Las estadísticas de las sanciones disciplinarias en la Guardia Civil deben analizarse para hacer un balance de la verdadera situación sociolaboral de la Institución. Analizar estos datos desde el punto de vista numérico no es suficiente para hacer un análisis exhaustivo y real de una situación que, en muchas ocasiones, roza la inmoralidad, el desequilibrio psíquico de algunos, por no decir el delito.
El régimen disciplinario de la Guardia Civil
como el Código de Circulación no deja ilícito sin poder sancionarse, pero son los
hombres los que deben valorar y adecuar las circunstancias a las teorías. Me
explico, llegar un minuto tarde al servicio es motivo de sanción, pero los
mandos con capacidad disciplinaria deben valorar las circunstancias que han
provocado el retraso y, por supuesto, si la sanción perjudica más a la
Institución que la exoneración al autor. La imagen de la Guardia Civil, que no
es propiedad de esos que utilizan “El aquí te pillo, aquí te mato”, sufre ante
la rigurosidad de estos elementos nocivos.
Según los datos que maneja el Ministerio, entre
1990 y 2004 el cuerpo impuso 46.903 sanciones disciplinarias, de las cuales más
de 32.000 conllevaron la privación de libertad y de estas, 1.027 sanciones
tuvieron emparejado un cumplimiento penitenciario en establecimientos
carcelarios militares.
El 27 de febrero de 2013, la Comisión de
Interior del Congreso instó al Gobierno a que diera cuenta de las sanciones que
había revisado o anulado de las que fueron impuestas a guardias civiles hasta
1990 por reivindicar sus derechos.
A falta de la votación final, los portavoces de
los grupos expresaron su apoyo a una enmienda “in voce” a una propuesta inicial
de UPyD que pedía al Ejecutivo esos datos.
Se trataba de que el Gobierno informara de la
ejecución de una proposición que se aprobó en esa misma Comisión en septiembre
de 2009 en la que se instaba al Gobierno a revisar y anular las sanciones
impuestas a decenas de guardias civiles hasta finales de los años 90 por
“reivindicar sus derechos constitucionales”.
La iniciativa exigía al Gobierno que revisara de
forma individualizada todos los expedientes abiertos en aquellos años,
“anulando a todos los efectos las sanciones injustas”.
El texto recordaba el caso del sargento José
Morata, uno de los fundadores de la Asociación Unificada de Guardias Civiles
(AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, que fue expulsado del instituto armado en
1997.
También citaba al cabo primero Manuel Rosa y a
los guardias Manuel Linde y José Carlos Piñeiro, todos ellos “injustamente”
separados del servicio por defender los derechos de los agentes.
A día de 27 de febrero de 2013, la portavoz de
UPyD quiso llevar a la comisión ese mismo debate al entender que los agentes
sancionados en su día por reclamar sus derechos no habían sido rehabilitados,
como a fecha de hoy, 13 de agosto de 2021, tampoco lo están.
Sin embargo, los grupos optaron por dar un
margen de confianza al Gobierno y le pidieron que, tres años y medio después de
la aprobación de esa iniciativa, informara de su ejecución. A la vista del caso
del Cabo I Manuel Rosa, los Guardias Linde y José Carlos Piñeiro, no
readmitidos todavía hoy en día en el Cuerpo, cabe decir que no se ha ejecutado
la iniciativa.
Por otra parte, y ya teniendo aprobada la Ley
Orgánica de 2007 de Régimen Especial disciplinario de la Guardia Civil, que
debería haber servido para engrasar las relaciones de compañerismo,
subordinación y disciplina entre todos los miembros de todas las Escalas del
citado Cuerpo, poseemos datos del año 2012 y estos no son nada halagüeños;
fueron sancionados 1.861 guardias civiles. Una evolución que ha ido creciendo
poco a poco y que refleja que algo falla en la Institución. No hay lugar a
dudas, con estos datos estamos hablando de una Institución muy indisciplinada,
porque si no utilizan el “aquí te pillo, aquí te mato” serían muchas más, o,
por el contrario, esa utilización temeraria del régimen disciplinario puede ser
el arma letal de los intolerantes ante los excesos ajenos y no para los excesos
propios.
Por otro lado, existe en la Guardia Civil, y así
lo percibimos la mayoría, la convicción de que el régimen disciplinario está
para aplicarlo a la escala básica y que la escala Superior de Oficiales cumple
tanto que ni aparece en las estadísticas. Esta curiosa circunstancia desvela
que la disciplina se aplica de forma caprichosa o que son tan inmaculados y
perfectos que deberían ir al cielo directamente. Cosa que no es cierta (me
refiero a la inmaculada perfección), porque las estadísticas de otras parcelas
de la vida cotidiana dicen que son tan imperfectos como el que escribe.
Si tomamos las estadísticas de guardias civiles
separados, con exceso de peso, número de hijos, o que sufren enfermedades
aparecerían los mandos en el mismo porcentaje que los guardias civiles, pero en
las faltas disciplinarias desaparecen como por arte de magia. Esa es la razón
por la que hablaba de que las sanciones rozan la inmoralidad, el desequilibrio
psíquico de algunos, por no decir el delito.
Hace años un director general instaba a los
mandos a utilizar más el diálogo que el régimen disciplinario. Alertaba de
ciertos factores de riesgo de los excesos disciplinarios (bajas psicológicas
incluidas y suicidios). Pero los tiempos cambian y hemos vuelto a la
utilización torticera del régimen disciplinario y eso perjudica mucho a la
Institución. Parece que tomaron el consejo del exdirector, pero hablan más
entre las escalas superiores y poco con los de las escalas básicas.
Hecho este inciso, el 10 de agosto de este año
de 2021, recientemente el Boletín Oficial de la Guardia Civil, a instancias del
Ministro del Interior, recogía el acuerdo de las Asociaciones que conforman el
Consejo de la Guardia Civil, a excepción del General Cabrales Arteaga de los
Cuerpos Comunes de Fuerzas Armadas, a la sazón Jurídico Militar, que,
anticonstitucionalmente, ejerce en la Guardia Civil con su camarilla, que fue
mi represor, y responsable de cientos y miles de bajas “disciplinarias” de
Guardias Civiles, el reconocimiento a nuestra labor individual en favor del
asociacionismo en la Guardia Civil una vez aprobada nuestra Constitución del
78; 100.000 sancionados por Códigos Disciplinarios militares sin tener sus
miembros esta condición; tan sólo decir que, a tenor del Diario de Sesiones del
Congreso de los Diputados, cuando se votó el Artículo 8 CE, para incluir a la
Guardia Civil como parte de las Fuerzas Armadas, salió que no eran militares de
las Fuerzas Armadas, por 192 votos, frente a 8 de Fraga (Alianza Popular) y 2
abstenciones. Pero tal como veremos, los Profesionales Militares, no sueltan a
la Guardia Civil, como Cuerpo Policial, pretendiendo como siempre fue, que siga
siendo “su brazo armado en la sociedad”, que, pese a ello, es democrática.
Se habla de reconocimiento a nuestra lucha,
cuando en esencia no se reconoce nada. Ni reingreso, ni sueldos dejados de
percibir, ni ascensos, ni nada de nada, como si encima se recochinearan de la
aberración jurídica que cometieron hace 35 años y después, siguieran jugando
con nuestro honor mancillado por un Grupo Criminal Organizado, Juez Togado
Jurídico Militar, Mandos de la Comandancia, Servicios de Información y
Especiales, con JULIAN HERNANDEZ DEL BARCO “pata negra”, a la cabeza, que por
delito imposible de Sedición Militar, ignorando, posiblemente con mala fe, que
la misma, se juzga por la Jurisdicción Ordinaria: a raíz del 23-F, Tejero fue
sentenciado a 30 años de prisión, de los 6 que sentenciaron los militares, por
el Tribunal Supremo.
Recientemente la directora general de la GC
manifestó públicamente que había de repararse el daño causado a los familiares
del Caso Almería (Lasa y Zabala). Como igualmente próximamente Guardias Civiles
se verán reparados por la Ley de Memoria Vasca, excesos policiales y demás. Me
pregunto ¿Sólo quedaremos sin “reparar el daño causado”, los, coloquialmente
denominados, UMD-VERDES?
Reconocer, sin más, un daño inobjetable, es
volver a emponzoñar una herida abierta, por los torturadores (pentotal, porras
eléctricas, registros sin testigos, con nocturnidad, detenciones militares, sin
serlo, etc.), no es reconocer nada. Es vituperar más aún a las víctimas, del
orden de 100.000, repito, según manifestación pública y amedrentadora del
delincuente Luis Roldan, en su nefasta época de director socialista.
Doña MARIA GAMEZ, tiene la oportunidad
de reponer el HONOR
MANCILLADO, sin tener que acudir al Tribunal de Estrasburgo;
que sabe bien de las andanzas de unos Mandos de la Guardia Civil, que se pasan
el derecho por la entrepierna, como queda demostrado con solo examinar el
incumplimiento, con desacato y desobediencia, a la STC que legalizó a la UNION
DEMOCRATICA DE GUARDIAS CIVILES y que el Registro de Asociaciones,
pertinazmente se niega a darle un Número de Registro, tras verificación
reglada.
Es hora de coger el toro por los cuernos y que
cada palo aguante su vela.
Manuel Rosa Recuerda (promotor UDGC)
https://www.defensa-nacional.com/blog/2021/08/nacional/reconocimiento-y-honor-mancillado/
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