1. APLICAR LOS RECORTES AL ESTADO, NO A LOS CIUDADANOS. El P-LIB considera
urgente aplicar un
recorte adicional y muy severo a las administraciones
públicas españolas en todos los niveles territoriales.
Esto implica
necesariamente prescindir de una parte de los empleados públicos porque los
ciudadanos ya
no podemos seguirles pagando. E implica, desde luego, el cierre
de infinidad de departamentos y servicios
no esenciales. Los recortes en
materia asistencial, sanitaria y educativa deberían haberse dejado para
el
final, enmarcándolos en una reforma profunda, sensata y paulatina que los
transfiriera de forma no
traumática a la sociedad civil mediante un proceso
de privatizaciones. En cambio, el gobierno optó por
incluirlos entre sus
medidas iniciales, generando un malestar social que habría podido evitar o
disminuir
aplicando los recortes a las restantes áreas de las
administraciones públicas y, sobre todo, reduciendo su
plantilla y vendiendo
propiedades y empresas públicas. Por otro lado, el P-LIB considera urgente
reducir de
manera drástica el coste de nuestro sistema político e
institucional, y acabar con las subvenciones a
partidos políticos,
sindicatos, organizaciones patronales y cualquier otra entidad asociativa
privada.
2. REDUCIR LOS IMPUESTOS DIRECTOS. El P-LIB considera igualmente urgente
deshacer la reforma fiscal
del gobierno, que nos ha situado a la cabeza de
Europa en impuestos directos, y aplicar un giro de ciento
ochenta grados que
libere a empresas y particulares de la asfixiante carga tributaria y nos
convierta,
también, en una economía atractiva para los capitales
internacionales que la están abandonando
masivamente.
3. MANTENER EL IVA AHORA, REDUCIRLO DESPUÉS. El P-LIB, contra lo sugerido
desde Europa, estima que
el gobierno debe ofrecer a la sociedad garantías de
que no subirá más aún los impuestos indirectos, muy
elevados ya para la
coyuntura económica del consumidor final medio. Aumentar el IVA sólo generará
una
menor afloración de la actividad no declarada, y por lo tanto menor
recaudación fiscal. A medio plazo, el
IVA debe regresar como mínimo a los
niveles previos a la subida realizada por el anterior gobierno, y desde
ahí
debe iniciar un paulatino descenso hasta situarse en los mínimos europeos.
4. PONER FIN A LA CAZA DE BRUJAS CONTRA LOS CONTRIBUYENTES. El P-LIB cree
imprescindible acabar
con la feroz caza de brujas desatada por el gobierno
contra los contribuyentes, que desincentiva la acción
empresarial, tiene una
alto coste y no incrementa la recaudación, como se está comprobando. Por
otro
lado, la repatriación de capitales debe estar exenta de coste fiscal. El
coste del diez por ciento impuesto por
el gobierno beneficia a los grandes
patrimonios refugiados en el exterior, pero perjudica gravemente a
los
patrimonios y ahorros de pequeña o mediana cuantía de millones de
españoles e inmigrantes.
5. DEJAR DE OBSTACULIZAR EL EMPRENDIMIENTO. El P-LIB entiende necesario
eliminar o disminuir en la
mayor medida posible las trabas que impiden la
creación de empresas y, consiguientemente, de empleo. En
particular, es
necesario reducir fuertemente la cuota de los autónomos, establecer moratorias
en su pago
para los nuevos emprendedores y habilitar exenciones fiscales para
las nuevas empresas durante sus
primeros años de existencia. También debe
realizarse de forma inmediata un importante esfuerzo de
simplificación
burocrática para la constitución de empresas.
6. REDUCIR LAS CARGAS SOCIALES. El P-LIB estima necesario reducir drástica e
inmediatamente la cuota
patronal, que es de las más altas de Europa y
constituye una barrera insalvable para la reactivación de la
contratación. En
general deben revisarse todas las cargas que hoy pesan sobre los
empleadores.
7. REFORMAR DE VERDAD EL MERCADO DE TRABAJO. El P-LIB cree imprescindible
completar la reforma
laboral a medias que ha hecho el gobierno, liberalizando
realmente el mercado de trabajo, eliminando la
negociación colectiva
obligatoria, deshaciendo los privilegios sindicales y estableciendo el llamado
“sistema
austriaco” para contingencias como el seguro de desempleo o la
indemnización por despido. Además, es
urgente iniciar la transición hacia un
sistema de pensiones basado en la capitalización privada para la
jubilación,
con un fondo de solidaridad que cotice por quienes no puedan hacerlo.
8. SANEAR EL SISTEMA FINANCIERO POR MEDIOS PRIVADOS. El P-LIB considera
urgente acabar con la
política de rescates a entidades bancarias y prohibirla
por ley. Las entidades en apuros deben suspender
pagos y sus acreedores,
convertidos en accionistas, deberán tomar las medidas que en cada
caso
corresponda. El resto de la sociedad ni es culpable del desastre ni debe
sufrir sus consecuencias. El Estado
debe dejar de proteger a la élite
bancaria española frente a la entrada de competidores extranjeros.
El
privilegio de banca fraccionaria debe constreñirse paulatinamente elevando
los coeficientes exigidos hasta
que una futura reforma del sistema en su
conjunto permita su sustitución por el encaje bancario al cien
por
ciento.
9. REDUCIR DRÁSTICAMENTE LA DEUDA. El P-LIB cree que el Estado debe reducir
paulatinamente sus
emisiones, y destinar al pago de la deuda vigente el
resultado de la enajenación de las propiedades y
empresas públicas. Ante
algunos casos y tipologías de deuda, como las de las administraciones
cuya
calificación está fuertemente desacreditada, será necesario arbitrar
mecanismos de suspensión de pagos y
quita a los acreedores porque,
nuevamente, el resto de la sociedad no tiene que pagar por ello.
10. IMPULSAR
LA REFORMA FINANCIERA DE EUROPA. El P-LIB cree que España debe promover en el
seno
de la Unión Europea una urgente y profunda reforma financiera que
establezca el anclaje del euro al patrón
oro, eliminando por tanto la
política monetaria del BCE. Una vez completada esta reforma, el BCE
debe
desaparecer como prestamista de última instancia, y la emisión de moneda
con pleno respaldo verificable
debe ser libre, eliminándose en el continente
el privilegio de banca fraccionaria. Simultáneamente, Europa
debe promover
internacionalmente el fin del sistema de banca central y del monopolio de la
emisión.
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