EL "GRAN HERMANO", DE OBRAS
Rubalcaba amplía con secretismo los "tentáculos" del polémico SITEL
Interior se ha embarcado en un proyecto para reformar el enigmático sistema de escuchas telefónicas de la Policía que durante meses provocó sonoros rifirrafes entre socialistas y populares. 
El proyecto ha sido adjudicado -de forma provisional por ahora- a la empresa Ingeciber, que este año también ha trabajado con el Ministerio de Defensa.
Todo lo que rodea a SITEL, ahora que muchos españoles saben qué es el Sistema Integrado de Interceptación Telefónica o al menos han oído hablar de él, está envuelto por un halo de misterio y secretismo. Y con ese mismo secretismo el Ministerio del Interior ha decidido lavar la cara al gran hermano que durante meses estuvo en boca de todos.
El Ministerio que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba ha emprendido un proyecto de "obras de reforma y ampliación" del cuartel general de SITEL, ubicado en el madrileño Complejo Policial de Canillas y donde se centralizan todas las escuchas telefónicas.
En qué consistirán esas obras de reforma y ampliación -promovidas a través de la División de Coordinación Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía- es otra incógnita, como todo lo referido a este sistema.
Sin embargo, El Semanal Digital ha sabido que Interior recibió tres ofertas de empresas de ingeniería y que el contrato le fue adjudicado el pasado lunes -de momento de forma provisional- a la compañía Ingeciber S.A. Su coste ascenderá a algo más de 181.700 euros, unos 30,2 millones de las antiguas pesetas.
Ingeciber es una firma dedicada a las tecnologías de la información y la informática y dirigida por el ingeniero Miguel Ángel Moreno Fernández, así que su proyecto afectará al corazón del sistema. Ya ha trabajado en otras ocasiones para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La última, este mismo año, para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa.
Los rifirrafes que PSOE y PP mantuvieron meses atrás a cuenta de SITEL alcanzaron su punto álgido en el Congreso el pasado mes de noviembre, cuando los populares presentaron ante el Pleno de la Cámara una proposición no de ley para establecer controles en el uso del sistema. Sin embargo, no prosperó por la oposición de los socialistas.
Durante su defensa, el vicesecretario de Comunicación de los populares, Esteban González Pons, advirtió de que en España "hace falta una ley orgánica del derecho a la vida privada que nos proteja de los avances que las nuevas tecnologías pueden conllevar como amenazas, que nos proteja de los ojos y de los oídos del gran hermano, que, instalado en el Estado, puede convertir la libertad individual en un chiste". Pero su propuesta cayó en el saco roto del Gobierno. Ana I. Martín
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