Con la creación del Estado de las Autonomías y el
posterior traspaso de competencias a las mismas, comienza la multiplicación
alocada de políticos. De no haber sido por la grave crisis económica que
padecemos, esa lista de políticos hubiera seguido creciendo desmesuradamente
hasta límites insospechados. Pues son muchos los que buscan con ahínco la manera
de vivir desvergonzadamente de la sopa boba y a costa del sudor ajeno. Un poco
más de bonanza económica y la multiplicación de los políticos hubiera rivalizado
con aquella otra multiplicación de los panes y los peces que se narra en el
Nuevo Testamento.
Y como los políticos sin cortesanos son muy poca
cosa, aprovechan cualquier circunstancia para rodearse de funcionarios y de
asimilados. Hasta nos hemos encontrado con políticos autonómicos que han tenido
la desfachatez de crear empleo de manera totalmente artificial para combatir
eficazmente, según dicen, las abultadas estadísticas de desempleo. De este modo,
a la vez que crecían de manera escandalosa las listas de políticos, aumentaban
correlativamente los funcionarios de las Autonomías bastante más de lo
necesario. Abusaron tanto las Comunidades Autónomas con la creación de
funcionarios y asimilados, que llegaron a disponer de más del triple de
empleados que los utilizados por el Estado antes de las transferencias. Y todo
para realizar exactamente el mismo trabajo.
Con las competencias, se traspasaron también
821.357 empleados del Estado a las Comunidades Autónomas. Por decisión
estrictamente política, este número de empleados públicos no ha parado de crecer
constantemente desde enero de 1990. En marzo de 2011, los trabajadores públicos
de las Autonomías alcanzaban ya la cifra de 1.748.160, un 56% del total de los
asalariados públicos. El clientelismo de los partidos políticos y su inveterado
afán por mantener cuotas de poder autonómico por si falla el central, ha hecho
que los Gobiernos regionales dejen de ser pequeños y eficaces para convertirse
en auténticas maquinarias desmesuradas para gestionar simplemente las
competencias que se han ido transfiriendo desde el Estado.
En 1976, la administración española contaba
aproximadamente con un total de 800.000 empleados públicos. En marzo de 2011,
ese número alcanzaba ya la cifra de 3.136.000 trabajadores sumando, claro está,
las tres administraciones. Y no ha sido precisamente el número de médicos o de
profesores los que han desequilibrado tan peligrosamente esa cantidad. Sí se han
multiplicado en cambio, y de manera desmesurada, los puestos meramente
burocráticos. Estamos prácticamente ante el único sector que crea empleo de
manera más destacada. En 2011, se crearon en este sector público 98.000 puestos
de trabajo, frente a los 299.000 que se perdieron en el sector privado.
Estamos pues ante un desarrollo de la actividad
pública insostenible, cuyo coste salarial supone, ni más ni menos, que el 15%
del PIB. Y así, con semejante carga burocrática, no es viable en absoluto
nuestra economía. Y aquí está precisamente el verdadero agujero en nuestras
cuentas públicas y donde se necesita meter la tijera sin contemplaciones. Este
desmadre burocrático de las Autonomías tiene un sobrecoste de unos 86.000
millones de euros improductivos que salen de nuestro bolsillo, dinero que
birlamos sin mucho miramiento a la Educación, a la Sanidad o incluso al
mantenimiento del sistema de pensiones.
Pero no se por qué, los Gobiernos españoles,
antes el de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora el de Mariano Rajoy, pasan de
puntillas sobre estos despilfarros y se oponen claramente a eliminar los excesos
autonómicos. Es más, les molesta analizar detalladamente si en España hay o no
demasiados funcionarios. Y como mínimo, para ofrecer los mismos servicios
sociales que se prestaban antes de las transferencias, las Autonomías cuentan
con unos 920.000 empleados de más, que han accedido a ese puesto a dedo por ser
simplemente amigos o familiares de algunos políticos o por ser militantes de
los principales partidos.
Han sido las Autonomías las que crearon
expresamente ese conglomerado ingente de fundaciones, agencias e institutos de
observación y toda esa caterva de empresas públicas para pagar distintos
favores políticos y evitar simultáneamente la fiscalización de las cuentas y
disimular de este modo el evidente despilfarro público. Quizás sea este el
motivo que lleve a los políticos a rehuir cualquier tipo de recorte en las
autonomías. Saben perfectamente que, a base de legislación y de recortes, no se
consigue nada. Pueden incluso eliminar tanto enchufado como pulula en las
diversas administraciones, pero si no desaparecen esos 17 reinos de taifas,
subsistirá el problema y continuará siendo inviable nuestro sistema
administrativo.
El nivel de competencias y el gasto que tiene la
administración autonómica española es más alto que el que podamos encontrar en
cualquier otro país del mundo. En España alcanza el 56% del total, mientras que
la administración central gestiona el 18 % y la administración local el 26%.
Contrastan estos datos con los de Alemania, donde el 65% del gasto público
corresponde al Estado, mientras que las regiones o Landers solamente cuentan con
el 20,3% y un 14,5% los Ayuntamientos. Los datos alemanes son muy similares a
los de Suiza. En Suiza, la mayor parte del gasto, el 51,5% corresponde al
Estado helvético, el 27,6% a las regiones y el 20,9% a la administración
local.
Querámoslo o no, la descentralización española
adoptada en la transición democrática y bendecida por los padres de La
Constitución es un solemne disparate que debemos corregir urgentemente si
queremos huir del colapso económico, salir de la crisis y competir en igualdad
de condiciones con los demás países europeos. Tratar de reconducir la situación
crítica que vivimos introduciendo más recortes y nuevas subidas de impuestos,
conservando tal cual nuestro Estado Autonómico, es perder miserablemente el
tiempo, agravar nuestra situación y prolongar deliberadamente en el tiempo
nuestra ya larga y dura agonía. Se da además la circunstancia de que nuestro
sistema autonómico genera muchas dudas y desconfianza en los demás países y, lo
que es peor, en los inversores que podrían ayudarnos con su dinero.
Nuestro sistema administrativo es manifiestamente
inasumible hasta para los países que son mucho más grandes y más ricos que el
nuestro. Los políticos que se empeñan en mantener semejante estructura
administrativa en un país pequeño y tan poco competitivo como España cometen,
cuando menos, una solemne torpeza. Les pierde su corporativismo absurdo que les
lleva a favorecer descaradamente a los de su casta a costa, claro está, de la
clase media. Ya es hora de que el Gobierno de Mariano Rajoy se deje de cuentos y
se dedique de verdad a sanear las cuentas públicas de la única manera que puede
hacerlo, buscando la manera de suprimir radicalmente las autonomías. Para eso le
dio la ciudadanía española esa mayoría absoluta tan aplastante.
Hasta la fecha, Mariano Rajoy no ha querido o no
ha sabido cortar con esa política insolidaria que ha venido practicándose
habitualmente en España desde hace tiempo. Cuando se produce algún desequilibrio
escandaloso en las cuentas públicas, en vez de reducir drásticamente los
gastos, se despachan con nuevos recortes sociales y con alguna que otra subida
de impuestos. Y todo esto no sirve nada más que para incomodar seriamente a los
ciudadanos y limitar aún más el ya escaso consumo. Y esto se traduce de manera
inmediata en una menor recaudación fiscal.
El sistema autonómico, además de innecesario, es
totalmente ineficiente e insostenible. Urge volver cuanto antes a los dos
niveles de administración, propios de los países pequeños y medianos entre los
que se encuentra España. La administración central gestionaría directamente
Sanidad, Educación, Justicia, Ciencia y Tecnología, Economía y todo lo que se
refiera a las grandes infraestructuras. La administración local debe hacerse
cargo del resto de las competencias ahora en poder de las autonomías, servicios
sociales y pequeñas infraestructuras. Ganaríamos en eficiencia y, por si esto
fuera poco, se conseguiría, según dicen algunos expertos, un ahorro de 86.000
millones de euros.
A la desaparición de las autonomías, habría que
unir la fusión de Ayuntamientos pequeños o cesión de sus competencias a las
Diputaciones y, por supuesto, la eliminación de las mancomunidades, con lo que
sobrepasaríamos con creces los 90.000 millones de euros de ahorro. Con esta
cantidad, quedaría sobradamente compensado el déficit que nos viene ahogando y
abandonaríamos en inmejorables condiciones la enorme crisis que padecemos.
Sería la solución definitiva a nuestros
acuciantes problemas económicos. Pero, una de dos, o nos imponen esa
simplificación administrativa desde Bruselas, o todo continuará igual y las
clases medias tendrán que seguir bailando con la más fea y pasarán finalmente a
engrosar la ya larga lista de los pobres. Los responsables políticos procurarán
que nada cambie, porque saben perfectamente que a un buen número de los de su
casta, de la casta política, se les acabaría el chollo y tendrían que hacer algo
que nunca han hecho: trabajar de verdad.Barrillos de Las Arrimadas, 23 de junio de 2012 José Luis Valladares Fernández Criterio Liberal.
Diario de opinión Libre.
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