Marlaska: ¿Hasta cuándo?

 

Barbate, el caso Leire, las condecoraciones y una deuda histórica que Interior no quiere escuchar.

Hay momentos en los que la responsabilidad política deja de ser una cuestión de oportunidad y se convierte en una exigencia democrática. Cuando un ministro acumula controversias relacionadas con la gestión de su departamento, cuando sus decisiones afectan directamente a quienes tienen encomendada la seguridad de los ciudadanos y cuando, además, la propia Administración parece olvidar sus obligaciones legales, la pregunta resulta inevitable: ¿hasta cuándo?

Fernando Grande-Marlaska lleva demasiado tiempo al frente del Ministerio del Interior rodeado de polémicas que requieren explicaciones. Barbate, las investigaciones judiciales que afectan a responsables de su departamento, las controvertidas condecoraciones policiales y la falta de respuesta institucional a una reivindicación histórica de policías y guardias civiles constituyen motivos suficientes para exigir transparencia y rendición de cuentas.

No estamos hablando de discrepancias políticas menores. Estamos hablando de confianza institucional, responsabilidad pública y respeto a quienes han dedicado su vida al servicio del Estado.

BARBATE: LA MUERTE DE DOS GUARDIAS CIVILES Y LAS RESPONSABILIDADES PENDIENTES.

El 9 de febrero de 2024, los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez fueron asesinados en el puerto de Barbate cuando una narcolancha embistió la embarcación en la que prestaban servicio.

Dos vidas perdidas. Dos familias destrozadas. Dos compañeros que nunca regresaron a casa.

Aquella tragedia puso de manifiesto las graves dificultades con las que trabajan muchos agentes en la lucha contra el narcotráfico: medios insuficientes, embarcaciones inadecuadas para determinadas operaciones y una exposición al riesgo que exige respuestas de las administraciones responsables.

La investigación penal sobre los dos mandos de la Guardia Civil inicialmente investigados por posibles deficiencias en el dispositivo fue archivada, decisión que no debe confundirse con la responsabilidad política del Ministerio.

Porque una cosa es la responsabilidad penal, que corresponde determinar a los tribunales, y otra muy distinta la responsabilidad política por la planificación, los medios y las decisiones administrativas.

Marlaska debía explicar qué se hizo, qué medios estaban disponibles y qué medidas se adoptaron para evitar que una situación semejante volviera a producirse.

Los homenajes son necesarios, pero no sustituyen a las explicaciones ni a las decisiones que garanticen la seguridad de quienes siguen jugándose la vida.

EL CASO LEIRE: INVESTIGACIONES QUE EXIGEN EXPLICACIONES.

A las controversias anteriores se sumaron las informaciones relativas al denominado caso Leire.

En julio de 2026, el juez Santiago Pedraz citó como investigados a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, en relación con una investigación sobre presuntas actuaciones de obstrucción a la Justicia y prevaricación.

Es imprescindible recordar que una citación como investigado no equivale a una condena ni acredita la culpabilidad de nadie. La presunción de inocencia debe respetarse siempre.

Pero también es legítimo preguntarse por la responsabilidad política del ministro que dirige el departamento del que dependen estos altos cargos.

Marlaska manifestó que mantenía su confianza en ambos. Es una decisión que puede adoptar dentro de sus competencias, pero que no le exime de ofrecer explicaciones sobre los motivos de esa confianza y sobre las medidas de control y supervisión de su departamento.

La responsabilidad política no puede desaparecer detrás de los procedimientos judiciales.

LAS MEDALLAS: EL PRESTIGIO POLICIAL NO ES UNA RECOMPENSA DE CORTESÍA.

Otra polémica que merece atención es la concesión de condecoraciones con motivo de los actos de los Ángeles Custodios.

Las distinciones policiales deben preservar el prestigio de la institución y responder a criterios objetivos de mérito, servicio y reconocimiento.

Sin embargo, las informaciones publicadas en septiembre de 2026 sobre las 682 condecoraciones previstas para personas ajenas a la Policía Nacional y dos entidades han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿qué criterios se utilizan para distinguir a quienes no pertenecen al cuerpo?

Entre los nombres publicados figuraban responsables de comunicación, empresarios, autoridades y otros representantes de distintos ámbitos.

No se cuestiona que una persona ajena a la Policía o Guardia Civil pueda realizar méritos suficientes para recibir una distinción. Lo que se exige es transparencia, justificación y criterios homogéneos.

Tampoco puede ignorarse la controversia generada por la falta de publicidad de determinadas relaciones de condecorados y las críticas sobre posibles impugnaciones judiciales. Si existen decisiones administrativas recurridas o anuladas, deben explicarse con claridad y con sus correspondientes resoluciones.

El prestigio de las medallas no se protege ocultando información, sino garantizando que cada una de ellas esté suficientemente justificada.

Mientras tanto, muchos policías y guardias civiles que han entregado décadas de servicio, que han sufrido persecuciones profesionales o que han arriesgado su vida en defensa de los derechos de todos, siguen esperando un reconocimiento que no tiene por qué adoptar la forma de una medalla.

17 DE DICIEMBRE DE 2026: CINCUENTA AÑOS DE UNA MANIFESTACIÓN QUE NO DEBE OLVIDARSE.

Y llegamos a una cuestión que, para quienes defendemos la memoria de los guardias civiles y policías democráticos, tiene una trascendencia especial.

El próximo 17 de diciembre se cumplen cincuenta años de la histórica manifestación de 1976 en la que policías y guardias civiles reclamaron derechos y libertades y seguridad social.

Aquellos hombres se atrevieron a exigir condiciones dignas, protección social, asistencia sanitaria y reconocimiento profesional en un momento histórico en el que reclamar esos derechos podía significar perder la libertad, el puesto de trabajo o el futuro profesional.

No fueron a buscar medallas. Fueron a reclamar derechos.

Su lucha forma parte de la historia de la democratización de España y de la conquista de unas libertades que hoy disfrutamos todos.

Los promotores de la conmemoración han solicitado al Ministerio del Interior la celebración de un acto institucional de homenaje. La petición ha sido trasladada a los responsables del departamento y, según han denunciado sus impulsores, no han recibido la respuesta institucional que esperan.

La reivindicación es sencilla: un acto de reconocimiento a quienes, desde dentro de las propias instituciones policiales, contribuyeron a abrir camino a la democracia.

No piden privilegios. No reclaman recompensas económicas. No exigen medallas. Reclaman memoria y reconocimiento.

¿Es tanto pedir?

La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, ofrece un fundamento especialmente relevante. Su artículo primero establece entre sus objetivos la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática y la defensa de los derechos y libertades fundamentales.

Pero es especialmente significativo su artículo 10.1, que contempla medidas de la Administración General del Estado para conmemorar hechos representativos de la memoria democrática y reconocer a quienes lucharon por la libertad y la democracia.

No estamos afirmando que la ley obligue automáticamente a celebrar un acto concreto, pero sí que existe una base legal y un compromiso institucional que merecen ser considerados.

La memoria democrática no puede convertirse en una memoria selectiva, en la que se reconozca a unos protagonistas y se relegue a otros por resultar incómodos o por no encajar en determinados relatos políticos.

La democracia también tiene una deuda con aquellos policías y guardias civiles que lucharon por ella cuando todavía no estaba consolidada.

DOS SOLICITUDES, UNA OBLIGACIÓN LEGAL Y UN SILENCIO QUE DEBE ACLARARSE.

Hay, además, un aspecto que merece una atención especial: la falta de respuesta a las solicitudes dirigidas al ministro.

Los promotores de la iniciativa aseguran haber presentado dos peticiones formales ante el Ministerio del Interior reclamando el reconocimiento institucional del cincuenta aniversario.

Y aquí debemos recordar algo elemental: la Administración tiene obligaciones legales que no dependen de la voluntad de quien ocupa temporalmente un cargo público.

El artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos, con independencia de su forma de iniciación y dentro de los plazos legalmente establecidos.

El ministro puede aceptar o rechazar una petición, pero debe hacerlo conforme a derecho cuando exista obligación de resolver.

No es admisible que una solicitud formal quede indefinidamente sin respuesta, si el procedimiento está sujeto a esa obligación y han vencido los plazos correspondientes.

La Administración debe dar ejemplo. Y el Ministerio del Interior, por la naturaleza de sus competencias, debería ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de la legalidad.

No se puede exigir a los ciudadanos respeto a las instituciones mientras las propias instituciones olvidan que también están sometidas a la ley.

MARLASKA DEBE DAR UN PASO AL FRENTE.

La acumulación de controversias exige una respuesta política.

El caso Barbate, las investigaciones que afectan a altos responsables de su departamento, las dudas sobre los criterios de las condecoraciones y la falta de respuesta institucional a una reivindicación histórica constituyen asuntos que no pueden despacharse con declaraciones de confianza, explicaciones genéricas o silencio.

Un ministro no responde penalmente por cualquier actuación de los cargos que dependen de él. Pero sí tiene una responsabilidad política sobre la dirección, supervisión y funcionamiento de su departamento.

Por eso, considero que Fernando Grande-Marlaska debe asumir las consecuencias políticas de su gestión y que el presidente del Gobierno debe valorar seriamente su continuidad al frente del Ministerio del Interior.

La dimisión o el cese son decisiones que forman parte de los mecanismos de responsabilidad de cualquier Gobierno democrático. No pueden considerarse una exigencia desproporcionada cuando se cuestiona la confianza institucional en quien dirige un departamento tan importante.

Pero hay algo que no debería admitir discusión: los policías y guardias civiles merecen respeto, medios adecuados, derechos y reconocimiento.

El próximo 17 de diciembre no es una fecha cualquiera. Se cumplen cincuenta años de una manifestación que representa una parte de nuestra historia democrática que todavía no ha recibido el reconocimiento institucional que merece.

Aquellos hombres cambiaron su libertad, su tranquilidad y, en muchos casos, su futuro profesional por los derechos y libertades de todos nosotros.

Hoy no piden medallas. Piden que el Estado recuerde lo que hicieron. Y al ministro del Interior le corresponde responder.

Porque la memoria democrática no puede tener dueños, la legalidad no puede tener excepciones y el reconocimiento a quienes lucharon por nuestras libertades no puede depender de la conveniencia de ningún Gobierno.

Marlaska debe dar explicaciones. Y si no está en condiciones de recuperar la confianza institucional que exige su responsabilidad, debe dimitir o ser cesado.

https://www.periodistadigital.com/politica/autonomias/20261108/marlaska-noticia-689405264534/

Cuando el cuerpo (no) miente.

Autor: José Piñeiro , Dtor. VP.  : CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (4 DE 5)

Tests de personalidad, cuestionarios de síntomas y señales físicas prometen detectar la simulación. La ciencia los usa con rigor y con límites muy claros; el sentido común, en cambio, suele fiarse de un gesto que no significa nada.

Hay una creencia muy extendida y muy poco fundada: que el cuerpo delata a quien miente. Que evitar la mirada, tocarse la nariz o sudar son señales de un engaño. La psicología forense, que necesita algo más sólido que el sentido común para escribir un informe que un juez pueda valorar, ha desarrollado en su lugar un conjunto de instrumentos con una fiabilidad medible —y también con límites que conviene conocer, porque usarlos mal puede ser tan injusto como no usarlos.

Lo que sí mide un test de personalidad.

El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2), adaptado a España en 1999, ha sido durante décadas el instrumento de referencia en los peritajes psicológicos del país. Su utilidad forense no está en diagnosticar rasgos de personalidad, sino en sus llamadas escalas de validez —con nombres como F-r, Fp-r, FBS-r o RBS—, diseñadas específicamente para detectar si quien responde exagera sus síntomas (lo que en el argot pericial se llama simulación) o, al contrario, los minimiza. Los estudios comparativos son claros en esto: las personas a las que se instruye deliberadamente para simular un daño psicológico puntúan de forma significativamente más alta en estas escalas que la población general o clínica. Es, por tanto, una herramienta útil, aunque no infalible ni suficiente por sí sola.

Junto a él suele emplearse el Cuestionario de 90 Síntomas (SCL-90-R), un inventario de 90 preguntas que mide la intensidad de síntomas como la depresión, la ansiedad, la somatización o la hostilidad. Ayuda a perfilar el impacto psicológico de un hecho, aunque —a diferencia del MMPI-2— no fue diseñado específicamente para detectar la simulación, y su validez varía según el tipo de población evaluada.

Lo que el cuerpo no puede demostrar por sí solo.

En el terreno médico existe un equivalente físico: los llamados signos de Waddell, descritos en 1980 por el cirujano ortopédico Gordon Waddell para el dolor lumbar crónico. Se agrupan en cinco categorías —distracción, alteraciones regionales, sobrerreacción, dolor simulado a la presión superficial y carga axial simulada— y tres o más categorías positivas se consideran clínicamente significativas. Pero aquí llega la advertencia que la propia literatura médica repite con insistencia: los signos de Waddell se han malinterpretado, clínica y médico-legalmente, como una prueba de que el paciente simula. No lo son. Su presencia solo indica que existe un componente no orgánico en el dolor y que conviene una valoración psicológica adicional —porque ese componente puede ser perfectamente real, sin que haya fingimiento alguno de por medio.

El mito que sigue circulando.

Frente a estos instrumentos, contrastados y con límites conocidos, sigue muy viva la idea de que basta con "leer" el lenguaje corporal para detectar una mentira. La investigación científica no ha logrado vincular ningún gesto aislado con el engaño de forma universal: cada persona reacciona de manera distinta. La tasa de acierto al detectar mentiras por el lenguaje corporal o verbal se sitúa, según los estudios, en torno al 54-60%, apenas por encima de lanzar una moneda al aire. Incluso el mito más repetido —que quien evita la mirada miente más— se ha visto desmentido: si acaso, ocurre lo contrario, porque quien miente tiende a sostener la mirada como estrategia deliberada. Ni siquiera el polígrafo, la técnica más popularmente asociada a la detección del engaño, alcanza una fiabilidad del cien por cien.

La conclusión pericial seria no se construye, por tanto, sobre un gesto o una corazonada, sino sobre la convergencia de varios instrumentos: el análisis del contenido de la declaración, la prueba psicométrica y, cuando existe, la exploración física, todos leídos juntos y con sus límites por delante. En la última entrega de esta serie daremos un giro: veremos por qué, incluso con todas estas herramientas en la mano, nuestra propia mente sigue siendo el obstáculo más difícil de vencer a la hora de juzgar qué es verdad.

La ciencia que separa el recuerdo de la invención.

Autor: José Piñeiro , Dtor. VP.  SERIE: CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (3 DE 5)

Desde la hipótesis de un psicólogo alemán de 1967 hasta el sistema desarrollado en Galicia que hoy usan los tribunales españoles: así analiza la psicología forense si un testimonio es creíble, sin necesidad de creer a nadie por instinto.

En 1967, el psicólogo alemán Udo Undeutsch formuló una hipótesis que sigue vigente: el recuerdo de algo que se ha vivido difiere, en contenido y en calidad, del recuerdo de algo imaginado o inventado. No es una intuición: es una hipótesis contrastable, y de ahí nació toda una disciplina dedicada a comprobarla declaración por declaración.

De la hipótesis de Undeutsch se derivó una técnica, el Análisis de la Realidad de la Declaración, que incluye una lista de criterios de realidad conocida como CBCA —Análisis de Contenido Basado en Criterios—. Los psicólogos Steller y Köhnken la sistematizaron en 1989 en un procedimiento de dos fases: el CBCA propiamente dicho, con 19 criterios agrupados en cinco categorías —como la cantidad de detalles, las interacciones descritas o la presencia de experiencias subjetivas—, y el SVA o Análisis de Validez de la Declaración, que enmarca toda la entrevista. Es, hoy, la herramienta más usada en el mundo para evaluar la veracidad de un testimonio, sobre todo en casos de abuso sexual infantil, su ámbito de origen.

Conviene una precisión honesta, porque en este terreno el exceso de confianza es tan peligroso como la credulidad: aplicar el CBCA a testimonios de personas adultas, algo frecuente en la práctica pericial, no cuenta con el mismo respaldo científico que su uso en menores. Y ningún criterio, ni siquiera el conjunto de ellos, constituye una prueba concluyente por sí sola. Es un indicio que se valora junto al resto de la instrucción, no un detector de mentiras infalible.

El sistema español: SEG

En España, los catedráticos de Psicología Ramón Arce y Francisca Fariña, de la Universidad de Santiago de Compostela, desarrollaron el Sistema de Evaluación Global (SEG), que integra el CBCA, el Monitoreo de la Realidad, el SVA/SRA y la evaluación de la prueba psicológica asociada —lo que en los informes periciales se conoce como "huella psíquica"—. Publicado en 2005 y aplicado, entre otros ámbitos, en casos de violencia de género, sus propios autores han reportado en sus estudios de seguimiento judicial tasas de condena de hasta el 93% cuando el informe pericial respaldaba la credibilidad del testimonio, frente a absoluciones de hasta el 100% cuando no la respaldaba. Son cifras que reflejan una correlación observada en la práctica judicial española, no una garantía matemática: ningún sistema pericial sustituye la valoración final del tribunal.

Cómo se obtiene el relato: la entrevista cognitiva

Todo este análisis depende, a su vez, de cómo se haya obtenido el testimonio. En 1992, Ronald Fisher y Edward Geiselman revisaron la entrevista cognitiva original para incorporar factores sociales y comunicativos: formular preguntas compatibles con el testigo, generar un buen clima emocional, transferirle el control del relato y ayudarle a reconstruir el recuerdo desde distintos ángulos. El objetivo es simple de enunciar y difícil de ejecutar: obtener el máximo de información genuina minimizando la contaminación del recuerdo por parte de quien pregunta. La investigación disponible respalda que reduce la cantidad de información falsa sin disparar los errores.

Lo que une estas tres herramientas —hipótesis de Undeutsch, CBCA/SVA y entrevista cognitiva— es una misma convicción de fondo: la credibilidad no se decide por intuición ni por la seguridad con que alguien habla, sino analizando de forma sistemática cómo está construido un relato. Es exactamente lo contrario de lo que ocurre en buena parte del debate público, donde la seguridad al hablar se confunde constantemente con la veracidad de lo dicho. En la próxima entrega veremos qué ocurre cuando el propio cuerpo entra en el peritaje: qué puede y qué no puede decirnos un test psicométrico o un signo físico sobre si alguien simula.

El informe que blinda una sentencia.

SERIE: CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (2 DE 5)

Un dictamen pericial mal escrito se cae en el primer recurso; uno bien escrito puede sostener —o tumbar— un fallo. Así se construye, paso a paso, la prueba técnica que un juez necesita para decidir sobre algo que no domina.

Cuando un juez tiene que resolver si una firma es falsa, si un accidente pudo evitarse o si el daño psicológico que alega una víctima es real, se enfrenta a un problema que no es jurídico, sino técnico. Ahí entra el perito: la persona que traduce ese conocimiento especializado —médico, psicológico, forense, económico— en un informe que un lego pueda entender y, sobre todo, contrastar. Ese informe es el dictamen pericial, y su fuerza como prueba depende casi por completo de cómo esté construido.

Antes de llegar al dictamen, el procedimiento se apoya en cinco vías para reunir los hechos. El interrogatorio de las partes, mediante un cuestionario detallado dirigido a los implicados. La revisión de documentos públicos y privados que puedan aportar pruebas relevantes. El propio dictamen de peritos. El reconocimiento judicial, cuando el juez inspecciona directamente un lugar, un objeto o un documento. Y el interrogatorio de testigos, personas ajenas a las partes que pueden aportar información sobre los hechos. El perito rara vez trabaja solo con una de estas fuentes: cruza varias para que sus conclusiones no dependan de un único relato.

Cuatro reglas para que un informe no se caiga

La práctica pericial seria se apoya en cuatro principios. Primero, el análisis de pruebas: examinar y describir la evidencia de manera clara y directa, sin dar por supuesto lo que aún no se ha comprobado. Segundo, la definición de los términos técnicos, explicados para que resulten comprensibles a jueces, abogados y partes que no dominan la materia. Tercero, la objetividad: mantener una postura imparcial y evitar que la opinión personal del perito se cuele donde solo debería haber datos. Y cuarto, la precisión en el lenguaje: un dictamen impreciso, con afirmaciones categóricas que la evidencia no respalda, es el primer objetivo de cualquier abogado que quiera impugnarlo.

La estructura que un buen perito nunca salta

Un dictamen sólido sigue casi siempre el mismo esqueleto. Una introducción que describe el objeto del informe y los antecedentes del caso. Una metodología que explica qué técnicas se han usado para llegar a las conclusiones —porque un dictamen que no explica su método es, en realidad, una opinión con membrete—. Un análisis que expone en detalle los hechos y las pruebas examinadas. Unas conclusiones que resumen los hallazgos sin exceder lo que el análisis permite afirmar. Y unos anexos con la documentación que respalda cada afirmación, para que cualquier otra parte pueda revisarla.

Ese último punto —que todo pueda revisarse— es quizá el más importante y el que menos se valora fuera del mundo judicial. Un dictamen pericial no pide que se le crea: ofrece el camino para que se le compruebe. Es la misma lógica, trasladada a un despacho, que debería regir cualquier afirmación que se lance al espacio público: no basta con decir que algo es cierto, hay que dejar a mano cómo se ha llegado a esa conclusión. En la próxima entrega veremos cómo la psicología forense ha llevado esa exigencia un paso más allá, desarrollando técnicas capaces de distinguir, dentro de una misma declaración, el recuerdo genuino de la invención.

Operación Columna y los ingresos psiquiátricos de guardias civiles sin patología.

Redacción VP.

¿Qué es la Operación Columna?

La llamada "Operación Columna" hace referencia a una serie de actuaciones internas dentro de la Guardia Civil que, según denuncias públicas de asociaciones profesionales y algunos medios, se usaron para apartar a agentes críticos con la cadena de mando. El nombre proviene de la metáfora de "mantener la columna" de la institución, entendida por los denunciantes como silenciar la disidencia.

El mecanismo denunciado: ingresos psiquiátricos.

El punto central de la crítica es el uso de la vía sanitaria para retirar del servicio a guardias civiles sin un diagnóstico psiquiátrico objetivo. Las denuncias describen el siguiente patrón:

Apertura de expediente: El agente, tras presentar quejas por presuntas irregularidades, acoso laboral o discrepancias operativas, es derivado a evaluación psicológica. 

Ingreso o baja psiquiátrica: Con informes que los afectados consideran genéricos o insuficientes, se decreta una incapacidad temporal o un ingreso psiquiátrico involuntario.

Consecuencias profesionales: Durante la baja, el agente queda fuera del servicio activo, pierde complementos salariales y se ve limitado para defenderse disciplinariamente.

El problema según los denunciantes.

El núcleo de la acusación es que se habrían producido ingresos e incapacitaciones de agentes que no presentaban patología mental diagnosticable según criterios clínicos independientes. Señalan que esto convierte un mecanismo de protección de la salud en una herramienta de represalia interna. 

Las asociaciones que han llevado el caso a los medios y al Defensor del Pueblo argumentan que: Los informes psiquiátricos se basan en entrevistas breves sin pruebas objetivas. No se permite contraperitaje con médicos de confianza del agente. El procedimiento se usa de forma desproporcionada contra quienes alzan la voz dentro del cuerpo.

Respuesta oficial.

La Dirección General de la Guardia Civil ha mantenido que todas las derivaciones a salud mental se ajustan a la legalidad y a protocolos médicos. Sostienen que las bajas psiquiátricas solo se dictan cuando hay indicios clínicos de riesgo para el propio agente o para terceros, y que los procedimientos están sujetos a revisión judicial y del personal médico colegiado.

Estado actual

No existe una sentencia firme que declare la "Operación Columna" como una operación criminal en su conjunto. Hay casos individuales que han llegado a los tribunales contencioso-administrativos y penales, con resultados mixtos: algunos recursos de los agentes han prosperado y otros han sido desestimados. El debate sigue abierto en el ámbito político y mediático, especialmente en medios como Periodista Digital, que han publicado varios artículos sobre el tema bajo el epígrafe "Tricornios en democracia".

La verdad también se demuestra.

 

Autor: José Piñeiro , Dtor. VP.  SERIE: CÓMO SE PRUEBA LA VERDAD (1 DE 5)

En un juicio nadie pregunta qué crees, sino qué puedes probar. Arranca aquí una serie sobre los métodos con que la ley, la ciencia y la psicología acreditan que algo es cierto — y por qué esa disciplina debería importarnos también fuera de los tribunales.

Hay una frase que se repite poco fuera de los tribunales y que debería repetirse más: "eso que dices, ¿cómo lo demuestras?". En el debate público basta con afirmar algo con suficiente convicción, repetirlo lo bastante alto o encontrar a mil personas que lo compartan en una red social para que empiece a tratarse como un hecho. En un procedimiento judicial, en cambio, la convicción no vale nada por sí sola. Lo que vale es lo que se puede acreditar.

Acreditar la verdad de una declaración —que un testigo dice lo que realmente vivió, que un daño existió, que una firma es auténtica— es, de hecho, todo un oficio. La ley y la ciencia forense han desarrollado, a lo largo de más de medio siglo, un conjunto de métodos verificables para hacerlo: el interrogatorio de las partes, la revisión de documentos públicos y privados, el dictamen de peritos, el reconocimiento judicial de lugares y objetos, y el interrogatorio de testigos. Cada uno tiene sus reglas, sus límites y su forma de blindarse frente al error.

El instrumento central de ese esfuerzo es el dictamen pericial: el informe con el que un experto —psicólogo, médico, grafólogo, ingeniero— traduce hechos técnicos en una prueba que un juez, lego en la materia, pueda entender y valorar. Un buen dictamen no defiende una tesis, la contrasta. Se sostiene sobre dos pilares que parecen obvios pero que cuesta mucho respetar: objetividad —ceñirse a los hechos y pruebas disponibles, sin opiniones personales— y precisión en el lenguaje, evitando ambigüedades y afirmaciones categóricas que la evidencia no sostiene.

A partir de aquí, esta columna dedicará cuatro entregas a recorrer, una por una, las herramientas con las que se acredita la verdad en la práctica pericial y judicial española y en la investigación internacional: cómo se redacta y estructura un dictamen pericial que resiste un recurso; la ciencia que distingue un recuerdo vivido de uno inventado —desde la hipótesis de Undeutsch hasta el Sistema de Evaluación Global desarrollado en Galicia—; lo que un test de personalidad o un signo físico pueden y no pueden decirnos sobre si alguien simula; y, para cerrar, por qué nuestra propia mente —con sus atajos, sus sesgos y sus certezas prestadas— es a menudo el obstáculo más difícil de superar a la hora de juzgar qué es verdad.

Puede parecer un asunto de juzgados. No lo es solo. Una democracia se sostiene, entre otras cosas, sobre instituciones capaces de distinguir un hecho de una opinión y de hacerlo con métodos que cualquiera pueda auditar después. Desde el agente que instruye un atestado hasta el perito que firma un informe, pasando por el periodista que contrasta una fuente, todos comparten el mismo problema de fondo: cómo demostrar, no solo creer, que algo ha ocurrido. De eso trata esta serie.

El niño que no podía quedarse quieto y la escala que ayudó a poner nombre a su inquietud.

 

El niño que no podía quedarse quieto y la escala que ayudó a poner nombre a su inquietud.

Hay un niño en casi todas las aulas al que le cuesta esperar su turno, que interrumpe, que pierde el estuche, que
se levanta cuando debería permanecer sentado y al que los profesores describen, a veces con más cariño que precisión, como «un torbellino». Pero no todo niño inquieto tiene TDAH.

A veces ese comportamiento forma parte de la infancia, de una etapa determinada o de las circunstancias que rodean al menor. Otras veces, sin embargo, detrás de esa inquietud, de la impulsividad o de las dificultades para mantener la atención existe un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar al rendimiento escolar, a las relaciones sociales y, en algunos casos, continuar durante la adolescencia y la edad adulta.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad. No es sinónimo de mala educación, de falta de disciplina ni de menor inteligencia. Tampoco puede establecerse únicamente porque un niño sea inquieto o tenga dificultades escolares.

El diagnóstico exige una valoración profesional en la que se tenga en cuenta la duración, frecuencia e intensidad de los síntomas, su repercusión funcional y la posibilidad de que puedan explicarse mejor por otras circunstancias.

Lo que dice el DSM-5.

El DSM-5 establece criterios concretos para el diagnóstico. En niños y adolescentes hasta los 16 años deben presentarse al menos seis síntomas de inatención y/o seis de hiperactividad-impulsividad, mientras que desde los 17 años el umbral se reduce a cinco síntomas en cada uno de esos dominios. Además, varios síntomas deben haber estado presentes antes de los 12 años y deben observarse en dos o más contextos, por ejemplo, en el hogar y en el colegio.

No basta, por tanto, con que un profesor diga que un alumno "no para quieto", ni con que los padres observen que se distrae con facilidad. El diagnóstico requiere integrar información procedente de distintos ámbitos y valorar si existe una interferencia real en la vida cotidiana. Ese principio resulta especialmente importante cuando se utilizan instrumentos de evaluación como las Escalas Magallanes.

Qué son las Escalas Magallanes.

Las Escalas Magallanes constituyen un conjunto de instrumentos desarrollados por el Grupo ALBOR-COHS para la evaluación de diferentes indicadores relacionados con las dificultades atencionales, la hiperactividad y otros comportamientos asociados.

En su origen se encuentra la EMTDAH, desarrollada por E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago. La documentación actual del propio Grupo ALBOR-COHS identifica la ESMIDA-N como la evolución de aquella escala, originalmente publicada como EMTDAH en 1998, a la que posteriormente se incorporaron elementos relacionados con la condición denominada «Déficit de Eficacia Atencional» o inatención.nLa importancia de este tipo de instrumentos reside en algo aparentemente sencillo: un niño no se comporta necesariamente igual en todos los ambientes.

Por eso resulta útil conocer la percepción de quienes conviven con él y observan su comportamiento de manera continuada. Padres, profesores y, dependiendo de la edad y del instrumento utilizado, el propio adolescente o adulto pueden aportar información diferente y complementaria.

La evaluación multidimensional permite evitar que todo el peso de la valoración recaiga sobre una única observación. Y aquí aparece una cuestión fundamental: una escala de evaluación no es un diagnóstico por sí misma. La propia Asociación Americana de Psiquiatría advierte que las medidas de evaluación deben servir para mejorar la toma de decisiones clínicas y no utilizarse como única base para establecer un diagnóstico.

De las primeras escalas a las ESMIDA.

Las Escalas Magallanes han ido evolucionando a medida que también lo hacía el conocimiento sobre las dificultades atencionales y sus diferentes manifestaciones. El propio Grupo ALBOR-COHS explica que la versión ESMIDA-N parte de la EMTDAH original y que posteriormente se desarrollaron instrumentos específicos para adolescentes y adultos. Entre ellos se encuentran las ESMIDA-J, dirigidas a adolescentes, y las correspondientes herramientas para adultos.

La guía de uso de los Protocolos Magallanes recoge, por ejemplo, una versión ESMIDA-J presentada como nueva versión en 2011, con modalidades de autoinforme y de información proporcionada por padres y profesores. Su finalidad es identificar indicadores relacionados tanto con el déficit de atención sostenida e hiperactividad como con el denominado déficit de eficacia atencional y lentitud motriz o cognitiva. La evolución resulta lógica. Las dificultades relacionadas con la atención y la autorregulación pueden manifestarse de manera diferente según la edad.

El niño pequeño puede mostrar una actividad motriz excesiva y dificultades evidentes para permanecer sentado. En el adolescente pueden adquirir mayor protagonismo la desorganización, la dificultad para mantener el esfuerzo o la impulsividad. En el adulto, determinados síntomas pueden expresarse de otra manera y afectar especialmente a la organización de las tareas, la gestión del tiempo, el trabajo o las relaciones personales. Por eso no parece razonable utilizar exactamente el mismo instrumento y esperar que funcione de idéntica manera a lo largo de todas las etapas de la vida.

No todo es hiperactividad.

Durante mucho tiempo, la imagen social del TDAH quedó reducida al niño que corre, habla constantemente, interrumpe y no puede permanecer sentado. Pero el TDAH también puede presentarse con predominio de dificultades de atención, sin que exista una hiperactividad física llamativa. La propia Asociación Americana de Psiquiatría distingue entre presentación predominantemente inatenta, presentación predominantemente hiperactiva/impulsiva y presentación combinada. Esto es especialmente importante porque algunos menores pueden pasar inadvertidos precisamente porque no generan problemas de conducta visibles.

Un niño que permanece sentado, pero pierde constantemente las instrucciones, no termina las tareas, se distrae con facilidad, olvida lo que debe hacer o tiene enormes dificultades para organizarse puede necesitar tanta atención profesional como aquel que no deja de moverse.

Una escala no sustituye al profesional.

Aquí está probablemente la cuestión más importante. Las escalas de evaluación aportan información valiosa, pero no sustituyen la valoración clínica, psicológica o pedagógica que corresponda en cada caso. Una puntuación elevada puede indicar la presencia de determinados comportamientos compatibles con dificultades atencionales o de autorregulación. Pero una puntuación no explica por sí sola por qué esos comportamientos aparecen. El profesional debe valorar el conjunto de la información, el desarrollo del menor, su funcionamiento en diferentes ambientes y la posible existencia de otras circunstancias que puedan producir síntomas semejantes. La propia APA señala que las escalas deben utilizarse para apoyar una evaluación exhaustiva y nunca de manera aislada.  Y esa cautela es esencial para evitar dos errores contrapuestos: el infradiagnóstico y el sobrediagnóstico.

Ni todo niño inquieto tiene TDAH, ni todo niño con dificultades de atención debe ser considerado simplemente «vago», «distraído» o «mal estudiante».

Detrás de una etiqueta hay un niño.

Quizá sea esta la razón por la que hablar de TDAH exige algo más que enumerar síntomas y puntuaciones. Detrás de cada escala hay un niño concreto. Uno que puede estar acumulando suspensos sin comprender por qué. Otro que escucha continuamente que «no se esfuerza». Otro que es castigado por interrumpir cuando quizá no consigue controlar adecuadamente su impulsividad. Y también puede existir el caso contrario: un niño al que se atribuye un trastorno sin que exista una evaluación suficientemente rigurosa.

Por eso el objetivo no debería ser poner una etiqueta cuanto antes, sino comprender qué está ocurriendo y por qué.

Un diagnóstico correctamente establecido no tiene por qué convertirse en una condena. Puede ser, por el contrario, el punto de partida para proporcionar al menor los apoyos educativos, familiares y clínicos que realmente necesite. Las Escalas Magallanes forman parte de esa historia: la de la búsqueda de instrumentos capaces de recoger de una manera estructurada comportamientos que, observados aisladamente, pueden confundirse con muchas otras cosas. Porque entre "es un niño inquieto" y "tiene un trastorno" existe un territorio enorme que sólo puede recorrerse con conocimiento, evaluación rigurosa y criterio profesional.  Y, sobre todo, con una idea que no deberíamos olvidar: antes que una puntuación, antes que una escala y antes que un diagnóstico, siempre hay un niño que necesita que alguien comprenda lo que le está pasando.

El niño que no podía quedarse quieto

Autor: Dtor VP. Jose Carlos Piñeiro.

El niño que no podía quedarse quieto y la escala que ayudó a poner nombre a su inquietud.

Hay un niño en casi todas las aulas al que le cuesta esperar su turno, que interrumpe, que pierde el estuche, que
se levanta cuando debería permanecer sentado y al que los profesores describen, a veces con más cariño que precisión, como «un torbellino». Pero no todo niño inquieto tiene TDAH.

A veces ese comportamiento forma parte de la infancia, de una etapa determinada o de las circunstancias que rodean al menor. Otras veces, sin embargo, detrás de esa inquietud, de la impulsividad o de las dificultades para mantener la atención existe un trastorno del neurodesarrollo que puede afectar al rendimiento escolar, a las relaciones sociales y, en algunos casos, continuar durante la adolescencia y la edad adulta.

El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por un patrón persistente de inatención y/o hiperactividad e impulsividad. No es sinónimo de mala educación, de falta de disciplina ni de menor inteligencia. Tampoco puede establecerse únicamente porque un niño sea inquieto o tenga dificultades escolares.

El diagnóstico exige una valoración profesional en la que se tenga en cuenta la duración, frecuencia e intensidad de los síntomas, su repercusión funcional y la posibilidad de que puedan explicarse mejor por otras circunstancias.

Lo que dice el DSM-5.

El DSM-5 establece criterios concretos para el diagnóstico. En niños y adolescentes hasta los 16 años deben presentarse al menos seis síntomas de inatención y/o seis de hiperactividad-impulsividad, mientras que desde los 17 años el umbral se reduce a cinco síntomas en cada uno de esos dominios. Además, varios síntomas deben haber estado presentes antes de los 12 años y deben observarse en dos o más contextos, por ejemplo, en el hogar y en el colegio.

No basta, por tanto, con que un profesor diga que un alumno "no para quieto", ni con que los padres observen que se distrae con facilidad. El diagnóstico requiere integrar información procedente de distintos ámbitos y valorar si existe una interferencia real en la vida cotidiana. Ese principio resulta especialmente importante cuando se utilizan instrumentos de evaluación como las Escalas Magallanes.

Qué son las Escalas Magallanes.

Las Escalas Magallanes constituyen un conjunto de instrumentos desarrollados por el Grupo ALBOR-COHS para la evaluación de diferentes indicadores relacionados con las dificultades atencionales, la hiperactividad y otros comportamientos asociados.

En su origen se encuentra la EMTDAH, desarrollada por E. Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago. La documentación actual del propio Grupo ALBOR-COHS identifica la ESMIDA-N como la evolución de aquella escala, originalmente publicada como EMTDAH en 1998, a la que posteriormente se incorporaron elementos relacionados con la condición denominada «Déficit de Eficacia Atencional» o inatención.nLa importancia de este tipo de instrumentos reside en algo aparentemente sencillo: un niño no se comporta necesariamente igual en todos los ambientes.

Por eso resulta útil conocer la percepción de quienes conviven con él y observan su comportamiento de manera continuada. Padres, profesores y, dependiendo de la edad y del instrumento utilizado, el propio adolescente o adulto pueden aportar información diferente y complementaria.

La evaluación multidimensional permite evitar que todo el peso de la valoración recaiga sobre una única observación. Y aquí aparece una cuestión fundamental: una escala de evaluación no es un diagnóstico por sí misma. La propia Asociación Americana de Psiquiatría advierte que las medidas de evaluación deben servir para mejorar la toma de decisiones clínicas y no utilizarse como única base para establecer un diagnóstico.

De las primeras escalas a las ESMIDA.

Las Escalas Magallanes han ido evolucionando a medida que también lo hacía el conocimiento sobre las dificultades atencionales y sus diferentes manifestaciones. El propio Grupo ALBOR-COHS explica que la versión ESMIDA-N parte de la EMTDAH original y que posteriormente se desarrollaron instrumentos específicos para adolescentes y adultos. Entre ellos se encuentran las ESMIDA-J, dirigidas a adolescentes, y las correspondientes herramientas para adultos.

La guía de uso de los Protocolos Magallanes recoge, por ejemplo, una versión ESMIDA-J presentada como nueva versión en 2011, con modalidades de autoinforme y de información proporcionada por padres y profesores. Su finalidad es identificar indicadores relacionados tanto con el déficit de atención sostenida e hiperactividad como con el denominado déficit de eficacia atencional y lentitud motriz o cognitiva. La evolución resulta lógica. Las dificultades relacionadas con la atención y la autorregulación pueden manifestarse de manera diferente según la edad.

El niño pequeño puede mostrar una actividad motriz excesiva y dificultades evidentes para permanecer sentado. En el adolescente pueden adquirir mayor protagonismo la desorganización, la dificultad para mantener el esfuerzo o la impulsividad. En el adulto, determinados síntomas pueden expresarse de otra manera y afectar especialmente a la organización de las tareas, la gestión del tiempo, el trabajo o las relaciones personales. Por eso no parece razonable utilizar exactamente el mismo instrumento y esperar que funcione de idéntica manera a lo largo de todas las etapas de la vida.

No todo es hiperactividad.

Durante mucho tiempo, la imagen social del TDAH quedó reducida al niño que corre, habla constantemente, interrumpe y no puede permanecer sentado. Pero el TDAH también puede presentarse con predominio de dificultades de atención, sin que exista una hiperactividad física llamativa. La propia Asociación Americana de Psiquiatría distingue entre presentación predominantemente inatenta, presentación predominantemente hiperactiva/impulsiva y presentación combinada. Esto es especialmente importante porque algunos menores pueden pasar inadvertidos precisamente porque no generan problemas de conducta visibles.

Un niño que permanece sentado, pero pierde constantemente las instrucciones, no termina las tareas, se distrae con facilidad, olvida lo que debe hacer o tiene enormes dificultades para organizarse puede necesitar tanta atención profesional como aquel que no deja de moverse.

Una escala no sustituye al profesional.

Aquí está probablemente la cuestión más importante. Las escalas de evaluación aportan información valiosa, pero no sustituyen la valoración clínica, psicológica o pedagógica que corresponda en cada caso. Una puntuación elevada puede indicar la presencia de determinados comportamientos compatibles con dificultades atencionales o de autorregulación. Pero una puntuación no explica por sí sola por qué esos comportamientos aparecen. El profesional debe valorar el conjunto de la información, el desarrollo del menor, su funcionamiento en diferentes ambientes y la posible existencia de otras circunstancias que puedan producir síntomas semejantes. La propia APA señala que las escalas deben utilizarse para apoyar una evaluación exhaustiva y nunca de manera aislada.  Y esa cautela es esencial para evitar dos errores contrapuestos: el infradiagnóstico y el sobrediagnóstico.

Ni todo niño inquieto tiene TDAH, ni todo niño con dificultades de atención debe ser considerado simplemente «vago», «distraído» o «mal estudiante».

Detrás de una etiqueta hay un niño.

Quizá sea esta la razón por la que hablar de TDAH exige algo más que enumerar síntomas y puntuaciones. Detrás de cada escala hay un niño concreto. Uno que puede estar acumulando suspensos sin comprender por qué. Otro que escucha continuamente que «no se esfuerza». Otro que es castigado por interrumpir cuando quizá no consigue controlar adecuadamente su impulsividad. Y también puede existir el caso contrario: un niño al que se atribuye un trastorno sin que exista una evaluación suficientemente rigurosa.

Por eso el objetivo no debería ser poner una etiqueta cuanto antes, sino comprender qué está ocurriendo y por qué.

Un diagnóstico correctamente establecido no tiene por qué convertirse en una condena. Puede ser, por el contrario, el punto de partida para proporcionar al menor los apoyos educativos, familiares y clínicos que realmente necesite. Las Escalas Magallanes forman parte de esa historia: la de la búsqueda de instrumentos capaces de recoger de una manera estructurada comportamientos que, observados aisladamente, pueden confundirse con muchas otras cosas. Porque entre "es un niño inquieto" y "tiene un trastorno" existe un territorio enorme que sólo puede recorrerse con conocimiento, evaluación rigurosa y criterio profesional.  Y, sobre todo, con una idea que no deberíamos olvidar: antes que una puntuación, antes que una escala y antes que un diagnóstico, siempre hay un niño que necesita que alguien comprenda lo que le está pasando.

Los dictámenes periciales forenses no impugnados: una reforma que cambia las reglas del juego frente al INSS.

              
Autor: José Carlos Piñeiro. Dtor. VP

Incapacidades permanentes y tutela judicial efectiva

La aportación anticipada de los dictámenes periciales forenses en la jurisdicción social refuerza la seguridad jurídica y evita que la falta de impugnación se convierta en una estrategia procesal.

En los procedimientos sobre incapacidad permanente frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la prueba forense constituye, en la mayoría de las ocasiones, el elemento decisivo para que el juez pueda valorar si el trabajador reúne o no los requisitos para el reconocimiento de una prestación.

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria en la jurisdicción social conforme a la disposición final cuarta de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, establece un sistema de valoración de los dictámenes periciales conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 LEC) y reconoce el derecho de las partes a conocerlos con anterioridad suficiente al juicio para poder analizarlos e impugnarlos, si lo consideran oportuno.

Por su parte, la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —en vigor desde el 3 de abril de 2025—, refuerza en su artículo 82.5 la obligación de dar previo traslado entre las partes o de aportar de forma anticipada, con al menos diez días de antelación al acto de juicio, la prueba documental o pericial de que se pretenda valerse, precisamente para garantizar los principios de contradicción, igualdad de armas y defensa efectiva.

La consecuencia práctica es especialmente relevante. Cuando el dictamen pericial forense presentado por la parte demandante no es impugnado por el INSS dentro del plazo procesal correspondiente, pierde sentido que el perito comparezca únicamente para ratificar un informe cuyo contenido no ha sido discutido. En tales supuestos, el dictamen conserva toda su eficacia como medio de prueba documental-pericial, sin perjuicio de que el órgano judicial pueda acordar la comparecencia del perito si considera necesaria alguna aclaración.

Ello resulta coherente con los principios de economía procesal, buena fe y lealtad procesal, recogidos en la legislación procesal, evitando actuaciones innecesarias que solo incrementan costes y retrasan la resolución de los procedimientos.

Debe recordarse, además, que corresponde al juez valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplicación supletoria). La falta de impugnación no convierte automáticamente el dictamen en prueba vinculante, pero sí priva a la parte contraria de cuestionar oportunamente aspectos que pudo discutir dentro del plazo legal y no lo hizo.

En los litigios sobre incapacidad permanente, donde habitualmente se confrontan los criterios de los especialistas que han evaluado al trabajador con los informes de los equipos de valoración del INSS, esta regulación adquiere una enorme trascendencia práctica. Si la Administración conoce el contenido del dictamen forense con la antelación prevista por la ley y no formula impugnación, difícilmente puede justificarse la exigencia de una ratificación meramente formal.

La Justicia social debe avanzar hacia un modelo más ágil y eficiente, donde el debate se centre en las cuestiones realmente controvertidas y no en formalidades que nada aportan al esclarecimiento de los hechos.

La correcta preparación de la prueba forense, su presentación dentro del plazo legal y la ausencia de impugnación por la parte demandada pueden convertirse en elementos determinantes para el éxito de la reclamación. Las reglas procesales existen para garantizar la igualdad entre las partes y no para imponer cargas innecesarias a quienes acuden a los tribunales en defensa de sus derechos.

Legislación

— Constitución Española, artículo 24 (tutela judicial efectiva).

— Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, artículo 348 (valoración de los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica); de aplicación supletoria en la jurisdicción social.

— Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, disposición final cuarta (supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil), artículo 82.5 (traslado previo o aportación anticipada, con diez días de antelación, de la prueba documental o pericial) y artículo 93.1, que exige como regla general la ratificación del dictamen en el acto de juicio y solo excluye expresamente de ratificación los informes y documentación administrativa cuya aportación sea preceptiva según la modalidad procesal (por ejemplo, el expediente del INSS), sin contemplar de forma literal la falta de impugnación de la pericial de parte como causa de exoneración.

— Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia (BOE de 3 de enero de 2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025), que reformó el artículo 82.5 de la Ley 36/2011 introduciendo el plazo de diez días de antelación para la aportación anticipada de la prueba documental y pericial —anteriormente fijado en cinco días—, norma clave que sustenta el argumento central de este artículo.

Asamblea en la carpintería.

Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. 

El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. ¿La causa? ¡Pues que hacía demasiado ruido!. Y, además, se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo. 

Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las herramientas. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él la única herramienta perfecta. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.

Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:- "Señores y señoras, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos". La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Autor. Blas campo.