Indefensión empresarial ante las exigencias
de Hacienda
por Ramón
Cerdá
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Hacienda está instaurada en
su visión dictatorial del mundo y eso provoca que nunca se conforme con las
exigencias que hace a los contribuyentes. Siempre parece haber margen para una
vuelta de tuerca más, sea con subidas de impuestos, con bajadas de inventivos
fiscales o con mayores exigencias administrativas que, indirectamente, también
suponen importantes incrementos de costes para las empresas. La indefensión
empresarial ante esta política de completa dictadura fiscal es más que
evidente.
Las empresas se rebelan ante la
última exigencia de Hacienda para que presenten las facturas en tiempo real y
exigen una nueva demora en su aplicación, prevista para el próximo 1 de julio
de 2017. ¿Cederá Hacienda ante esta petición?
La nueva exigencia de momento es
«solo» para las empresas que facturen más de seis millones de euros al año como
ya comenté hace poco en otro artículo de este blog. Eso le supone a
Hacienda tener un control exhaustivo y sin apenas trabajo para ellos, del 80%
de las facturas (62.000 empresas) que se generan en el país.
Las empresas ven estas
exigencias del todo desproporcionadas (y sin duda lo son). Hablo del Suministro
Inmediato de Información, el último invento diabólico de Hacienda.
La CEOE ha formado un
bloque contra esta medida con el apoyo de las empresas de telecomunicaciones,
de distribución, de energía y de construcción, entre otras, además de la Aedaf
(Asociación Española de Asesores Fiscales) y el Ceaf (Consejo de Economistas
Asesores Fiscales).
Recordemos que el
incumplimiento de esta macroexigencia puede suponerles a las empresas sanciones
equivalentes al 1% de su facturación (mínimo 60.000 euros).
Las empresas alegan con
toda la razón que la implantación del dichoso Gran Hermano les supondrá una
«carga de trabajo muy elevada por el alto coste de tiempo y recursos que
conlleva». «La dedicación de recursos impactará de forma muy importante en los
desarrollos de sistemas necesarios para el lanzamiento comercial de productos y
servicios, afectando por lo tanto a la actividad comercial del Grupo».
Hacienda marcó un plazo de
seis meses para adaptarse, pero ellos ni siquiera han publicado la Orden en la
que se supone que especificarán los detalles técnicos y el formato definitivo
que deberá tener la información facilitada. O sea, un desmadre, como todo lo
que hace Hacienda.
Para minimizar el impacto
de la nueva obligación, las empresas piden a Hacienda algunos ajustes:
1.- Que no entre en vigor
antes del 1 de enero de 2018.
2.- Que el plazo de
comunicación de cuatro días se amplíe al menos a quince.
3.- Que no haya obligación
de carácter retroactivo como se pretende.
4.- Plantean una deducción
en el Impuesto de Sociedades para compensar las inversiones que van a ser
necesarias.
5.- Que la información esté
legislada y no en la página web de Hacienda que esta puede modificar a su
capricho y constantemente generando todavía una mayor indefensión empresarial.
Ramón Cerdá
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