Guardias civiles revelan la implicación de siete mandos en procesos judiciales
Los agentes son amenazados con recortes salariales por poner pocas multas
Hasta siete mandos de la Guardia Civil en Galicia tienen abiertas diligencias judiciales contra ellos por la presunta comisión de delitos sin ser inquietados por la apertura de ningún expediente. “Cuando es un agente lo desollan, es expedientado de inmediato sin esperar a que el juez decida algo, pero si es un mando, no pasa nada”, denunció ayer la Unión de Guardias Civiles. Su responsable a nivel estatal, Manuel Mato, desgranó casos concretos, incluso de presunta corrupción, de lo que llamó “irregularidades” en el instituto armado que son especialmente “sangrantes en Galicia”.
Un “mando importante” en Galicia tiene diligencias judiciales abiertas por “compartir” la constructora que realiza trabajos en los cuarteles para hacer reformas en su vivienda. Se está investigando si las obras en sus propiedades privadas fueron pagadas por esa vía con cargo al erario público. Otro “responsable” de A Coruña está imputado por un presunto fraude de combustible al repostar su vehículo particular a cargo de las partidas destinadas al suministro de coches de la Guardia Civil. Un mando de Pontevedra tiene hasta seis denuncias en trámite por abuso de autoridad sin tampoco ser expedientado.
En la zona de Curtis, otro alto cargo del instituto armado está imputado y a la espera de juicio tras ser sorprendido al volante con una tasa de alcoholemia superior a la permitida. La Unión de Guardias Civiles denunció a otro mando por “inventar servicios meritorios a sus amigos para que obtengan una medalla”. La causa está en trámite en un juzgado. Incluso hay, según esta asociación mayoritaria en Galicia y la segunda a nivel estatal, un oficial, “responsable del negociado de expedientes”, que ha sido condenado por amenazas a un agente sin tener ninguna consecuencia en el seno del instituto armado.
“Estamos hartos de ser el último vestigio preconstitucional, los mandos hacen lo que les da la gana”, acusó Mato. Recordó que a los altos mandos “salpicados” en las operaciones Carioca o Campeón tampoco fueron expedientados. Entre las irregularidades también citó dos casos de uso inapropiado de vehículos de la Guardia Civil. Un oficial de Corcubión se traslada cada semana a su domicilio de Ferrol en coche patrulla y “se queda con él los días que le haga falta”. Irregular también es el uso del coche patrulla que tiene asignado el máximo responsable de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia, el teniente coronel José Hermida, según esta asociación. Cada día, criticó Mato, es conducido en este vehículo oficial a su domicilio en Oleiros, y “luego el chófer se lo lleva hasta Betanzos donde vive”.
Pero si los agentes de esta asociación se declaran “cada día más próximos al movimiento de los indignados” es también porque mientras a los mandos “no les pasa nada” pese a la gravedad de las imputaciones, el número de agentes sancionados en Galicia es desmesurado. Hay 19, 15 en la provincia coruñesa y cuatro en Lugo, cuando la media estatal es cuatro.
Y son ya 15 los guardias de la provincia de A Coruña que están amenazados con un expediente y sanción de un recorte de 200 euros en sus sueldos mensuales por realizar pocas denuncias de tráfico. Recibieron un “preaviso” en el que se les “exhortar a mejorar su rendimiento individual”. De lo contrario, continúa la misiva, se enfrentan a perder “el complemento de productividad o incurrir en un ilícito disciplinario”.
“Les importa un bledo la seguridad vial”, acusó Mato, “y que esos guardias pongan menos multas que la media pero tripliquen los auxilios en carretera”. Puntúa mucho más internamente el número de sanciones de tráfico que “excarcelar, por ejemplo, a accidentados atrapados en sus coches”. De los siete guardias que denunciaron esas amenazas por poner escasas multas, cinco ganaron el juicio.
|
|
