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jueves, 9 de septiembre de 2010

Pensiones, funcionarios, municipios... Salgado convierte Economía en Rectificaciones S.A.

Pensiones, funcionarios, municipios... Salgado convierte Economía en Rectificaciones S.A.

Pensiones, funcionarios, municipios... Salgado convierte Economía en Rectificaciones S.A.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado. -(Efe) @D.Toledo - 09/09/2010 06:00h

“No tiene mayor importancia”, aseguraba el martes 25 de mayo la vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, casi sorprendida por el revuelo suscitado. El BOE de esa mañana recogía que a partir del 1 de enero de 2011 y hasta el 31 de diciembre de ese año los ayuntamientos no podrían recurrir al crédito público o privado a largo plazo para financiar sus inversiones. Un cambio sustancial respecto al Boletín del día anterior y al anuncio del Gobierno, que el lunes había prohibido el endeudamiento desde la publicación de la norma.

Una premura que llevó a muchos municipios a convocar a la carrera plenos –y hasta a acordar créditos en condiciones no muy ventajosas- ante la inmediatez de la entrada en vigor de la medida. “Todos los BOE llevan siempre corrección de errores, todos los decretos, y máxime un decreto ley que es tan complicado como éste en su redacción”, justificaba entonces Salgado, como si no fuera con ella. Menos complaciente, José Luis Rodríguez Zapatero no dudó en hablar de rectificación ese mismo miércoles, haciendo así más alargada su sombra sobre el Ministerio.

Demasiado debate, en todo caso, visto el que parece último capítulo de la historia. Ayer, tres meses después, la propia Salgado anunciaba que los ayuntamientos que estén en mejor situación financiera podrán pedir créditos el próximo año. En palabras de la ministra, “más de las tres cuartas partes” de los municipios podrán acogerse a la modificación del decreto de medidas de contención del déficit, que se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado 2011. El cambio ya no es de fecha. La modificación deja la medida en agua de borrajas, pese a ser presentada en su momento como un paso decisivo en el esfuerzo de de austeridad del Gobierno.

No es el primer caso, ni el más llamativo, en el que el Ministerio de Economía da marcha atrás. En apenas horas, el departamento de Elena Salgado corrigió el 3 de febrero el Programa de Estabilidad 2009-2013 enviado a Bruselas. El texto inicial contemplaba la posibilidad de ampliar en diez años, hasta 25, el periodo para calcular las pensiones. Cuestión más que sensible. Con los sindicatos afilando las uñas, Economía precisaba que no había propuesto tal cosa aunque lo recogiera el documento. Se traba de “una simulación que ha podido interpretarse como una propuesta concreta”, salía al paso el Ministerio.

¿Siguiente paso? Enviar una corrección a la Comisión eliminando lo que para Salgado era sólo un ejemplo. En declaraciones a Onda Cero, la vicepresidenta admitía que el texto “inducía a confusión”. E iba más allá: “Errores podemos cometerlos todos, y yo no puedo decir que no me equivoque nunca”. Claro que el problema de fondo estaba en la audiencia del documento, no en su contenido. “Tal vez, un economista lo percibiría claramente como un ejemplo, pero el conjunto de la ciudadanía lo percibió como propuesta”, zanjó en la entrevista.

El sueldo de los funcionarios

Para que la diversión sea completa, en el juego de las correcciones también participan los altos cargos del Ministerio. El 24 de febrero, el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, apuntó que el pacto salarial para los funcionarios podría ser revisado, con el objeto de hacerlo coherente con los objetivos de reducción del déficit. Otra alegría para los sindicatos. Horas después, la vicepresidenta aseguraba que el acuerdo salarial pactado con los sindicatos de la función pública se iba a respetar “absolutamente al cien por cien”. También añadía que su departamento trabajaba para corregir los problemas de comunicación en el Ejecutivo.

Resulta paradójico que finalmente Ocaña, a quien desmintieron desde Salgado a Manuel Chaves, pasando por María Teresa Fernández de la Vega, estuviera en lo cierto. Fue el propio presidente del Gobierno quien congeló los salarios de los funcionarios, rompiendo el acuerdo suscrito por la vicepresidenta primera y presionado por Bruselas y Estados Unidos en lo más crudo de la crisis para España. Fue en mayo, ni tres meses después. Zapatero dijo entonces que muchos ciudadanos podrían no entender las medidas anunciadas para reducir el déficit, pero que eran imprescindibles para aumentar la confianza en la economía española.

Los impuestos también han sido terreno abonado para la falta de sintonía en Economía y en el propio Gobierno. Tras defender que el Fondo de Garantía de Depósitos bastaba para apuntalar el sistema financiero español, Salgado no dudo en abrazar esta semana el impuesto a la banca impulsado por Bruselas. Pecata minuta. Y es que tampoco tuvo problemas a mediados de agosto en contradecir en su presencia al ministro de Fomento, José Blanco, que había anticipado días antes futuras subidas de impuestos. La vicepresidenta descartó entonces incrementos de la fiscalidad, aunque no renunció a acometer “pequeños ajustes”. Visto lo visto, a buen entendedor…

 
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