Lo que está ocurriendo
en Andalucía es literalmente escandaloso Al caso de los ERE, por un parte
(ya judicializado), y el que pronto entrará en los tribunales de
justicia: el desvío de millones de euros destinados a la formación de
desempleados (Operación Edu) y que han sido distraídos hacia empresas
ficticias que con una variada panoplia de mendacidades se han apropiado de una
cantidad millonaria que aún no ha sido cuantificada, cuando justo dos días
después nos enteramos que el gobierno autonómico que tan generosamente se porta
con las empresas ficticias, mantiene 17 millones de deuda con
academias que sí que realizaban los cursos de formación, que están desde 2011
sin cobrar.
Beatriz Barbeyto, la
presidenta de Cecap (Patronal de los centros de formación) comenta la
"insostenible" situación que suponen los atrasos en los pagos
para estas empresas: "No tienen respaldo económico suficiente para estar
financiando años pendientes de pago de la Administración. Muchos se han visto
abocados a perderlo todo. Hay empresas que ya han puesto denuncias en los
juzgados por el atraso en los pagos, incluso hay empresas que han pedido
interés de demora y daños y perjuicios". O sea que la Junta y solo la
junta ha estado utilizando los fondos de formación no solo para enriquecer a
unos sino para acogotar a la competencia que si estaba actuando correctamente.
Desde finales de 2012 a 2013 cerraron media decena de empresas por los impagos
de la Junta. Algunos de los propietarios de las academias o centros dedicados a
la formación vieron incluso cómo les embargaban sus bienes o viviendas, que
habían empleado en avalar las naves o instalaciones de sus empresas.
Las políticas de
formación para desempleados fueron transferidas en mayo de 2013 desde la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, donde dependían del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a la Consejería de Educación.
Un traspaso de competencias que ha enredado aún más el devenir de las ayudas públicas
concedidas desde el Ejecutivo andaluz. Las convocatorias de subvenciones, de
hecho, han quedado paralizadas en 2012 y 2013, lo que ha asfixiado aún más a
los empresarios dedicados a la formación de desempleados.
Desde la junta de
Andalucía les han dicho que están "estudiando los expedientes, que tienen
mucho atraso. Además ha coincidido el cambio de consejería, antes dependíamos
de la Consejería de Empleo y el año pasado cambiaron las competencias a la
Consejería de Educación. Por tanto, hemos visto paralizado más de un año todo
porque el cambio ha sido un desastre", afirma la presidenta de Cecap.
Son varios los
empresarios que han planteado de forma particular su
correspondiente reclamación administrativa, que más tarde se ha
transformado, en muchos casos, en una demanda ante los juzgados de lo
Contencioso Administrativo. En los de Málaga son ya al menos cinco los pleitos pendientes en este
sentido, en los que, además, los perjudicados reclaman los
intereses de demora. En Sevilla, junto a las demandas individuales ya
planteadas, la patronal prepara otra colectiva a la que van a sumarse otras
asociaciones empresariales.
Porque lo de Andalucía
es literalmente escandaloso. Escandaloso por varios motivos. El principal
es el social. Sólo si se asume con desolación que la red clientelar de la
izquierda ha convertido a los ciudadanos andaluces en autómatas privados de
juicio crítico, se entiende que el PSOE, ahora con IU, lleve gobernando la
comunidad autónoma desde los albores de la democracia. Los socialistas, en
connivencia ahora con el izquierdismo chavista de Valderas, Maíllo y Sánchez Gordillo,
se presentan como adalides de la justicia social en el territorio español en el
que la depresión socio-económica, no es crónica, sino ya permanente.
Susana Díaz que parecía una
suerte de esperanza blanca del socialismo andaluz ha demostrado en la
crisis de las adjudicaciones de viviendas con IU que es, sobre todo, incompetente
y, además, débil. Incompetente porque jamás una presidenta de un Gobierno puede
utilizar sus facultades con la infracción que en derecho administrativo se
denomina “desviación de
poder”. La presidenta utilizó sus poderes normativos en la
estructura orgánica de su Gobierno para fines distintos a los queridos por el
ordenamiento jurídico y así, reasignó competencias en materia de vivienda
-quitándoselas a Fomento y entregándolas a Hacienda- con la única
finalidad de presionar a su socio, cuando lo que debió hacer era cesar a la
consejera del ramo y restablecer la equidad y la ley.
Pero a esa incompetencia
(no me cabe la menor duda que, además, ilegal) unió
Díaz debilidad porque revertió
su decisión en veinticuatro horas sin que IU cediese en su arbitrariedad
de realojar a unos ciudadanos que debían guardar turno para acceder a viviendas
sociales y que no lo hicieron.
Con este comportamiento
de Díaz -que está aprovechando el parón de Semana Santa para eludir hasta ahora
dar explicaciones- se enfrenta ahora a una labor de saneamiento mucho más grave
y profunda que la que ha exigido hasta ahora el fraude de los ERE- parece haber
regresado el zapaterismo al PSOE,
esto es, el tactismo, el cortoplacismo y la inconsistencia.
¿De quién la culpa? La respuesta no por obvia ni
reiterada es ya del todo cierta: de los
políticos, de la casta. Pero la “principal culpa es de los
ciudadanos” porque los seguimos votando para entregarles el control de
la economía, la resolución de nuestros problemas, les incitamos a que
impongan una fiscalidad redistributiva, mientras nosotros defraudamos a
Hacienda, trampeamos con las prestaciones sociales, tenemos una inaguantable
economía sumergida y mientras somos los más severos con la política y
somos los más desinformados. “lo queremos todo sin aportar nada”. autor los rábanos por las hojas
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