OPERACIÓN DE LARA, UNA JUEZA EN EL PUNTO DE MIRA

OPERACIÓN DE LARA, UNA JUEZA EN EL PUNTO DE MIRA

Siete años y cinco macrocausas después, sin nadie llevado a juicio, algunos imputados pasan de la defensa al ataque para librarse de la magistrada ▶ Estos meses afrontó recusaciones, coacciones, denuncias y todo tipo de declaraciones en su contra, aunque ella, dicen, "no siente presión"

Pilar de Lara, en una conferencia.. SEBAS SENANDE
Pilar de Lara, en una conferencia.. SEBAS SENANDE  Domingo 22 de Mayo de 2016 | José M. Freire
OCTUBRE DE 2011. Una manifestación de más de 600 ciudadanos recorrió las calles de Lugo contra la corrupción y en defensa de dos magistradas, Pilar de Lara y Estela San José, embarcadas en aquel momento en los casos Carioca y Campeón. 

Cinco años después, la jueza San José ya está en otro destino dejando atrás dos casos cautivos de la nulidad (multas y Rei), uno deambulando de juzgado en juzgado (Pollo), otro rayando el sobreseimiento (Bebé) y otro más sin fecha de juicio (Campeón). Por su parte, De Lara está sumida  en media docena de macrocausas, en dos de ellas recusada (Vendex y Garañón), con la amenaza de una denuncia en el TSXG, y con una triple ofensiva en su contra: judicial, jurídica y mediática. No se repitió una protesta de tal magnitud ni parecida como la de octubre de 2011, pese a que los casos más graves, con el Pokemon a la cabeza, aún estaban por destaparse. ¿Qué cambió desde aquellos días de proclamas anticorrupción? Estas son algunas claves para entender este extraño lustro, en un momento además en que la titular del juzgado número 1 está más en el punto de mira que nunca. 

Apelaciones: "Le choca que los abogados pidan celeridad y que al mismo tiempo presenten recurso tras recurso"
El estigma de abrir muchas causas y no cerrar ninguna 

Es un comentario recurrente. En siete años, desde el arranque del caso Carioca en 2009, De Lara sumó a su nómina varias importantes instrucciones (Garañón, Club de Golf, Pokemon, Pulpo...) y por el momento nadie ha ido a juicio. Es más, no hay ni siquiera acusación del fiscal. Declaraciones que duran horas, decenas de informes patrimoniales solicitados, registros, peticiones de documentación en las instituciones... La gente no entiende, y es lógico, que la habitual lentitud de la Justicia se vea aún más frenada por decisiones, como poco, cuestionables desde el punto de vista práctico. 

Es paradigmático el asunto de la famosa muerta del Queens, donde se invirtieron recursos y tiempo de forma infructuosa. La pieza se archivó. "Se la critica por el revuelo que se formó. ¿Qué iba a hacer si, según los medios, hubo declaraciones en ese sentido, si aparece sangre en las paredes y si los perros huelen restos humanos? ¿Mirar para otro lado?", se pregunta una persona que trabajó cerca de ella. Ese exceso de celo es clave en este contexto de Justicia adocenada. Si en una instrucción común, por un delito habitual, con un culpable confeso, con un par de informes sencillos y sin apelaciones, o solo con las justas, una causa se prolonga durante al menos dos años, qué no pasará con un asunto complejo, con investigados que se niegan a declarar, informes sesudos y abogados preparados para la lucha. De esas limitaciones temporales y materiales un juez también debería ser consciente. 

"Sus casos se miran con lupa, cuando en otros juzgados hay instrucciones más retrasadas y de las que no se habla", explica un abogado, que pone como ejemplo unas diligencias del año 2003 de un detenido por prostitución en O Pazo, aún en marcha, o el propio expediente del que De Lara es perjudicada por un delito de atentado, ocurrido hace casi tres años a la salida de un bar de la Rua Nova de Lugo, del que se acusa a uno de los implicados en el caso Pokemon y por el que ella tuvo que abstenerse. De este asunto no se movió ni un papel en todo ese tiempo.

Exceso de celo: "Se le criticó por el revuelo de la supuesta muerta del caso Carioca, un caso ahora archivado. ¿Qué iba a hacer, mirar para otro lado?"
Su juzgado es uno de los más reforzados de Galicia, pero ni así. Para las pesquisas en el exterior se valió fundamentalmente de varios agentes de la guardia civil de su confianza (de la operación Carioca) y de los funcionarios de Aduanas y de la Udef de la Policía. "En las instrucciones hay que ahondar cada vez que aparece una sospecha, por eso se pide informe tras informe. La realidad es que la Udef o Aduanas no tienen una visión general, ojalá se le pudiera dar a un botón y sacar todos los datos, pero hay que ir buscándolos a medida que surgen pistas", confirma una de estas personas que suele estar a su lado y que prefiere mantener el anonimato. 

La desgracia de convertirse en eterno imputado 

Años señalados con el dedo, en una ciudad donde el anonimato no existe. Así viven cerca de 200 lucenses, víctimas de esa denominada "causa general" y relativizando su situación gracias al paso del tiempo. No son igual unos que otros. Hay desde los que solo se pasaron un día a declarar y quedaron ahí, casi olvidados, en una pieza separada marginal, hasta los que se llevan gastado más de 100.000 euros en onerosos abogados. Desde empresarios discretos a políticos de primera línea. Policías, guardias civiles, proxenetas, auditores, abogados, médicos o funcionarios de diversas áreas. "Nunca se sintió presionada para imputar o dejar de imputar a alguien", añade. 

Hoy, la mayoría de estos implicados están tristemente instalados en el que quizá es el mejor de los escenarios posibles, es decir, que sus causas sigan dormidas. Las pruebas así se desvirtuarán con el paso de los años, quien declaró en su contra con un poco de suerte perderá la memoria y los letrados harán uso de la figura legal de la dilación indebida, ese retraso injustificado que reporta una importante reducción de pena en una hipotética condena. 

Inundación de papel. La estrategia de los abogados 

"La jueza es consciente de que los abogados hacen su trabajo y acumulan todos los recursos que les permite la ley, pero le choca que luego pidan celeridad cuando ellos son parte de la causa del retraso", comenta alguien del entorno de la magistrada, la cual nunca hace declaraciones a los medios. Ella habla a través de "sus escritos". Hace unos meses, De Lara se refirió a estas dilaciones motivadas por las apelaciones. Lo hizo en uno de sus autos. Y es que nuestro sistema judicial garantista facilita la proliferación de recursos —primero ante el juez instructor y luego ante la Audiencia—, que tienen doble filo cuando se emplean para entorpecer, aunque ningún letrado lo reconocerá públicamente.

Lentitud: "Hay muchos casos que acumulan retraso en los juzgados, pero los suyos se miran con lupa"
Un ejemplo. La investigación sobre Vendex, extendida por varias provincias, iba a ser enviada la Audiencia Nacional hace casi un año. Aún no salió del juzgado número uno porque casi todas las partes recurrieron la decisión y estas apelaciones están actualmente en la Audiencia Provincial de Lugo. 

Muchos letrados, con intereses diferentes, y con las consiguientes apelaciones en marcha, que acaban poniendo palos en las ruedas de un sistema que aspira inocentemente a ser ágil. Es lo que tienen las macrocausas, de ahí que De Lara sea ahora mucho más proclive a separar piezas, que aún así en la práctica tampoco están agilizando la situación. 

Por su despacho están pasando expertos nacionales en Derecho de elevado caché. Carlos Bueren, el exministro Antonio Camacho, José Luis Sanz, Conde Pumpido JR o representantes de los mejores despachos de Madrid, como del histórico Oliva Ayala. Letrados de primera línea con un claro objetivo: la exculpación de sus clientes, sin escatimar medios ni procedimientos. 

Una jueza en el punto de mira desde un triple prisma 

Judicial, jurídico y mediático. ¿Conectados en un estudiado plan? Lo lógico es pensar que no, sin embargo la realidad es que Pilar de Lara está recibiendo ataques desde un triple prisma. ¿Justificados? Los imputados dicen que sí, sobre todo el más importante en este momento, el exsecretario de los socialistas gallegos, que se siente perseguido. El objetivo es quitársela de en medio, como se suele decir en los juzgados, "por lo civil o por lo criminal". 

Las declaraciones críticas de destacados representantes del poder judicial, aunque sin referirse a ella directamente, son cada vez más habituales. Fernando Suanzes, fiscal superior de Galicia: "La mejor manera de no llevar nada es querer llevarlo todo" (14-10-2015). Miguel Ángel Cadenas, presidente del TSXG: "Lo que no se puede hacer es alargar artificialmente las causas. El juez puede evitar la conexidad de delitos a veces, porque instruir todo junto es un obstáculo importante" (6-10-2014). José Antonio Varela Agrelo, presidente de la Audiencia de Lugo: "Quien maneja un instrumento que puede causar daño debe de tener equilibrio psíquico" (1-42016).  

Jurídicamente, la ofensiva de los abogados es igualmente excepcional. Hay en marcha dos recusaciones, quizá la medida más extrema que se puede tomar hacia un magistrado, aunque tampoco le va a la zaga la denuncia por prevaricación ante el TSXG que también afronta, pendiente de admisión a trámite. 

Sospechosos: "¿Presionada en las investigaciones? Nunca sintió presión para imputar o dejar de imputar a alguien"
El episodio del letrado Conde Pumpido hijo, defensor de Besteiro, da muchas claves para entender lo que estaría sucediendo. Hace unos meses, la magistrada hizo públicas unas supuestas coacciones del abogado, durante una conversación entre ambos en el despacho de la jueza, donde Pumpido le advierte de la existencia de un plan urdido contra ella en instancias políticas y judiciales. También le recomienda que cambie de destino y se ofrece a mediar ante el Consejo para un traslado que "no sería difícil de conseguir", todo ello recogido por escrito en un correo electrónico enviado un mes después del encuentro. 

La imagen pública es otro de los frentes donde los damnificados intentan desarrollar un despliegue importante. Algún medio que le hacía los honores a cada paso que daba ahora dedica amplios despliegues a las noticias en su contra, e incluso se desdice de informaciones de hace un par de años. La extensión del caso Pokemon a la ciudad de A Coruña marca un antes y un después en el tratamiento informativo hacia la magistrada. 

Los anónimos también merecen capítulo aparte. Hay numerosos en los expedientes, enviados por gente de toda Galicia que ve en la jueza una esperanza contra las corruptelas. No es extraño el empleo de estas misivas en el ámbito judicial, siempre que se comprueben, claro. La sorpresa es que también recibieron anónimos los abogados defensores, con alusiones hacia De Lara y a su supuesta amistad "íntima" con una secretaria judicial que pertenece a la asociación que denunció el caso Garañón, y los utilizaron para apuntalar la recusación. 

Dentro de las alusiones recurrentes a su persona está su marido. Militó en el PP hasta hace tres años, sin ejercer cargo alguno. Es el principal dardo de los socialistas, que se sienten objetivo principal de la jueza. Es cierto que la mayoría de políticos imputados son del PSOE, pero también lo es que tuvieron y mantienen la hegemonía en Diputación y Concello de Lugo en los periodos investigados. En Santiago, por ese mismo motivo, casi todos los sospechosos son del PP.
La magistrada parece hoy engullida por un sistema judicial lento e inoperante, que quizá tendría que haber previsto
Irse de Lugo: "Es cierto que le gustaría vivir en Asturias, pero parece que no por ahora, porque no pidió ninguna plaza"
Rumores de traslado cada vez que hay una plaza vacante 

"No se va, no pidió ninguna plaza. Cada vez que hay vacantes la colocan en otros juzgados, casi siempre en Asturias, donde sí es cierto que le gustaría volver algún día, pero parece que no será por ahora". Así responden personas de su entorno a la insistente rumorología que llega a las redacciones desde hace un mes. 

Un juzgado de A Coruña y otro de Asturias parecían sus posibles destinos. No solicitó ninguno. El rumor se alimenta con los reveses de las recusaciones y la denuncia en el TSXG, e incluso con el hastío de años de trabajo en circunstancias difíciles por la falta de medios de la que siempre se queja. Su marcha, obviamente, interesaría a los imputados porque es casi imposible que un nuevo juez se ponga al tanto de todas las investigaciones, y menos, salvo sorpresa, con su implicación. 

La aparente inconstancia de un eje fundamental 

El papel de la Fiscalía, clave en cualquier instrucción, tiene altibajos durante estos años de macrosumarios. Por la jefatura de la plaza lucense pasaron tres fiscales, algo que tampoco favoreció la agilidad. Para entender su rol es suficiente con repasar algunas de las declaraciones de imputados. De Lara es la que hace todas las preguntas y, al final, el representante del ministerio público pide alguna aclaración, mínima. Tampoco hay nunca pruebas solicitadas por el fiscal. El peso acusatorio lo lleva la magistrada. 

Al inicio de Carioca y Pokemon hubo presencia del fiscal, luego avanzada la instrucción ya no. Su ausencia es habitual, también en Pulpo y Garañón. ¿Motivo? Oficialmente, los fiscales planifican su trabajo y acuden donde creen que deben hacerlo. Sin más. 

Con respecto al frente contra De Lara, la Fiscalía está de su lado. Se opuso a la recusación en O Garañón y a que el TSXG admita la denuncia por prevaricación. 

Pruebas claras para condenar que se escapan entre los dedos 

Casos como los de Lugo afloran en toda España y a nadie se le oculta la connivencia entre administraciones y empresas de obras o servicios públicos. Sonroja leer en los tomos de la Pokemon obscenas conversaciones entre implicados para conseguir contratos a cambio de regalos y viajes. Avergüenzan los 3.000 euros envueltos en papel de periódico que llegaban mensualmente desde Madrid. Es insultante que un exconcejal lucense, plenipotenciario en su día, confiese sus manejos arrepentido en el juzgado. 

Pero una cosa son las pruebas y otra las condenas. A Pilar de Lara se le achaca que no hubiera abierto antes piezas separadas para intentar llevar a alguien a juicio. Eso hace que hoy en día parezca engullida por la realidad de un sistema judicial lento e inoperante, que quizá tendría que haber previsto. 

La percepción social de aquellos que en octubre de 2011 se manifestaron en las calles de Lugo cambió. La asociación promotora no volvió a convocar acto alguno. El estigma de abrir muchas investigaciones y no cerrar ninguna ahoga lo que de verdad debería mover a las masas, es decir, que se haga justicia y que pague cada uno por sus fechorías, a la vez que se exculpe con rapidez a aquellos contra los que no hay pruebas. No es así. 

En plena campaña contra ella, que unos verán razonable y otros injustificada, De Lara sigue a su ritmo. "Ella no comenta nunca nada de los principales imputados ni de las pruebas que maneja contra ellos", relatan estas personas cercanas a ella. Siempre dice: "cada cual sabe lo que hay".