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Artur Mas
esperó 7 meses a que Ricardo Enríquez jurara su cargo en el TC para
convocar el 9-N y que no se celebrara
Hace 7 meses, un
periodista se arriesgó a ejercer de profeta: el magistrado Ricardo Enríquez Sancho,
conocido como “Enríquez”,
que fue propuesto a toda prisa como candidato al Tribunal Constitucional
por los parlamentos de Andalucía
(PSOE-IU), Aragón
(PP), Cantabria
(PP), Castilla-La
Mancha (PP), Extremadura
(PP), La
Rioja (PP) y Comunidad
Valenciana (PP), a propuesta del Grupo Popular pero previo
pacto con el PSOE, que debía votar en blanco para “enmascarar” el
acuerdo, ascendería a esta alta magistratura y desde allí
inclinaría la votación del “caso
Cataluña” para que Rajoy pudiera ganarla 7-5.
¿Magia? ¿Adivinación? ¿Misterio? Para que esto se produzca, el Pacto de Gobierno
CiU-ERC ha tenido que esperar 7 meses para redactar
su decreto con el “derecho
a decidir” y facilitarle tiempo a Mariano Rajoy para
colocar a Enríquez
en el alto tribunal. Estábamos en febrero y el Gobierno
catalán debía elegir una fecha para la consulta lo
suficientemente distante para que diera tiempo a Rajoy a
recomponer el TC y a Artur
Mas y Oriol Junqueras a poner en escena de la
discrepancia. El "amaño" es de libro. No hay que olvidar
que el TC cuenta con magistrados afines a CiU y PNV con
información privilegiada sobre el día a día de lo que allí ocurre y
debía prepararlo todo bien. Puede entonces que la fecha del 9-N no
haya sido tan casual como pudiera parecer. Si seguimos el guión de la
“película” que han “cocinado” en la trastienda CiU (informando a ERC)
y PP (haciendo lo mismo con PSOE
e IU de Andalucía), ahora el TC resolverá 7-5 a favor de Rajoy,
Artur Mas
convocará elecciones
anticipadas y no
habrá referendum. Tras la pantomima, la partitocracia
catalana seguirá 4 años más (o 40, como hasta ahora lograron los Pujol y Mas),
pero esta vez discutiendo no como llenar “el Estatut” sino como
articular “el Derecho a Decidir”. ¡Voilá!
Jueces y
políticos: (izq. a dcha.): Gallardón, De los Cobos, Rajoy, Felipe VI,
Posada, Lesmes y Narváez
El anónimo
periodista que ejerció de adivino no quiso dar su nombre pero dejó escritas sus
palabras en febrero de 2014 en Diario
Crítico:
“El Pleno del Constitucional no tomará ninguna decisión sobre el
recurso presentado por el Gobierno
de Rajoy contra la resolución del Parlament catalán
respecto al “derecho
a decidir” en tanto el Senado
no elija al magistrado que debe sustituir al fallecido Francisco José Hernando.
El sucesor, seguramente, será Ricardo
Enríquez Sancho, el magistrado más veterano de lo
Contencioso del Tribunal Supremo y quien ya formó parte de la Sala
del 21 que decidió sobre la impugnación
en 2007 de las listas de los abertzales de izquierda de ANV.
El Gobierno quiere una proporción en la votación de al menos 7-5. Es
lo que quiere también el Gobierno de Mariano Rajoy, porque ahora
mismo el Tribunal se halla muy dividido: seis magistrados están a
favor de las tesis planteadas por el Gobierno en su recurso de
inconstitucionalidad, pero cinco lo están en contra. Lo que quiere el
Gobierno es que se mantenga la relación de 7-5, en vez de 6-5,
y eso sólo se obtendrá cuando el Senado elija al sucesor de
Hernando”. ¿Tongo? ¿Biscotto? ¿Amaño? Según este pronóstico, además
del presidente, los otros componentes del TC que participarían en la
“resolución” con la “victoria ajustada pero algo más holgada” del PP
sobre CiU por 7-5 son los siguientes:
Andrés
Ollero Tassara
Andrés
Ollero Tassara: conocido en el
TC como “Ollero”
este diputado
del PP durante 17 años fue “ascendido” al tribunal
con su confesa adscripción al Opus
Dei. Militante en
contra de la regulación del derecho al aborto, su
imparcialidad fue severamente cuestionada al enjuiciar esta ley, pero
ni se abstuvo ni dimitió. “¿Debería existir la prohibición de que
quienes han sido diputados o senadores pudieran ser elegidos
magistrados del Tribunal
Constitucional? ¿Es razonable que quien ha
participado como parlamentario en la elaboración de la ley pueda ser
posteriormente miembro del órgano que tiene que decidir sobre la
constitucionalidad de la misma?”, se preguntó el catedrático Pérez Royo.
Ollero dio la callada por respuesta. Aunque al reflexionar sobre el
mundo gay sí que se le suelta la lengua: “hablar de matrimonio homosexual
no tiene sentido alguno en términos jurídicos; es algo inconcebible.
Se está imponiendo desde el poder una opción moral y con esta medida
a lo único que se aspira es a que la sociedad deje de considerar
determinadas conductas íntimas -faltas de toda relevancia jurídica-
como inmorales”. Homófobo de libro.
Luis Ignacio
Ortega Álvarez
Luis
Ignacio Ortega Álvarez: Conocido como “Ortega”
y reconocido socialista
manchego, se queja sin embargo de que “por razones
políticas de otros profesores del departamento, pasé a ser interino
en agregaciones y adjuntías”. Lo cierto es que quien a hierro mata, a
hierro muere y su acreditada “dependencia”
es un secreto a voces que él mismo confiesa, pues sus
"padrinos" son Felipe
González y Alfonso Guerra: “En 1983, cuando ya saco
la titularidad, se me planteó la posibilidad de entrar en el Gabinete del presidente
del Gobierno como director del departamento de
asuntos institucionales, que de facto era como una suerte de asesoría
jurídica de presidente y vicepresidente”. Su concepto de la amistad
no conoce límites: “me vuelvo a la universidad en el año 1987 para,
entre comillas, fundar, como amigo íntimo de Luis Arroyo,
la universidad de Castilla-La
Mancha”. Y así, de amigo en amigo, llega
hasta el TC.
Pedro José
González-Trevijano Sánchez
Pedro
José González-Trevijano Sánchez: conocido simplemente como “Trevijano”,
llegó hasta el TC tras unas elecciones
fraudulentas en su universidad y llevando como
medalla haber sido el rector que más profesores había despedido en
toda España. De su “pedrigrí” democrático da cuenta el hecho de que convocara elecciones en
verano para que no votaran los estudiantes, que se
presentara a un tercer mandato, cuando la ley expresamente lo prohibía,
y que la candidatura de su
“delfín” en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) fue
apoyada por numerosos profesores
acusados de corrupción o claramente desprestigiados: Francisco Marhuenda,
director de “La
Razón”, Enrique
Arnaldo, letrado del Congreso que fue imputado en el
“caso
Palma Arena”, Jesús
Calvo, imputado en el “caso Gürtel”...
Bajo su mandato se colaron como profesores varios ex políticos y sus
familiares: el socialista Rafael
Simancas, una prima de Ruiz Gallardón,
el consejero de Esperanza
Aguirre, Fernando
Becker, que fue sorprendido tras dar un “pelotazo” de 200.000
euros al vender acciones de Iberdrola
aprovechando su condición de ejecutivo de la compañía eléctrica… Como
guinda, durante el gobierno de Trevijano, la URJC
invitó a Ruiz
Mateos, Jesús Gil, Julián Muñoz y Juan Hormaechea a
impartir un curso de verano sobre corrupción, que tuvo que suspender
por el escarnio nacional suscitado y la riada de bromas, sarcasmos y
pantomimas que provocó entre los humoristas españoles. Menos sonrisas
y bastantes más muecas de horror originó su decisión de investir “doctor honoris causa” a Rodrigo
Rato, en un pomposo acto al que asistió Mariano Rajoy.
Trevijano
despidió a 200 profesores, gastó 475.000 euros en atenciones
protocolarias y de prensa y se negó a
entregar a los jueces documentación oficial a pesar de tres
requerimientos recibidos. Todo un ejemplo de “virtudes” judiciales.
Juan
Antonio Xiol Ríos
Juan
Antonio Xiol Ríos. Conocido como “Xiol”,
lo mejor que se puede decir de él es que se pronunció en contra de la
“cláusula suelo” con que los bancos han esquilmado fraudulentamente a
centenares de miles de ciudadanos españoles engañados, hipotecados y
desahuciados. Asesor
del ministro Ledesma (PSOE), se negaba a que las
sentencias fueran accesibles a todos los ciudadanos: ““La única
cuestión”, objetó a los periodistas, ”es quién va a pagar las
fotocopias”. “Porque”, añadió, “el pago de fotocopias
no está consignado en el presupuesto del Tribunal, y si corren por
nuestra cuenta podríamos incurrir en una desviación presupuestaria”.
Los informadores se miraron entre ellos y creyeron ver el cielo
abierto. “Si ese es todo el problema, por supuesto que cada uno de
nuestros medios pagará su fotocopia”, respondieron. “Déjenme que lo piense”,
concluyó Xiol. “Porque si las pagan los medios, podríamos estar
creando una tasa ilegal”. Así les tomó el pelo, como también respaldó
la prohibición
de acceso de los medios audiovisuales al Tribunal Supremo,
medida impugnada por los periodistas especializados y que revocó
después el Tribunal
Constitucional. En la etapa de Felipe González,
impidió que una
juez de Bilbao, Elisabeth Huertas, ante las trabas
puestas a una investigación sobre torturas a un presunto etarra,
citara a 90 guardias civiles para reconocimiento en rueda. El
Gobierno vetó la comparecencia y el ministro Fernando Ledesma
mandó a Xiol, a la sazón director general de Relaciones con la
Justicia, para que compareciera a dar explicaciones. Asociaciones
judiciales y juntas de jueces descalificaron el “intolerable” veto
del Gobierno y Jueces
para la Democracia exigió su dimisión.
Juan José
González Rivas
Juan José
González Rivas: conocido como “Rivas”,
denegó a una magistrada de Cantabria
una licencia de 15 días tras inscribirse en el registro de parejas de
hecho, al considerar que no hay previsiones legales
que contemplen esta posibilidad y que el matrimonio y este tipo de
uniones no son situaciones equivalentes. Como miembro de la Junta
Electoral Central, también prohibió las
"concentraciones y reuniones" que el Movimiento 15M convocó
para la jornada de reflexión de las últimas elecciones autonómicas y
municipales. Fue elegido
a propuesta del PP, aunque con la anuencia del PSOE.
En rueda de prensa, Rubalcaba
llegó a expresar su "satisfacción" por cómo habían
concluido las negociaciones con los 'populares’ para su nombramiento:
"Es un buen acuerdo porque respeta lo que yo mismo negocié con
el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, al arranque de la legislatura”.
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