Los guardias civiles democráticos: la represión silenciada de la Transición.
La historia reciente de España arrastra una deuda incómoda que el poder político ha preferido enterrar bajo el silencio: la persecución sistemática de guardias civiles que, durante los gobiernos socialistas de Felipe González, osaron reclamar algo tan elemental como el respeto a los derechos constitucionales que la propia Constitución de 1978 proclamaba.
Aquellos guardias civiles no empuñaron armas, no se alzaron contra el Estado ni atentaron contra el orden democrático. Hicieron exactamente lo contrario: acudieron a la vía pacífica, jurídica y constitucional para reclamar derechos fundamentales, entre ellos el derecho de asociación profesional. La respuesta del Estado fue la represión.
Expulsiones, ingresos en prisión, sanciones disciplinarias arbitrarias y, en los casos más graves, internamientos psiquiátricos forzosos bajo diagnósticos inexistentes. Auténticos “gulags de la democracia”, centros donde se neutralizaba al disidente uniformado mediante la patologización de la discrepancia. No era una excepción: fue una operación organizada, estructurada y deliberada.
El tiempo y la justicia internacional terminaron dando la razón a quienes fueron tratados como enemigos internos. El Tribunal Constitucional y, de forma especialmente contundente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) reconocieron que se habían vulnerado derechos fundamentales. Declararon que los guardias civiles democráticos tenían derecho a asociarse y que las represalias sufridas constituían violaciones graves del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El TEDH fue más allá: condenó al Estado español por detenciones ilegales y por el uso abusivo del aparato disciplinario y penal contra ciudadanos que solo reclamaban derechos. Las sentencias fueron claras. Las responsabilidades, evidentes. Pero la ejecución de esas resoluciones sigue pendiente a día de hoy.
Ni el Estado español ni la Guardia Civil han cumplido íntegramente las sentencias. No se han ejecutado las reparaciones, no se ha producido un reconocimiento público del daño causado, no se han depurado responsabilidades políticas ni administrativas, y no se ha levantado el secreto de las operaciones que articularon esta represión, conocida como Operación Columna.
Lejos de desaparecer, los represaliados se organizaron. Hoy se agrupan en asociaciones de guardias civiles represaliados que reclaman justicia, no venganza. Reclaman indemnizaciones por los daños patrimoniales y morales sufridos, el reconocimiento público de su dignidad profesional, el pase a retirados por acoso laboral en acto de servicio, y la concesión de los reconocimientos meritorios que durante décadas les fueron negados por motivos ideológicos.
Pero su reivindicación va más allá de lo personal. Exigen una comisión de investigación parlamentaria y gubernamental, integrada en las políticas de memoria histórica, que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y levantar el secreto oficial que aún cubre una de las operaciones más oscuras de la democracia española.
Porque no hubo reconciliación sin verdad, ni democracia plena mientras se siga ocultando que, en nombre del Estado de derecho, se cometieron abusos propios de regímenes autoritarios. La Transición no puede seguir siendo un relato intocable si se quiere una democracia madura.
Los guardias civiles democráticos no fueron un problema para España. Fueron una oportunidad perdida. Y mientras sus sentencias sigan sin ejecutarse y su memoria siga siendo incómoda para el poder, la democracia española seguirá teniendo una herida abierta que ningún discurso institucional puede cerrar.
La justicia que llega tarde, y no se cumple, deja de ser justicia.
|
|
