Según los
datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha conocido que
el conjunto del Estado necesitó 122. 936 millones de Euros para pagar las
remuneraciones de los empleados públicos en 2011. Esta cifra supera a la
recaudación por IRPF (69.903 millones de euros) y del IVA (49.302
millones). Resulta que 3 de 4 euros de la totalidad de lo recaudado vía
impuestos han sido para cubrir las nóminas del personal. Todo ello se ha
producido pese a la reducción de salarios aplicados durante este año. No es nada
raro directamente a eventuales que las deudas de las instituciones no hagan más
que crecer a cada día que pasa. Mientras Mariano Rajoy diciendo que no es
necesario reducir la carga de personal en la
administración.
El viernes el FMI exigía que
se redujesen de nuevo los salarios de los 3.200.000 empleados públicos en las
distintas administraciones acompañado todo ello por un subida del IVA para
este mismo año. Conociendo estos datos es elemental. Todo coste en personal
que sea superior a la mitad de los ingresos de cualquier empresa aunque sea
pública es una ruina. Pero reducir salarios de nuevo a los funcionarios
muchos de ellos mileuristas, no puede ser la solución. La única medida posible
es cerrar empresas públicas no necesarias o despedir a eventuales. La cifra
deberá ser de al menos un tercio de los actuales. Sobran también escalones
administrativos ya que a la comunidad europea añadida a estos tres citados
existen además las diputaciones, los cabildos insulares, las juntas comarcales
etc…, Desgraciadamente estas medidas incrementarán el número de desempleados,
pero no hay otra opción.
Por la encuesta realizada por
Sigma 2 y `publicada en EL MUNDO de hoy se deduce que el ni el Gobierno
Central ni Autonomías, ni ayuntamientos han hecho apenas nada para adelgazar sus
administraciones. El 62% de los encuestados creen que el Gobierno no está
haciendo lo suficiente para adelgazar la administración pública y el 69%
creen que tampoco lo hacen las Autonomías.
El insoportable peso de las
administraciones públicas es ahora el mayor problema sin resolver y nuestros
acreedores cuando les pedimos dinero lo único que miden es nuestra capacidad
para hacer frente al pago de los intereses y del principal de su deuda. Ahora
mismo y con la prima de riesgo al 7% es una temeridad seguir sin hacer nada con
urgencia para adelgazar esta elevada nómina. El PP cree en el Estado y
muchos de sus políticos son funcionarios con oposiciones ganadas brillantemente
y por esto les cuesta tanto entender que sobran. Si a todas estas cifras
añadimos los 450.000 cargos políticos en activo, ejerciendo desde la
cúpula del estado hasta el más pequeño municipio, se puede entender
perfectamente que nuestros acreedores desconfíen de nosotros y los “mercados“
nos sigan aumentando los intereses a cada subasta de deuda pública, hasta que
nadie pueda cubrirla. ¿Es que no hay nadie dispuesto a parar todo
esto?
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