El Congreso de los Diputados aprobó
la Ley de Transparencia con la premisa de que no hay democracia si
el ciudadano no tiene acceso a la información que sustenta las decisiones sobre cómo se gasta el dinero público o cuál es el nivel de eficiencia de los
servicios. El Gobierno Rajoy hacía este 18 de mayo de 2012 un canto al derecho a
la información de todos los ciudadanos tras aprobar el anteproyecto de Ley de
Transparencia a la que van a quedar sujetos todos los cargos de las
Administraciones Públicas, quedando exentos la monarquía, los partidos políticos
y los sindicatos.
El anteproyecto aprobado
ayer sufre de una carencia esencial que hace dudar de que vaya a servir para
algo: que no incluye mecanismos
coercitivos ni punitivos en caso de incumplimiento de esas obligaciones de
suministrar información.
La lectura literal de la reseña divulgada
por el Gobierno sobre este anteproyecto suscita las ganas de aplaudir porque
estamos ante la enumeración de unos bellos principios. Pero al final todo queda
en manos de la voluntad de los funcionarios, a los que se les proporciona la
coartada «del perjuicio al interés público» para no proporcionar
una información a los ciudadanos.
Si no se logra ser transparente en lo
grande, difícilmente se será en lo pequeño porque el acceso a la información
forma parte de una cultura política y de una forma de ejercer el poder que es
habitual en los países nórdicos, pero que brilla por su ausencia en España,
Italia y otros países latinos.
La transparencia es mucho más que una
simple ley que luego se incumple y tiene que demostrarse en el día a día. Porque
hay mucho que explicar sobre el desplome del valor de Bankia en Bolsa y su
repentino subidón, que han permitido a unos cuantos listos hacer una fortuna a
cuenta de los incautos y de miles de familias ahorradoras, mientras al mismo
tiempo y en el mismo lugar el Partido Popular rechazaba las comparecencias en el
Congreso de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de
España, de Rodrigo Rato y de su predecesor Miguel Blesa para dar
explicaciones sobre la crisis de Bankia.
La contradicción del Gobierno en este
asunto es evidente: se aprueba una norma en la que se obliga a las
Administraciones Públicas a facilitar información sobre contratos, cuentas y
procedimientos, pero a la vez el Gobierno veta tres comparecencias solicitadas
por el PSOE para esclarecer los motivos de la nacionalización del cuarto banco
del país y el coste que va a tener para las arcas
públicas.
¿Por qué no van al Congreso a explicar la
pifia de Bankia como pide el PSOE Fernández Ordóñez, Rato, Blesa y Olivas
tal como había pedido anteriormente el propio PP en el caso de Fernandez
Ordoñez? ¿No será que el PP tiene mucho que contarnos sobre este
asunto?
Rajoy ha tenido la oportunidad de acabar de una vez por todas con esas zonas opacas, impropias de las democracias maduras en las que resulta imperativo la información constante a todos los ciudadanos de la manera en que otros gastan su dinero. Por desgracia para todos, ha decidido desaprovecharla. Que nadie se queje si el prestigio y la imagen de esos privilegiados continúa derrumbándose al preocupante ritmo actual.
La transparencia no reside en
crear un portal en internet, sino en esa permanente rendición de cuentas de las
instituciones del Estado a los ciudadanos y en la correspondiente asunción de
responsabilidades. Si no se da ni lo uno ni lo otro, el texto aprobado ayer
servirá para muy poca cosa
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