El plan para ‘vigilar’ a partidos y fundaciones al descubierto: las cuentas en la web, desvelar los créditos bancarios, prohibidas las donaciones de empresas participadas

El Gobierno trabaja ya para dar un golpe decisivo a la corrupción política en España, tras los escándalos del supuesto pago de sobresueldos en el PP y de la falsa columnista en la Fundación Ideas (PSOE). Se va a exigir a partidos políticos y fundaciones más transparencia y, sobre todo, se les aplicarán controles más exhaustivos a sus cuentas.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quiere aprovechar los escándalos que salpican estos días a los dos grandes partidos, PP y PSOE, y también a CiU, para lanzar un contundente mensaje contra la corrupción política.

En el Gobierno preocupa mucho la desafección de los ciudadanos con la clase política como consecuencia de tales episodios, en un momento, además, en el que millones de españoles lo están pasando mal por los efectos de la crisis económica (paro, desahucios, etc.).

Sáenz de Santamaría ya dejó abierta la posibilidad, tras el último Consejo de Ministros, de incluir a partidos políticos y sus fundaciones en la futura Ley de Transparencia, que se encuentra ahora en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso.

Control estricto de sus finanzas

Según el borrador que maneja el Gobierno para incluir a partidos políticos y fundaciones en esta nueva normativa, al que ha tenido acceso ECD, el texto supone una vuelta de tuerca más a la Ley de Financiación de Partidos aprobada el año pasado por el Gobierno. Se traducirá en un control “hasta el último céntimo” de sus finanzas.

La intención del Ejecutivo es forzar a las formaciones políticas a hacer públicas sus cuentas en sus páginas web, para que puedan ser consultadas y analizadas directamente por los ciudadanos.

También será obligatorio dar a conocer los créditos que los partidos y sus fundaciones tienenfirmados con bancos y entidades financieras

Donaciones de compañías privadas

Las fuentes conocedoras de este borrador a las que ha tenido acceso ECD explican que otro de los aspectos que se van a controlar con la nueva legislación son las donaciones a los partidos y sus fundaciones por parte de empresas privadas. En este apartado destaca lo siguiente:

-- Se pretende que todas las formaciones políticas comuniquen al Tribunal de Cuentas, en un tiempo inferior a tres meses, todas las donaciones privadas que reciban por cantidades que superen los 50.000 euros.

-- Se les prohibirá recibir aportaciones privadas, no solo de las empresas que tienen contratos en vigor con la Administración como hasta ahora, sino también de todas las compañías del mismo grupo y sus participadas.

-- Ninguna fundación que reciba subvenciones de la Administración podrá hacer donaciones a un partido.

-- El Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar todos los ingresos de las fundaciones de los partidos, para lo que deberán comunicar a Hacienda las donaciones públicas y privadas que reciban.

Sanciones del Tribunal de Cuentas

Otro de los cambios que propone el Gobierno en este borrador es dar capacidad sancionadora alTribunal de Cuentas, un organismo que hasta el momento solo realiza informes y propuestas no vinculantes.

Unas de las sanciones que podrá aplicar, en relación a las donaciones privadas, será una multa equivalente al doble de la cantidad excedida, que se sitúa ahora en un límite anual de 100.000 euros.

También tendrá potestad para paralizar la entrega de subvenciones al partido que no entregue al Tribunal de Cuentas toda su contabilidad dentro de los plazos establecidos.

Una normativa extendida en Europa

En Europa, todos los países con más de un millón de habitantes tienen normas que regulan el acceso de los ciudadanos a la información sobre los gobiernos y sus administraciones.

Existen 90 países en el mundo con leyes de acceso a la información pública. En Europa no tienen ningún tipo de ley ‘transparente’ Chipre, Malta, Luxemburgo y, hasta ahora, España, que era la única nación de la UE con más de un millón de habitantes que no contaba con una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información pública.

También hay algunas comunidades autónomas españolas que ya tienen avanzadas normas similares. Es el caso de Navarra, que cuenta con una ley en el Parlamento Foral, y del País Vasco, que está perfilando el texto que regula el derecho a la información pública.