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Es lo que nos pasa en España. No somos de
fiar y por esto los mercados nos dan tantos quebraderos de cabeza. Estamos
llamando a las puertas de las instituciones económicas internacionales
y aunque prometemos portarnos bien, hasta
ahora solo obtenemos palmaditas en la espalda.
Pero queremos mantener a toda costa un
sistema político autonómico inviable donde viven a costa del erario púbico medio
millón de políticos de todos lo calibres que su casi única misión es ver que
hacen para mantenerse en el poder además de los cerca de cuatro millones mas de
empleados públicos se ocupan muchas veces de cosas intrascendentes e
innecesarias y queremos ser piadosos y miramos hacia otro lado cuando
descubrimos que determinados personajes de la clase política o financiera han
sido los responsables que nos han llevado al desastre actual y para apartarlos
solo somos capaces de dotarles con jugosas jubilaciones en lugar de llevarlos
directamente ante la justicia.
La recuperación de la solvencia de
nuestro país en la escena internacional ha de comenzar por la asunción de
responsabilidades de su clase política y la aclaración, hasta las últimas
consecuencias, de los procesos que nos han llevado a la desastrosa situación
actual.
España es una nación con un banco
central que estaba obligado a velar por nuestro sistema financiero cuyo
gobernador ha hecho durante años dejación expresa de su obligación supervisora
sobre unas cajas de ahorro que han sido fagocitadas por los políticos de sus
consejos de administración huyendo por la puerta de servicio antes de que acabe
su mandato. Tenemos un Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial
cuyo presidente está en entredicho por los gastos suntuarios de sus estancias de
lujo en la costa, una clase política autonómica que ha provocado la ruina tanto
de sus propias cuentas como de las entidades financieras a su cargo, un
presidente de una comunidad autónoma procesado por corrupción y un familiar
directo del Jefe del Estado en la misma situación judicial, sobre el que pesan
graves acusaciones que podrían llegar a implicar directamente a la Corona.
En ninguno de estos casos los
españoles hemos recibido cumplida cuenta del alcance de estos auténticos
escándalos que tan poco dicen de nuestra condición de país fiable, también en el
terreno económico, porque la clase política reserva a los contribuyentes
únicamente el papel de financiadores de sus desmanes a través de una presión
fiscal cada vez más desbocada, que entorpece la recuperación del país, tal y
como acertadamente hace unos meses denunciaba el Partido Popular cuando aún no
había llegado al poder. Mariano Rajoy decía que hay que recuperar la
credibilidad en nuestro país y esto solo es posible regenerando todas sus
instituciones.
El gobierno debería imponerse esta
tarea de manera prioritaria, porque de lo que se trata ahora no es sólo de
realizar complicados ajustes contables para mejorar unas proyecciones
macroeconómicas deprimentes, sino de recuperar la imagen de seriedad y solvencia
que España necesita para poder superar la grave prueba a la que se enfrenta en
estos momentos.
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