Una web descubre que 48 políticos españoles manejan 58.000 millones de euros en empresas del IBEX
Y ahora, ¿donde están los medios de comunicación? Gracias a todos los colaboradores del Proyecto Goliath…
La web “Contra la Impunidad Ya” ha denunciado la existencia de 48 políticos y ex políticos que manejan el 14.6% del IBEX, lo que supone un control de 58.048 millones de euros. El IBEX está formado por las 35 empresas con más liquidez que cotizan en el Sistema de Interconexión Bursátil Electrónico (SIBE) en las cuatro Bolsas Españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). En la lista figuran políticos de PP, PSOE, IU, CiU, PNV y ERC, siendo la mayor parte de ellos muy conocidos:
PP: Luis de Guindos, Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Matías Rodríguez Inciarte, Abel Matutes, Isabel Tocino, Marcelino Oreja, Luis Alberto Salazar Simpson, Fernando Becker, José Folgado, Tristán Garel Jones (ex ministro conservador inglés), Francisco Ruiz Risueño (Albacete), José Manuel Fernández Norniella, José Pedro Pérez Llorca, John Snow (ex secretario del Tesoro de EE.UU), Enrique Martínez Robles, José Lladó, Juan M. Villar Mir, Jose R. Álvarez Rendueles, Benita Ferrero Waldner (Partido Popular de Austria), Felipe Fernández (Asturias), Estanislao Rodríguez Ponga.
PSOE: Felipe González, Narcís Serra, Miguel Boyer, Nicolás Redondo, José Borrell, Luis Atienza, Ángeles Amador, Guillermo de la Dehesa, Luis Carlos Croissier, Braulio Medel, Luis Fernando Furlan (ex ministro de Lula en Brasil), Javier de Paz, Manuel Amigo (Extremadura), Arantxa Mendizábal (País Vasco), Ramón Pérez Simarro (socio de Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi), Javier Gómez Navarro, José Barreiro Seoane.
CiU: Miquel Roca, Inmaculada Juan Franch, David K. P. Li (Caixabank, miembro del Consejo Legislativo de la Región Administrativa Especial de Hong Kong), Miquel Noguer Planas, Carlos Jorge Ramalho (Caixabank, Portugal).
PNV: Joseba Andoni Aurrekoetxea.
IU: José A. Moral Santín.
ERC: Joan Hortalá.
La web denuncia también que “muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados, sino en muchos casos procesados. Tenemos que plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político”.
Por ello, demandan “una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaria para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite”.
“Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay claras pruebas de ello. Por ello esa Ley de la Transparencia puede y debe apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha”.
Y concluye: “Así mismo debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito. Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir”.
Reproduzco aquí unas palabras de D. Pío Baroja que nos pueden servir para la reflexión
“La verdad es que en España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. A saber:
“La verdad es que en España hay siete clases de españoles… sí, como los siete pecados capitales. A saber:
1] los que no saben;
2] los que no quieren saber;
3] los que odian el saber;
4] los que sufren por no saber;
5] los que aparentan que saben;
6] los que triunfan sin saber, y
7] los que viven gracias a que los demás no saben.
Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja. Sobre todo por el último punto, el que dice “los que viven gracias a que los demás no saben”.
2] los que no quieren saber;
3] los que odian el saber;
4] los que sufren por no saber;
5] los que aparentan que saben;
6] los que triunfan sin saber, y
7] los que viven gracias a que los demás no saben.
Unamuno y Benito Pérez Galdós aplaudieron a Baroja. Sobre todo por el último punto, el que dice “los que viven gracias a que los demás no saben”.
Estos últimos se llaman a sí mismos “políticos” y a veces hasta “intelectuales”
Seguimos a la espera de lo que ocurra con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue remitido a la Cámara en Julio y se tramita en la Comisión Constitucional del Congreso.
Texto aprobado en el Consejo de Ministros de 27 de julio de 2012
Muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados sino en muchos casos procesados.
Tenemos que plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político.
Por ello, una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaría para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite.
Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay evidentes pruebas de ello.
Por eso esta Ley de la Transparencia debe y puede apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha.
Así mismo debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito.
Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir.
Ese objetivo corre el peligro de irse al traste, según denuncia en un documento enviado a los diputados la Coalición Pro Acceso, un grupo de 60 organizaciones y expertos, creada en 2006 para promover una legislación de acceso a la información. . http://www.proacceso.org/
“La Coalición Pro Acceso es una plataforma que se creó en octubre de 2006 con el fin de promover la adopción e implementación de una Ley de Acceso a la Información en España, ya que España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.
Implica el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas. A su vez, obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva. ”
En realidad, los españoles no elegimos a ningún político, sólo y en muchos casos una lista llena de “presuntos implicados”, muchos de ellos ya imputados en graves delitos: los que están en la lista “A” o en la lista “B”.
Además, hay muy pocas listas y fuertes barreras de entrada, de forma que es muy difícil que entren nuevos competidores. Porque va todo junto, la corrupción de este país no es solo económica, también es social y moral. Hay que ir a la raíz de los problemas, para entender por qué sucede lo que sucede y por qué estamos como estamos
|
|
