La Organización que agrupa a Policías y Guardias Civiles --GUCIPOL-- hace pública una Carta Abierta al Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en la que nuevamente le pide el cumplimiento de las resoluciones de nuestro parlamento aprobadas legislatura tras legislatura. Esta organización viene solicitando la rehabilitación de los UMEDOS de la Guardia Civil separados del servicio por solicitar poder solicitar una asociación que fue declarada legal por el Tribunal Constitucional de España, al igual que por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que rotundamente les dio la razón. Inexplicablemente nuestros gobernantes aplicaron las sentencias del TEDH a los asesinos de ETA y a los delincuentes comunes y no aplicaron las sentencias de ese mismo tribunal a los Guardias Civiles Democráticos, que ejecutaron todos sus actos con arreglo a la legislación vigente y especialmente con claro respeto a la Carta Constitucional que siempre reconoció el Derecho de Asociación Profesional para todos los Guardias Civiles y Españoles.
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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
El movimiento reivindicativo en la Guardia Civil tiene sus inicios en diciembre de 1.976, en la manifestación celebrada en Madrid ante las puertas del Ministerio del Interior, en la que participaron alrededor de 400 miembros de la Guardia Civil y de la entonces denominada Policía Armada. Su reivindicación principal era la de ser dados de alta en la Seguridad Social. La Guardia Civil, desechada la primera idea de disolución por su dudosa fidelidad, se convirtió en un cuerpo del Ejército dirigido por militares profesionales. Una ley de 1940 estableció un nuevo marco normativo de este cuerpo depurado por la guerra (recuérdese que la mitad del instituto armado sehabía mantenido leal a la República) en la que todos los mandos eran militares y los guardias excombatientes. La Guardia Civil se convirtió pronto en la fuerza vigilante del régimen en el interior y se hizo precisamente imponiéndole unas condiciones de vida muy duras. La Guardia Civil fue gobernada con mano de hierro por Alonso Vega quien, ante cualquier denuncia de irregularidad en un puesto respondía con la expulsión inmediata de los agentes implicados, lo que dejaba a su familia en completo desamparo. El resultado fue de un comportamiento de los guardias de absoluta fidelidad y sumisión.
Casi paralelamente (unos años antes) se crea la Unión
Militar Democrática (UMD) cuya finalidad no es otra que “democratizar” las
Fuerzas Armadas dotándolas de modernidad y acercarlas a la sociedad
civil. Y es en los primeros años 80 cuando surgen diferentes movimientos
clandestinos por diversas provincias reivindicando mejoras y cambios en la Guardia
Civil. Surgió el SUGC (Sindicato Unificado de Guardias Civiles), de similares
finalidades en su ámbito en pro de un mejor servicio a la sociedad y respeto de
los derechos humanos. El doble rasero de la justicia militar se pone en
evidencia al comparar las condenas, por el mismo delito de conspiración para la
rebelión militar, de la causa 250/75 (miembros de la UMD) con las de la causa
559/78 (operación Galaxia). En este segundo proceso, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina y el capitán de la Policía Armada
Ricardo Sáenz de Ynestrillas, con planes elaborados para ejecutar un
golpe de Estado, y mando directo en fuerzas de orden público, fueron condenados,
respectivamente, a penas de 7 y 6 meses de prisión. El contraste con las
penas de 8 a 4 años de prisión impuestas a los oficiales de la UMD, no puede
ser más revelador. La irresponsabilidad del fallo benigno de la Operación Galaxia, motivado por un malentendido (y peligroso) corporativismo, contra quienes reconocían abiertamente su intención de subvertir el orden
constitucional, tendrá su trágica continuación en el secuestro del Congreso de los
Diputados del 23 de febrero de 1981 y los sucesivos planes de interrupción del proceso
democrático. Paradójico que capitanes golpistas de la Guardia Civil
que después del asalto al Parlamento siguieron haciendo carrera alcanzando el
grado de coronel, y unos años más tarde, guardias civiles por solicitar y
defender derechos amparados constitucionalmente, fuesen perseguidos, represaliados y
expulsados. Es en la 3ª legislatura mediante la ley 24/1986 de
Rehabilitación de Militares Profesionales, se ordenaba la rehabilitación plena
reconociendo su derecho a solicitar su reincorporación. Para impedir que la
voluntad legislativa fuera una vez más contestada por la beligerante cúpula militar, el
gobierno, en una idea sugerida al parecer por el general Sáenz de Santamaría,
presentó la ley en un momento en que estaba pendiente la renovación de la
Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). De esta forma, los nuevos jefes, especialmente
el del Ejército (JEME), no tenían que asumir como propia esta medida,
todavía impopular en los mandos militares. Años más tarde conseguirían el
reconocimiento público y expreso por parte del Gobierno socialista. Posiblemente, la figura de Julio Busquets, entre otros,
diputado socialista y miembro de la UMD, contribuyo a su rehabilitación. En
una situación política consolidada como la actual, los miembros de la Guardia
Civil, sargento José Morata, cabo Manuel Rosa, guardia José Piñeiro y guardia
Manuel Linde (a título póstumo), expulsados de la Guardia Civil desde la
época de los 90 por solicitar derechos constitucionales deben ser
rehabilitados. Es de justicia democrática llevar a efecto el cumplimiento de la PNL de
UPyD aprobada en el Congreso de los Diputados por unanimidad en septiembre
del 2009, o crear una Ley a tales efectos. El SUGC abogó en la transición por la consolidación
democrática en nuestro país, que reconozca los derechos humanos a todas las
personas y haga que la Guardia Civil, con preparación y medios, hagan realidad
el artículo 8 del Reglamento para el Servicio. Será siempre un pronóstico
feliz para el afligido, infundiendo la confianza de que a su presentación (…). Los guardias civiles demócratas asumieron una tarea que
el Estado estáobligado a reconocer, agradecer y valorar.
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GUCIPOL Carta al Presidente del Gobierno
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