Competencia
denuncia a 12 ayuntamientos y 13 autonomías por sus barreras a la unidad de
mercado
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VÍCTOR MARTÍNEZ 11
abr. 2018 03:14
La
batalla judicial entre el Ministerio de Fomento y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC) por el conocido como conflicto del taxi
es el pleito más mediático entre el regulador y la Administración Pública. Pero
no es el único. El organismo, adscrito al Ministerio de Economía, ha
interpuesto ya un total de 41 recursos contenciosos
contra 12 ayuntamientos y 13 comunidades autónomas al
considerar que algunas normas locales y regionales atentan contra la
competencia y, en última instancia, socavan el bolsillo del consumidor.
Los conflictos abiertos en la
Audiencia Nacional son de lo más variado, según las cifras que maneja el propio
regulador. Desde los criterios para recibir una ayuda a la formación por parte
de una comunidad autónoma a los requisitos para llevar a cabo un estudio
geológico previo a la construcción de un campo de fútbol femenino. En este
último caso, remitido a la justicia hace unas semanas, la CNMC carga contra los
pliegos del concurso realizado por el ayuntamiento de la localidad asturiana
que limitan la realización del estudio a licenciados superiores en Geología. El
regulador requiere que se cambie esta reserva profesional al entender que otros
colectivos -por ejemplo, el de ingenieros de minas que denunció la
«discriminación»- están capacitados para llevar a cabo el trabajo.
Todos los casos denunciados tienen en
común la posible vulneración de la Ley de Unidad de Mercado,
creada en 2013 para romper con los obstáculos y barreras administrativas por
parte de administraciones públicas que castigan la competitividad del país. La
CNMC ejerce de guardián de que se cumple esta ley dentro de sus ámbitos de
actuación.
Los 41 recursos en
la Audiencia Nacional han sido precedidos de decenas de informes realizados por
el regulador para informar sobre las normas locales y autonómicas, ya sea por
oficio o tras recibir alguna queja externa. Los informes suelen incluir un requerimiento
para realizar el cambio normativo. En caso de no materializarse en un plazo de
dos meses, la CNMC vuelve a llevar el asunto a su consejo para estudiar la toma
de medidas legales.
http://www.elmundo.es/economia/2018/04/11/5acce6ede5fdeaef668b46b6.html
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