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Certificación energética de viviendas, otro
fracaso legislativo
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Lo de la certificación energética de viviendas
estaba destinado al fracaso total, al menos en la manera en que se planteaban
las cosas. Lo normal es que la gente, a pesar de las amenazas de sanción,
mientras se pueda escaquear, se escaquee. Es un trámite que, al final, queda
en eso: en un puro trámite sin valor alguno.
Nada más salir la normativa ya se anunciaban «profesionales» que
te daban la máxima calificación sin tan siquiera visitar el inmueble, o sea,
que eso ya demuestra la poca fiabilidad de este asunto.
Certificación energética de viviendas. Un año después
Ahora, pasado ya un tiempo prudencial, se puede hacer un pequeño
estudio de lo que está sucediendo:
1.
El grado de
incumplimiento es muy elevado. Más del 90% de los inmuebles anunciados para su
venta carecen del certificado obligatorio (según datos de Certicalia).
2.
Las multas pueden ser
de 6.000 euros por el incumplimiento, pero de momento no parecen estar aplicándolas.
3.
Según
Certicalia: «en numerosos escaparates de agencias y portales
inmobiliarios online observamos
la etiqueta energética en
su formato correcto, con su escala de colores de la A a la G, pero sin
indicar la calificación correspondiente a la vivienda. En su lugar leemos 'en
trámite'. Se pretende dar a entender que el propietario está gestionando la
certificación de su inmueble cumpliendo con los estipulado con la
normativa».
4.
Se están certificando
viviendas sin tan siquiera ir a verlas.
5.
Hay técnicos que
ofrecen falsos descuentos hinchando el precio inicial de los honorarios para
dar una imagen económica que no es tal.
6.
La ausencia de precios
oficiales ha desatado una guerra entre profesionales. Yo a esto lo llamo libre
competencia como nos ocurre a todos en el mundo empresarial, pero ya sabemos
que cuando se trata de este tipo de cosas siempre quieren que haya unas tarifas
oficiales unificadas. Mucho corporativismo, pero bueno...
7.
Se hacen certificados
que luego no se registran, con lo cual también incumplen la normativa.
8.
Para el registro de
estos certificados cada comunidad autónoma ha fijado un precio distinto.
9.
Hay muchos notarios
que no lo exigen, lo cual facilita mucho el incumplimiento de la normativa.
En definitiva, lo que más llama la atención es que no empiecen a
sancionar, tal vez porque ellos mismos no tengan claro que esto tenga sentido.
Ramón Cerdá
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