Reflexiones personales
José Muelas en Abogados, Era de la
Información 9 de enero de 20169 de enero de
2016 1,511 Words
LexNet: siete pecados capitales.
Han pasado nueve días desde que LexNet se
ha vuelto una herramienta obligatoria para la práctica totalidad de los profesionales
que trabajan con la administración de justicia en España; nueve días en los que
no he escuchado ninguna expresión de alegría y sí muchas de queja o condena. Yo
tengo mi propia opinión sobre la herramienta y, si me lo permiten y con toda
humildad, se la expongo a continuación, señalando aquellos siete aspectos que
me parecen más profundamente censurables del sistema: los, a mi juicio, siete
pecados capitales de LexNet.
1. LexNet atenta contra
la independencia del poder judicial.
Dado que LexNet es un sistema informático
que tiene acceso a todas las notificaciones que se producen en la práctica
totalidad de los expedientes judiciales de España, una medida básica de
seguridad habría sido atribuir el control de sus infraestructuras al Consejo General
del Poder Judicial y no a una administración distinta de la administración de
justicia. Sin embargo no se ha hecho así y se ha optado por colocar toda la
infraestructura bajo el control del Ministerio de Justicia (una administración
distinta del poder judicial) quien, a su vez, ha decidido alojar todos estos
datos en los servidores de una empresa privada, Telefónica de España (ver
imagen de consulta whois más
abajo). Que los datos de la Administración de Justicia se encuentren bajo el
control y supervisión del poder ejecutivo y que este a su vez entregue el tratamiento
de los mismos a una empresa privada es algo que repugna al sentido común y
choca con las más elementales buenas prácticas. Esta tendencia del poder
ejecutivo a privar al poder judicial de toda capacidad real de actuación sin
contar con su tutela no es más que el reflejo de la voluntad de control de un
poder sobre otro. No hay razones económicas que lo justifiquen y hay muchas razones
de orden lógico, jurídico y democrático que aconsejarían lo contrario. El que
el poder ejecutivo pueda fiscalizar todas y cada una de las notificaciones que
emite el poder judicial o que pueda acceder a los archivos de todos los
procedimientos de España es una circunstancia que puede tener consecuencias
inimaginables y ninguna buena.
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