Los
jueces admiten la pérdida de apoyo social: "Nos quieren cortar el cuello a
todos"
· MARISA RECUERO Madrid 11-11-2018
«El
Poder Judicial está sufriendo una crisis que está demostrando la fragilidad del
sistema». Claro, conciso y directo. He aquí las palabras de Raimundo
Prado Bernabéu, magistrado y portavoz de la Asociación
de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda
más numerosa entre las cuatro asociaciones que existen en el colectivo
jurisdiccional, con 865 afiliados.
En pleno debate sobre quiénes serán
los 12 magistrados y ocho juristas que se sienten en el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) durante los próximos cinco años, y quién será el
presidente de este órgano de los jueces, los profesionales de la Justicia
española manifiestan su preocupación por el «descrédito» que «la torpeza» del
presidente de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo,
cometió con la reciente sentencia
relativa a los impuestos de las hipotecas.
«Me entristece que la sociedad nos
quiera cortar el cuello a todos porque la Sala Tercera del Supremo haya montado
este circo. Es injusto». Celso Rodríguez Padrón,
magistrado de la Audiencia
Provincial de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la
Magistratura (APM) -la más numerosa, con más de 1.300
afiliados-, no se muerde la lengua al asegurar que los jueces españoles se
sienten «injustamente considerados por la sociedad».
«No puede extrapolarse el resultado
de un asunto concreto a la credibilidad que merece la carrera judicial en su
conjunto», prosigue, sin pasar por alto que los tribunales españoles resolvieron
más de seis millones de casos en 2017. «No se puede caer en una descalificación
global de la Justicia», advierte este magistrado, que es de los que defiende
que «no hay ninguna injerencia espúrea» en el Poder Judicial y que «en España,
la Justicia no tiene ningún problema de independencia». «Es una realidad y
pongo la mano en el fuego», sentencia, pese a que reconoce, no obstante, que
existe «desconfianza por parte de la sociedad por el menoscabo que causa la
independencia judicial» debido a la manera en que se designa a los vocales del
CGPJ y al presidente.
Para
el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces y magistrados, «la
credibilidad del sistema judicial se resiente», pero no por casos como la
sentencia de las hipotecas o la independencia, sino por «la lentitud de la
respuesta al ciudadano». «La Justicia española es tardía» y «hay descontento
por parte de la sociedad hacia nosotros».
Sin embargo, hay magistrados que sí
consideran que «existe un descaro político» en la elección de los vocales del
órgano de los jueces y que éstos no acceden por pertener a una asociación, sino
por amistad. «Ahí entra el que es amigo del político. Y eso es vergonzoso»,
reconoce Raimundo Prado, a menos de un día de que concluya el plazo para
presentar a los candidatos.
Este magistrado, que desempeña su
trabajo en el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura, tiene claro que en España
hay dos grupos de jueces. «Los que cumplimos con nuestro trabajo, tenemos
nuestra vida, somos gente normal en todos los sentidos, pero nos dedicamos a un
trabajo difícil» y «un sector que está compuesto por muy pocos jueces y que la
gente confunde con lo que es la Justicia». Es este grupo el que «hace que la
sociedad crea que somos de un partido o de otro», señala el portavoz de la
AJFV.
En esta misma línea se pronuncia Ignacio
González, magistrado del Juzgado de lo Penal número 20 de
Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia
(JJpD), la tercera asociación más numerosa, con entorno a 500 afiliados. «Hay
una Justicia para ricos y otra para el resto de los ciudadanos», manifiesta con
rotundidad.
Este magistrado también es de los que
piensa que la Justicia está desacreditada, pero por casos como el ocurrido en
el Alto Tribunal con la sentencia de las hipotecas. «La mala gestión que se ha
hecho sobre este asunto hace que planee en la sociedad la sospecha de que los
poderes económicos influyen en las decisiones del Supremo y por tanto en la Justicia».
Para González, la desconfianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial crece
«a pasos agigantados» y «el sistema de elección de los vocales del CGPJ no es
la panacea a los problemas que presenta la Justicia».
«Hay jueces, con cargos importantes y
de diferentes asociaciones y tendencias ideológicas, que opinan lo mismo que
yo. Estamos preocupados», reconoce el portavoz de JJpD, que no pasa por alto
que los profesionales judiciales se enfrentan a un escenario en el que «junto
al descrédito de la clase política está el de los jueces». «Tenemos la función
de controlar los abusos del poder y garantizar los derechos de los ciudadanos»,
defiende.
«Llevo
31 años de carrera y he venido notando un maltrato institucional continuo». He
aquí la opinión de Concepción Rodríguez González del Real,
juez de menores de Madrid y presidenta del Foro Judicial Independiente
(FJI), la asociación más joven, con 16 años de vida. «En España ya no hay separación
de poderes», advierte con resignación, pero reivindicando con urgencia
deslindar el Poder Judicial del Ejecutivo y el Legislativo.
«El órgano de gobierno de los jueces
es elegido por el Poder Legislativo. Siempre ha sido así, pero no se da una respuesta
adecuada porque todas las respuestas son una vuelta de tuerca a la
independencia judicial», reprocha esta magistrada, que es consciente de que
«hay un reparto entre los dos grandes partidos y ninguno lo quiere soltar».
«Esto es un asalto al Poder Judicial, a controlarlo. Y todo porque en España no
hay una mentalidad democrática en la que los mecanismos de control deben
funcionar y ser independientes», defiende.
La presidenta y portavoz del FJI
califica de «anómala» la gestión que el Supremo hizo del caso de las hipotecas
y es contundente al reconocer que le parece «absolutamente vergonzoso lo que ha
pasado en el Tribunal Supremo». «Esto te demuestra que el sistema no funciona y
hay que modificarlo». Sin embargo, es consciente de que cuando el PP o el PSOE «se ven en
el poder y ven que pueden controlar el Poder Judicial, no quieren modificar la
ley porque les da mucho poder».
«Cuanto peor esté el Poder Judicial,
mejor para ellos; cuanto más intervenido esté, mejor para ellos», denuncia la
magistrada Rodríguez, alertando de que el sistema tiene «un problema
estructural» y «el PP y el PSOE están atrincherados en que no quieren modificar
el sistema de elección» de los vocales del CGPJ
«Se han dado una serie de factores
que están demostrando que el sistema judicial no funciona. Tiene unos fallos
internos que se han querido ocultar», en palabras del portavoz de la AJFV.
Dicho esto, los catedráticos
universitarios también coinciden con los profesionales judiciales. Es el caso
de Julio
Banacloche, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad
Complutense de Madrid. «Tendemos a magnificar las cosas», advierte
en relación a las consecuencias negativas que ha supuesto la sentencia de las
hipotecas para el Poder Judicial. «La Justicia es mucho más que un problema
concreto», precisa, dejando claro que «a quien hay que pedir responsabilidad no
es a los jueces, sino al legislador», ya que «los tribunales se limitan a
resolver un conflicto interpretando la norma». «Hay intereses ocultos para
desprestigiar al Poder Judicial y, en particular, al Supremo», concluye este
profesor.
La guinda la pone
Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en la
Complutense. «No se puede cuestionar la credibilidad del Poder Judicial por una
falta de habilidad por parte del presidente de la Sala Tercera. El Poder
Judicial son millones de sentencias todos los años, bien hechas y bien
motivadas». «El nivel de la magistratura española es muy bueno», reivindica,
para aplaudir que «son muchos jueces y muy competentes».