Certificación energética de viviendas, otro fracaso legislativo


Certificación energética de viviendas, otro fracaso legislativo


#Certificación energética de viviendas
Lo de la certificación energética de viviendas estaba destinado al fracaso total, al menos en la manera en que se planteaban las cosas. Lo normal es que la gente, a pesar de las amenazas de sanción, mientras se pueda escaquear, se escaquee. Es un trámite que, al final, queda en eso: en un puro trámite sin valor alguno.

Nada más salir la normativa ya se anunciaban «profesionales» que te daban la máxima calificación sin tan siquiera visitar el inmueble, o sea, que eso ya demuestra la poca fiabilidad de este asunto.

Certificación energética de viviendas. Un año después

Ahora, pasado ya un tiempo prudencial, se puede hacer un pequeño estudio de lo que está sucediendo:
1.    El grado de incumplimiento es muy elevado. Más del 90% de los inmuebles anunciados para su venta carecen del certificado obligatorio (según datos de Certicalia).
2.    Las multas pueden ser de 6.000 euros por el incumplimiento, pero de momento no parecen estar aplicándolas.
3.    Según Certicalia: «en numerosos escaparates de agencias y portales inmobiliarios online observamos la etiqueta energética en su formato correcto, con su escala de colores de la A a la G, pero sin indicar la calificación correspondiente a la vivienda. En su lugar leemos 'en trámite'. Se pretende dar a entender que el propietario está gestionando la certificación de su inmueble cumpliendo con los estipulado con la normativa».
4.    Se están certificando viviendas sin tan siquiera ir a verlas.
5.    Hay técnicos que ofrecen falsos descuentos hinchando el precio inicial de los honorarios para dar una imagen económica que no es tal.
6.    La ausencia de precios oficiales ha desatado una guerra entre profesionales. Yo a esto lo llamo libre competencia como nos ocurre a todos en el mundo empresarial, pero ya sabemos que cuando se trata de este tipo de cosas siempre quieren que haya unas tarifas oficiales unificadas. Mucho corporativismo, pero bueno...
7.    Se hacen certificados que luego no se registran, con lo cual también incumplen la normativa.
8.    Para el registro de estos certificados cada comunidad autónoma ha fijado un precio distinto.
9.    Hay muchos notarios que no lo exigen, lo cual facilita mucho el incumplimiento de la normativa.
En definitiva, lo que más llama la atención es que no empiecen a sancionar, tal vez porque ellos mismos no tengan claro que esto tenga sentido.
Ramón Cerdá