absoluto del rey).
Eso es, en cierta medida, lo que ha pasado en los últimos años en el caso de la banca. El anterior Gobierno fue incapaz de poner pie en pared, y hoy, casi cinco años después del estallido de las célebres hipotecas subprime, este país continúa mareando la perdiz sobre qué hacer con un sistema financiero agujerado por el ladrillo: casi 400.000 millones entre promoción inmobiliaria y construcción. Mientras que en otros países se nacionalizó parte del sistema financiero o se le recapitalizó ‘manu militari’, en España se aprobaban normas y normas incapaces de identificar la naturaleza del problema.
Existe, en este sentido, un esclarecedor documento del profesor Tano Santos, de la Universidad de Columbia, en el que se relatan una a una las medidas tomadas en los últimos cuatro años -al menos catorce de cierta transcendencia incluidas varias intervenciones- que demuestra cómo ninguna de ellas ha ido al fondo del problema, que no es otro que sacar el ladrillo de los balances para que las entidades se dediquen a lo suyo: prestar dinero en un marco de competencia.
Este privilegio de la banca española -prácticamente la única que continuó repartiendo fuertesdividendos tras el desplome de Lehman Brothers- explica buena parte de los problemas actuales. Estamos ante una especie de bula de nuevo tipo que recuerda aquella que publicó el papa Bonifacio VIII en la que afirmaba la superioridad del poder espiritual (léase el financiero) sobre el poder político.
La gran mentira de los beneficios
Sería injusto, sin embargo, generalizar o ponzoñar la parte sana del sistema (que la hay); pero es más que evidente que la timorata actuación de los poderes públicos con una parte del sistema financiero -en particular ciertas cajas de ahorros- justifica las presiones que están ejerciendo en las últimas semanas el FMI, el BCE y las cancillerías de media Europa sobre Rajoy para que España resuelva de una vez por todas sus problemas bancarios. Aunque ello suponga que algunas entidades declaren fuertes pérdidas. Es lo que ha ocurrido en otros países (ING, Societé Générale, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Royal Bank, Commerzbank…) y no ha sucedido nada, más allá del daño patrimonial a sus accionistas. Pero aquí hasta la CAM daba beneficios horas antes de ser intervenida con un agujero mil millonario.
Por supuesto que los responsables últimos de tanto disparate no son las propias entidades. Si hay un sector regulado es el financiero, por lo que por pura coherencia cabe pensar que quienes han permitido llegar a esta situación -el orden es lo de menos- son el Ministerio de Economía y el Banco de España, que han pasado más miedo que Cagancho en Almagro a la hora de sanear los balances bancarios. El ministro De Guindos lo intentó con la primera reforma del sistema financiero, pero es algo más evidente que ha fallado. Ya se sabe que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
Básicamente porque ha intentado salvar los muebles bancarios impulsando una nueva ronda de fusiones, sin duda necesaria, pero no en estos momentos. Es un error que la economía española está pagando en términos de empleo y de crecimiento. Las entidades insolventes deben ir a la quiebra.
Es obvio que no hay sistema financiero capaz de enfrentarse al mismo tiempo a un aumento de los requerimientos de capital (Basilea dixit), a un proceso de fusiones en el sector y a un saneamiento de sus balances, aunque sea parcial (52.000 millones de euros).
Y todo ello en un contexto macroeconómico dramático en el que la demanda de crédito solvente se ha deteriorado de forma importante, y que obliga a los bancos –aunque sea de forma bien remunerada- a comprar deuda pública a espuertas. Algo que provoca un efecto perverso. La crisis de ingresos del Estado penaliza sus balances al producirse una depreciación del valor de sus activos en renta fija; lo cual, a su vez, contagia al propio Gobierno, sacudido por los mercados ante los problemas de su sistema financiero. En suma una especie de círculo vicioso que ningún Gobierno -se ha abusado del gradualismo a la hora de abordar este problema- ha sido capaz resolver. Y eso que los problemas vienen de lejos.
Expurgar los balances bancarios
En este sentido, no estaría de más rescatar el comentario que hizo un lector de este periódico el 30 de enero de 2009 -sí han leído bien- cuando proponía lo más inteligente: expurgar los balances bancarios. Este era el comentario de ‘burgondio’:
“El problema de fondo es que los bancos no quieren dar un valor actual de mercado, a los activos que responden de los préstamos que concedieron. Si los precios se actualizaran, bajarían considerablemente y eso pesaría en el balance de los bancos. El galopante aumento del paro, con su consiguiente efecto en el impago de las hipotecas, va a provocar un aumento cada vez mayor del índice de morosidad. Los bancos, llegará un momento, en el que no tendrán más remedio que subastar los pisos, para cobrar lo que puedan de la deuda, ante una cada vez mayor falta de liquidez. Esto se va a reflejar en el balance de los bancos”.
Se desconoce si alguna autoridad económica leyó el comentario, pero parece obvio que un buen diagnóstico de la situación hubiera evitado, por ejemplo, que muchas empresas hubieran cerrado por falta de crédito o que se hubiera pinchado la propensión al consumo de las familias por el desplome de los valores bursátiles. La renta de las familias, ya se sabe, está muy condicionada por la confianza en la economía y por la evolución de los mercados.
Ahora, el nuevo Gobierno, timorato en esta materia más allá de guiños populistas como regular el sueldo de los banqueros, tiene sobre la mesa la oportunidad de hacerlo, y lo lógico es concederle elbeneficio de la duda. Pero no es menos obvio que el tiempo apremia, y que en la economía másbancarizada de Europa -una sucursal en cada esquina y un nivel de endeudamiento feroz-, es mejor un mal rescate externo del sistema financiero que condenar al país areptar por el suelo trimestre tras trimestre. Para lo cual es condición indispensable desconectar el endeudamiento público de los balances bancarios.
Y parece evidente que la creación de un banco malo o de un vehículo de similares características es la solución más eficaz -aunque sea con dinero del FMI o de la UE- para evitar que la economía engendre lo que podría denominarse la maldición de Aristóbulo de Juan, que se produce cuando los problemas de insolvencia se resuelven a medias (mediante fusiones artificiales) y el sistema resultante es frágil con el riesgo de quedar poblado de instituciones enfermas. Como ha dicho De Juan, uno de los ‘padres’ de la reconversión bancaria de los 70 y los 80, “cuando se fusionan entidades enfermas, se dificulta la afloración de situaciones de insolvencia, privando de base jurídica a la necesaria intervención. Sin contar con que se mantienen los administradores y los gestores anteriores”.
Y la prueba del nueve no es otra que la concesión de créditos, que continúa en niveles inconsistentes con las necesidades del país. Emilio Botín, que tiene mucho que ver con lo mal que ha afrontado este país la crisis, se equivoca cuando sostiene que España “no necesita un banco malo, y punto”. Lo que no es bueno para el Santander, a veces es bueno para España
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