Hacienda prevé más implicados en la trama gallega de fraude fiscal
La Agencia Tributaria ya ha denunciado a 160 empresarios de la red.
Hacienda sospecha que la empresa Las 5 Jotas creó a su alrededor una economía fantasma que funcionaba a pleno gas con facturas falsas y pagos desproporcionados y ficticios. El objetivo era inflar o inventar las facturaciones necesarias para aprovechar al máximo las ventajas fiscales de las que gozan las pymes y luego recoger beneficios.
Tras año y medio de investigaciones judiciales, la trama de Las 5 Jotas se ha saldado con 100 imputados y otros 60 han sido implicados pero no imputados por no alcanzar los 120.000 euros de dinero defraudado, por lo que no es un delito fiscal. El proceso pasa como el mayor fraude fiscal de Vigo y, probablemente, de Galicia. Fuentes tributarias estiman que, a día de hoy, hay unos 200 investigados.
La trama, cuyo núcleo central gira entorno a varios accionistas de la fabricante viguesa Las 5 Jotas, reventó a finales del 2009. El asunto saltó a la luz porque un particular se vio perjudicado y presentó una denuncia, según reveló ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo abrió diligencias a mediados del 2010 y la Agencia Tributaria comenzó también a interponer denuncias.
La jueza ha imputado en la causa a 100 representantes de empresas o autónomos por supuestos delitos fiscales o por falsedad documental. Pero la cifra de investigados no para de crecer. Hacienda presenta continuamente denuncias a medida que tira del hilo. Y todo apunta que va para largo.
Por el momento, los expertos estiman que el dinero defraudado ha alcanzado los 10 millones, pero podría superar los doce. A esto habría que sumar otras 60 empresas cuyo expediente fue sobreseído. En algunos casos, la imputación fue descartada porque el fraude oscilaba entre los 80.000 y 90.000 euros, por lo que no constituye delito. Este montante supone otros 5,4 millones defraudados al fisco que serán reclamados en los tribunales civiles, no por la vía penal.
Los volúmenes con pruebas y balances se amontonan en el juzgado desde mediados del 2010. En la investigación participan abogados de la Agencia Tributaria y la Fiscalía especial de delitos fiscales. Fuentes consultadas confirmaron que el asunto sigue «en tramitación» y mantienen mutismo por el secreto judicial que rodea el caso.
El módulo es la clave
El modus operandi que, presuntamente, usaba la banda parece ser el más típico. La idea es aprovechar el agujero fiscal de los módulos de tributación de los autónomos, que los propios inspectores definen como un nido de facturas falsas y donde Hacienda ha puesto el ojo desde el 2010. Los cómplices de la red se beneficiarían del intercambio de facturaciones de cobros ficticios para obtener descuentos fiscales, rebajas del IVA, o compensaciones de pérdidas y ganancias, todo ello deducible.
El juzgado investiga a algunas de las empresas por un delito de falsedad documental, porque pudieron haber manipulado recibos o nóminas para inflar el pago de unos servicios. Fuentes cercanas a la defensa declinaron hablar, con el fin de no entorpecer el esclarecimiento de los hechos, en un caso que «ya dura más de un año y medio».
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