La permanencia de los vertidos
urbanos a la Ría de O Burgo es incompatible con el inicio de los trabajos de
dragado, presupuestados en más de 46 millones de euros y previstos para este
mismo año. El planteamiento evidente de esa situación ha sido comunicado a la
oficina en España de la UE, mediante una queja formal enviada hace unos días y
por medio de la cual se solicita a las autoridades que no se concedan más
fondos comunitarios para el proyecto hasta que no se cumpla la Directiva
europea de depuración de aguas residuales. En estos momentos, varios puntos de
vertido urbanos continúan enviando polución a la Ría y contribuyendo a su
deterioro.
Una comisión de la UE que visitó
la Ría llamó en su momento la atención acerca de este particular y ya se
sugirió la posibilidad de retirar fondos comunitarios en caso de incumplimiento
ambiental grave, lo que es el caso. La UE destinó en su día una ingente
cantidad de dinero comunitario para el programa de saneamiento de las Rías, que
nunca fue completado. En el caso de Cambre y Culleredo, se trata de dos núcleos
de población superior a 15.000 habitantes y deberían gozar de la condición de
“vertido cero” desde el 1 de enero de 2001. Sería interesante concluir hasta
que punto los vertidos urbanos son responsables de la acumulación de lodos en
los fondos de la Ría.
ARCO IRIS insta a la Xunta de Galicia, a los
ayuntamientos implicados y al Ministerio de Fomento a un compromiso serio y
formal para eliminar estos puntos de vertido cuya persistencia constituye una
manifiesta ilegalidad y una verdadera vergüenza de difícil justificación
dieciocho años después del límite legal para su eliminación. Por todo ello,
esperamos que las autoridades ambientales de la UE recuerden a las españolas le
obligación inexcusable de cumplir las Directivas europeas.
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