El 3 de marzo de 1976 quedó grabado como una de las jornadas más trágicas de la Transición española. A las 15:50 horas, efectivos de la Policía Armada, procedentes del acuartelamiento de Vitoria y reforzados por unidades desplazadas desde Miranda de Ebro, irrumpieron en la parroquia de San Francisco de Asís, en la capital alavesa. En su interior se celebraba una asamblea multitudinaria de trabajadores en el contexto de un conflicto laboral que se había extendido por la ciudad.
La intervención policial, con lanzamiento de gases lacrimógenos en un espacio cerrado y posterior actuación armada en el exterior, tuvo consecuencias devastadoras. Francisco Aznar, de 18 años, murió en el acto. En total, cinco trabajadores fallecieron y más de un centenar resultaron heridos por arma de fuego. Aquellos hechos, conocidos como la matanza de Vitoria, marcaron un punto de inflexión en la percepción social del aparato coercitivo heredado del franquismo.
Recientemente, el Gobierno ha condenado oficialmente la actuación “desproporcionada” de la Policía Armada en aquellos sucesos, reafirmando la necesidad de reconocer el sufrimiento de las víctimas y consolidar una memoria democrática que no eluda los episodios más oscuros del tránsito político.
Montejurra y el desgaste del Gobierno de Arias Navarro
Ese mismo año, los sucesos de Montejurra, el 9 de mayo de 1976, añadieron tensión a un escenario político ya inestable. En el contexto de la tradicional concentración carlista en Navarra, se produjeron enfrentamientos armados que culminaron con dos muertos. La percepción de descontrol, la persistencia de estructuras represivas y la incapacidad del Ejecutivo para gestionar el proceso de apertura política precipitaron el final del Gobierno de Carlos Arias Navarro en julio de 1976.
Su cese abrió paso al nombramiento de Adolfo Suárez, quien pilotaría el proceso formal de la Transición hacia un sistema democrático homologable al europeo. Sin embargo, ese tránsito no fue lineal ni exento de contradicciones: estuvo atravesado por violencia política, tensiones internas y resistencias en múltiples ámbitos institucionales.
Otra fecha: 17 de diciembre de 1976
Ese mismo año, el 17 de diciembre, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se manifestaron para reivindicar derechos básicos como el acceso a la Seguridad Social y mejoras en sus condiciones laborales. Según crónicas de la época, aquella movilización constituyó uno de los hechos más significativos de la Transición en el ámbito corporativo policial.
En plena transformación del Estado, quienes integraban los cuerpos policiales también reclamaban su integración en un marco de derechos sociales equiparables al resto de empleados públicos. Aquella protesta, poco recordada en los relatos oficiales, reflejaba que la Transición no solo fue un proceso político-institucional, sino también laboral y corporativo.
23-F: la defensa de la democracia
Cinco años más tarde, el 23 de febrero de 1981, España vivió un intento de golpe de Estado que puso en jaque el sistema constitucional nacido en 1978. La actuación de numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas fue determinante para preservar el orden constitucional frente a la insurrección encabezada por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados.
El 23-F no solo es recordado por la firmeza institucional del Rey Juan Carlos I en su mensaje televisado, sino también por la lealtad constitucional de muchos servidores públicos que, desde dentro de las estructuras del Estado, optaron por la legalidad democrática.
Memoria, reconocimiento y relato
La política de memoria histórica ha avanzado en el reconocimiento de víctimas de la represión franquista y de episodios como los de Vitoria. Sin embargo, persiste un debate social sobre la amplitud y equilibrio de ese reconocimiento.
Algunos colectivos sostienen que determinados hitos vinculados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad —como la manifestación del 17 de diciembre de 1976 o la actuación de agentes que defendieron el orden constitucional el 23-F— no reciben una visibilidad institucional equivalente. Denuncian una memoria selectiva en la que unos episodios son conmemorados oficialmente mientras otros dependen de iniciativas privadas o corporativas.
La Transición española fue un proceso complejo, con luces y sombras, víctimas y responsabilidades compartidas, avances democráticos y resistencias internas. Construir una memoria inclusiva implica reconocer el dolor causado por actuaciones desproporcionadas del Estado, pero también el papel desempeñado por quienes, desde dentro de sus estructuras, contribuyeron a consolidar el sistema democrático.
Cincuenta años después de 1976, el desafío no es solo recordar, sino hacerlo de forma completa, rigurosa y plural. Porque la memoria democrática no debería ser patrimonio de unos u otros, sino un espacio común de reconocimiento, autocrítica y cohesión institucional.
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